«¿Dónde están?» es una pregunta formulada miles de veces en Chile, que el Gobierno quiere zanjar con un plan oficial para ampliar la búsqueda de información sobre las personas que la dictadura de Augusto Pinochet hizo desaparecer, que se lanza a solo días de que se conmemoren 50 años del golpe de Estado.
El presidente izquierdista Gabriel Boric lo había anunciado el año pasado y el Gobierno lo ha estado preparando durante meses con la participación de agrupaciones de víctimas y de familiares de ellas. El llamado Plan Nacional de Búsqueda, que busca sintetizar información que aún pueda estar disponible o sin clasificar en archivos, causas judiciales y otras instancias, fue presentado ayer por el presidente, dos semanas antes de que el 11 de septiembre se conmemore el aniversario del golpe contra el socialista Salvador Allende.
«Será a partir de hoy una nueva herramienta institucional contra el olvido», dijo Boric en una ceremonia, agregando que la información que pueda recabarse podría servir también para los procesos judiciales en marcha. «Esta política es permanente y nos hacemos cargo como Estado, no sólo como Gobierno, de hacer todo lo que esté al alcance y correr las barreras para esclarecer las desapariciones y muertes», añadió.
Juana Andreani, víctima de atropellos y detenida durante la dictadura, fue amiga de una persona que desapareció. «Teníamos la ilusión de que estuvieran vivos, pero ya con los años pensamos en que no», dijo a Reuters. «Pero, al menos, que nos dijeran qué pasó, qué fue de ellos, qué hicieron con ellos. Eso creo que es lo más ingrato de estos 50 años», añadió.
El objetivo del plan es «esclarecer las circunstancias de desaparición y/o muerte de las personas víctimas de desaparición forzada, de manera sistemática y permanente, de conformidad con las obligaciones del Estado de Chile y los estándares internacionales», dice la página web del programa.
Víctimas de atropellos a los derechos humanos durante la dictadura y familiares de víctimas consideran que también las Fuerzas Armadas podrían tener más información que aún no han entregado para esclarecer el destino de sus familiares desaparecidos o muertos.
En Chile ha habido decenas de juicios y condenados por violaciones a los derechos humanos durante el régimen de Pinochet (1973-90). El dictador, sin embargo, que murió en diciembre de 2006 a los 91 años de edad, nunca fue condenado en tribunales por su responsabilidad en los crímenes.
Tras la dictadura, el Estado chileno promovió la elaboración de informes sobre los crímenes del periodo. Las distintas comisiones oficiales para esclarecer los hechos cifraron el total de víctimas calificadas en 40.175 personas, lo que incluye ejecutados políticos, detenidos desaparecidos y víctimas de prisión política y tortura, de acuerdo al sitio web del ministerio de Justicia. La dictadura envió además miles de personas al exilio.
Por su parte el plan de búsqueda señala que hay 1.469 personas que fueron víctimas de desaparición forzada, de las cuales la mayoría son detenidos desaparecidos y 377 ejecutados cuyos restos nunca fueron entregados.
«Obviamente hay una responsabilidad del alto mando de las Fuerzas Armadas y de ´los viejos´; qué hicieron con los cadáveres. No puede ser que no sepamos, que hay alrededor de mil chilenos que no sabemos qué pasó con ellos. No puede ser», dijo Carlos González, detenido y torturado por militares.
