El Gobierno interino de Bolivia de la autoproclamada presidente Jeanine Áñez emitió un decreto para eximir a las Fuerzas Armadas de responsabilidades penales en la represión.
«El personal de las Fuerzas Armadas, que participe en los operativos para el restablecimiento del orden y estabilidad pública, estará exento de responsabilidad penal cuando en cumplimiento de sus funciones constitucionales, actúen en legítima defensa o estado de necesidad», estableció el decreto conocido este sábado pero que cuenta con fecha del viernes 15 de noviembre.
Asimismo, añadió que «Las Fuerzas Armadas deberán enmarcar sus actuaciones conforme lo establece el Manual del Uso de la Fuerza aprobado, pudiendo hacer uso de todos los medios disponibles que sean proporcionales al riesgo de los operativos», lo que habilita a las fuerzas del orden a contrarrestar las manifestaciones con armas de fuego.
En otro tramo, el decreto exige a «todas las organizaciones e instituciones públicas y privadas del Estado, de acuerdo a las necesidades, deben prestar el apoyo requerido a las Fuerzas Militares y Policiales».
El decreto llega un día después de la feroz represión en la ciudad de Cochabamba contra los ciudadanos que respaldan al renunciado ex presidente Evo Morales.
El viernes por la noche, miles de productores cocaleros que apoyan a Morales, primer presidente indígena de Bolivia, intentaron ingresar a la ciudad central de Cochabamba desde el vecino municipio de Sacaba, pero soldados y policías se lo impidieron a los tiros, dijeron autoridades y manifestantes.
El decreto presidencial contrasta con las declaraciones de este mediodía a medios locales del ministro de Gobierno, Arturo Murillo, quien aseguró que «he ordenado la mayor de las transparencias en esto: No quiero que se tape nada».
Repudio de Alberto Fernández
En otro orden, el presidente electo Alberto Fernández repudió a través de su cuenta de twitter el decreto firmado por la autoproclamada presidenta de Bolivia, Jéanine Añez, en la que hace referencia a la exención de responsabilidad penal de las fuerzas armadas en su accionar represivo.
«El gobierno de facto que usurpó el poder en Bolivia, ha liberado a las Fuerzas Armadas para que actúen sin tener que responder por sus crímenes. Crece el número de muertos. El Gobierno argentino calla. La OEA avala, Michella Bachelet, y la ONU deben intervenir», sostuvo Fernández en su cuenta.
Si bien el decreto de Añez aclara que esta condición se debe dar en el marco de los límites que impone la Constitución de su país, las voces de repudio se alzaron desde distintos ángulos, teniendo en cuenta que la represión en los últimos días ha alcanzado niveles de violencia superlativa, con un saldo en Cochabamba de hasta el momento 9 muertos.
«El personal de las Fuerzas Armadas que participe en los operativos para el restablecimiento del orden interno y estabilidad pública estará exento de responsabilidad penal cuando en cumplimiento de sus funciones constitucionales, actúen en legítima defensa o estado de necesidad, en observancia de los principios de legalidad, absoluta necesidad y proporcionalidad, de conformidad con el Artículo 11 y 12 del Código Penal Ley 1760 y el Código de Procedimiento Penal», dice el decreto.
