Seis personas murieron en medio de la crisis política y social en Bolivia, que se agrava tras cinco semanas de protestas y 28 días de bloqueos de carreteras que mantienen prácticamente aisladas a La Paz y El Alto.
Entre las víctimas se encuentra una joven paciente oncológica de 24 años que falleció en una ambulancia al no poder llegar a tiempo a un centro médico. En paralelo, el Ministerio de Salud confirmó otros fallecimientos vinculados a la imposibilidad de acceso a atención médica, entre ellos un niño de 12 años y tres mujeres, una de ellas ciudadana de Belice.
El conflicto, impulsado por una huelga general indefinida de la Central Obrera Boliviana (COB) y la Federación Campesina “Tupac Katari”, ya registra 103 puntos de interrupción vial en siete departamentos. La Administradora Boliviana de Carreteras informó que Cochabamba es la región más afectada, seguida por La Paz, mientras la expansión de los cortes incluyó la incorporación de Pando.
En el plano económico, la Cámara Nacional de Industrias (CNI) y el Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE) estiman pérdidas superiores a los US$1.600 millones desde el inicio del conflicto, en un escenario que economistas califican como uno de los más costosos desde la crisis de 2019.
El impacto alcanza a la producción, exportaciones, logística, comercio, recaudación y abastecimiento de combustibles, con escasez ya visible en distintas ciudades.
En ese contexto, distintos sectores advirtieron sobre una “situación de catástrofe” y exigieron medidas urgentes al Gobierno. La Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB) pidió decisiones inmediatas, mientras la Confederación Nacional de Choferes otorgó un ultimátum de 48 horas para liberar las rutas. A su vez, la Federación Boliviana de Fútbol suspendió el torneo local debido a los bloqueos, reflejando el impacto del conflicto en múltiples áreas del país.
En el plano político, el fracaso de los intentos de diálogo abrió nuevas tensiones institucionales, con propuestas de referendo revocatorio extraordinario y reclamos de renuncia al presidente Rodrigo Paz.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) alertó sobre “serias afectaciones a los derechos humanos” y un “alto impacto humanitario”, e instó a priorizar el diálogo para evitar una mayor escalada de la crisis.
