Para explicar las protestas en Cuba empecemos por lo que es conocido: la economía y la pandemia del Covid-19. Los cubanos que salen a las calles no son distintos a los ciudadanos de otros países latinoamericanos. Están asustados y hambrientos por la subida de los precios y la carencia de alimentos, se sienten ansiosos y angustiados por la incertidumbre sobre cuándo terminará la crisis sanitaria.

En el caso de la economía, la isla ya venía rengueando por décadas con una crisis estructural del modelo estatista, remendado de vez en cuando con algunas aperturas al mercado que, en ausencia de una reforma abarcadora, solo producían reanimaciones parciales. Esos cambios segmentados demandaban más reformas que el Gobierno cubano trataba con una lentitud del que tiene todo el tiempo del mundo. La reunificación monetaria y cambiaria, proclamada como necesaria desde finales de los 90, no ocurrió hasta 2020, en el peor momento, en medio de la pandemia. El país importa más del 70% de los alimentos que consume la población; tal dinámica importadora no es nueva, pero se agudizó en las últimas dos décadas. Al desmantelamiento de gran parte de la industria azucarera se agregó el abandono de la mayoría de las tierras arables. Desde 2011, el partido-Estado proclamó en sus lineamientos la centralidad de reanimar la agricultura con el fin de sustituir con producción nacional la importación masiva de alimentos, pero la reforma del sector agropecuario nunca arrancó.

Para alimentar a su población, el Gobierno entonces echó mano de las principales fuentes de divisas que habían ido creciendo desde los 90: turismo, remesas y servicios ofrecidos en el exterior por cubanos, fundamentalmente en salud. De los dos últimos renglones, las misiones médicas en el exterior y las remesas caerían con la Administración Trump y el giro a la derecha de algunos países en América Latina, como Brasil. Del turismo se encargaría la pandemia. Para hacerse una idea del descenso brutal: en 2019 Cuba recibió a 4,2 millones de turistas; en 2020, 1,2 millones; ya en medio de la crisis sanitaria global, para caer en 2021 a 122.000 turistas en total.

Ese descenso de ingresos se reflejó en incapacidad para importar los alimentos necesarios para niveles que bordean la subsistencia. En esa escasez extrema están las raíces del comportamiento desesperado de la población, abocada a aglomeraciones y colas para encontrar la comida para sobrevivir. En ese contexto, llegó a Cuba la variante delta del virus, más contagiosa y letal.

La pandemia no solo ha sembrado muertes y destrucción económica, sino también el miedo y la incertidumbre en una población desesperada que no ve cuándo la angustia de vivir en el límite va a terminar. A pesar del conocimiento sobre su deterioro, la población cubana actuó confiada en la capacidad de su sistema de salud, en tanto éste contuvo el avance del virus y se iba progresando en la experimentación para vacunas propias. Sin embargo, el hechizo se deshizo cuando en el último mes se dispararon los casos. A pesar de un sistema de salud de cobertura universal y su desempeño positivo, así como una información a la población y liderazgo apegado a criterios científicos, la pandemia terminó por exponer con crudeza el mayor problema para el sector del bienestar social cubano: sin una economía que lo respalde, ese sistema de salud estará siempre a merced de una crisis que agote sus recursos. Cuba es el único país latinoamericano capaz de producir dos vacunas propias, y su campaña de vacunación ha tenido notables retrasos para implementarse por falta de fondos para comprar sus componentes. Paradójico.

La pandemia y su impacto económico son los factores que determinan la coyuntura. Son la última gota. Pero en la raíz de las causas que originan la protesta hay factores estructurales, que llenaron la copa para que se derramase. Entre esos factores, dos son fundamentales. Primero, el desajuste de una economía de comando nunca transformada a un nuevo paradigma de economía mixta de mercado; y segundo, un sistema de sanciones por parte de EEUU que representa un asedio de guerra económica, imposible de limitar al concepto de un mero embargo comercial.

En 1994, tras la caída del bloque comunista, se produjo el precedente más importante de protesta social: el llamado maleconazo” del 5 de agosto. La revuelta fue sofocada sin el uso de armas de fuego, con el carisma de Fidel Castro presente en el lugar. Esta vez, sin embargo, hay importantes diferencias. Para empezar los conatos de rebelión comenzaron por el municipio de San Antonio de los Baños, pero alcanzaron de modo simultáneo a la parte occidental, central y oriental del país. Una clave a este respecto fue la utilización del Internet y las redes sociales, por las cuales los manifestantes resolvieron el clásico problema de acción colectiva de encontrar un punto de congregación. Las redes sociales también influyeron en la divulgación inmediata de las protestas hasta que el Gobierno cortó su uso. Un elemento poco divulgado al respecto fue el bombardeo desde Miami de narrativas hostiles que el Gobierno cubano ignoró.

Para el Gobierno el desafío más inmediato ha sido sofocar los conatos de rebelión y lo ha hecho con relativa facilidad. Si lo logra, enfrentaría el reto de retornar a la campaña de vacunación e introducir con celeridad reformas económicas y políticas para atender las causas de la revuelta. Esa potencial activación del calendario de reforma pone sobre la mesa un desafío a las políticas de EEUU. Por una parte, lo racional para aquellos interesados en una transición gradual, ordenada y pacífica, sería activar aún más la política de intercambio para acompañar al régimen cubano en sus liberalizaciones. Tal punto de vista ha demostrado ser más efectivo a largo plazo, como lo demuestra el empoderamiento de los cubanos que ha supuesto la apertura a Internet.

La respuesta de Biden ha sido reiterar que EEUU está con el pueblo cubano”; tal frase se traduce en palabras huecas, sin ningún tipo de acción para desmantelar las sanciones, como prometió en la campaña electoral y no ha cumplido. Cada día que pasa dejando intactas las 242 sanciones que adoptó Trump, Biden pierde la posibilidad de estructurar su propia política de intercambio y diálogo con la Isla.