Tanto los legisladores como las autoridades estatales norteamericanas ya comenzaron a librar una batalla tensa y duradera, a nivel de cada Estado como en la Justicia y en el Congreso, por el derecho al aborto, en un país profundamente dividido por el tema.
Ayer, los fiscales generales de 21 estados y del Distrito de Columbia anunciaron su decisión de formar una “coalición” en defensa de ese derecho, en abierto desafío a la decisión de la Corte Suprema de Justicia que el viernes pasado anuló el carácter federal del aborto y dejó su práctica en manos de las legislaturas estaduales.
Los fiscales generales -un cargo electivo- publicaron una declaración en la que reclaman un acceso “seguro y legal” al aborto, a la vez que se declararon “unidos para decir orgullosos que no vamos a dar marcha atrás en nuestra lucha para proteger los derechos de las embarazadas en nuestros estados y en todo el país”.
Los funcionarios judiciales advirtieron que el fallo de la Corte “da marcha atrás a casi medio siglo de jurisprudencia y socava el derecho de personas de todo Estados Unidos”. Al menos nueve estados de tendencia derechista ya impusieron prohibiciones al aborto tras el fallo de la Corte y se estima que otro número similar hará lo propio en las próximas semanas.
