La solicitud expresada por los asistentes al VII Encuentro de Obispos celebrado en Valle de Ángeles, manifiesta claramente: Demandamos la aplicación de políticas migratorias que respeten la dignidad de las personas, el derecho a la protección internacional y la no separación de las familias por parte de los gobiernos de Centroamérica, México y Estados Unidos”.
Acudieron a este encuentro los secretarios ejecutivos de pastoral de movilidad, los laicos que trabajan en las fronteras del sur de México y Centroamérica, un delegado de la Sección Migrantes y Refugiados del Vaticano, y un grupo de obispos estadounidenses. Todos coinciden en su preocupación por que la migración sea un derecho, y no la consecuencia de la presión que ejercen diversos factores como la pobreza, la violencia y que terminan convirtiéndola en una obligación.
No a la devolución exprés”
Tomando como punto de referencia que Centroamérica, México y Estados Unidos son territorios de origen, tránsito, destino y retorno de migrantes; se mostraron contrarios a los mecanismos de devolución exprés que resultan como efecto de la aplicación del Título 42 y la política Quédate en México”, implementada por la administración del presidente Joe Biden. En este sentido urgieron a los gobiernos de Centroamérica y México a dar una respuesta humanitaria, rápida y digna a la emergencia provocada por estas medidas que solo apuntan a la contención y criminalización de la población migrante.
Además, reiteraron su compromiso para promover la incidencia con los gobiernos de la región; particularmente con los de México y Estados Unidos, para que aborden las causas estructurales de la migración. Labor que se extiende hasta las personas que por su condición se constituyen en testigos del trato y respuesta que dan los Estados a quienes se ven obligados a migrar de manera forzada, enfrentando graves riesgos durante la ruta, sin olvidar a las personas que son deportadas durante su proceso de reintegración.
Como iglesia nos comprometemos a fortalecer nuestras articulaciones regionales para acompañar y asistir a las personas migrantes en coherencia con el llamado del papa Francisco para construir un nosotros cada vez más grande”, dicen los obispos del continente americano.
Testigos de dolor
Entre las denuncias que hace la iglesia de Centroamérica y México frente a la situación de la población migrante, está la violencia estructural que obliga a los ciudadanos centroamericanos a huir cada día de sus países, agobiados por las condiciones económicas y de inseguridad. Además de la corrupción generalizada y la impunidad, que debilita las posibilidades de construir proyectos de vida estables en su países de origen.
Una responsabilidad que ha de ser compartida entre los gobiernos de los países de Centroamérica y Estados Unidos, respecto al diseño de políticas económicas implementadas que con el tiempo han contribuido al debilitamiento de los Estados; afectando a las personas obligadas a migrar en busca de mejores condiciones de vida.
La iglesia señala que la migración es una crisis compleja y de tipo regional, que requiere una respuesta inmediata y que demanda un trabajo articulado desde los Estados y la sociedad civil, pues a causa de la pandemia, el cierre de fronteras y el efecto de fenómenos naturales como los huracanes, hizo más aguda la presencia en las rutas migratorias de poblaciones vulnerables como es el caso de los niños no acompañados, las mujeres embarazadas y la conformación de grupos familiares con características monoparentales.
Situaciones que en este momento carecen de una respuesta efectiva y articulada por parte de los gobiernos y que deben atender las causas estructurales que subyacen en las razones que existen para migrar y no existe una preocupación real por atender las deportaciones masivas que olvidan cualquier protocolo que permita un retorno con dignidad.
