La tensión entre Colombia y Ecuador escaló de forma significativa tras las declaraciones del presidente Gustavo Petro, quien denunció que bombardeos en la zona limítrofe dejaron al menos 27 cuerpos calcinados y advirtió que “no hay explicación creíble” sobre los responsables.
En primer lugar, el mandatario colombiano fue contundente al descartar la autoría interna: “Los bombardeos en la frontera de Colombia y Ecuador no parecen ser ni de los grupos armados, no tienen aviones, ni de la fuerza pública de Colombia. Yo no he dado esa orden”, declaró.
De este modo, dejó abierta la posibilidad de una acción externa, lo que elevó la gravedad del conflicto.
Asimismo, Petro remarcó el impacto humanitario al afirmar que “las bombas están en el piso cerca a familias”, y subrayó que muchas de ellas “han decidido pacíficamente reemplazar sus cultivos de hoja de coca por cultivos legales”. En este contexto, recordó que miles de familias participan en programas de sustitución, produciendo café y cacao destinados a la exportación.
En continuidad con sus denuncias, el presidente colombiano mencionó el hallazgo de un artefacto explosivo en la zona fronteriza.
“Han aparecido bombas, una bomba tirada desde un avión. Se va a investigar bien los modos. Muy en la frontera con Ecuador”, señaló.
A partir de ello, insistió en su hipótesis: “Están bombardeándonos desde Ecuador, y no son los grupos armados”.
En un intento por evitar una escalada del conflicto, Petro apeló a la mediación internacional y aseguró haber solicitado la intervención del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para que dialogue con su par ecuatoriano, Daniel Noboa.
Sin embargo, desde Quito la respuesta fue inmediata. Noboa rechazó categóricamente las acusaciones y afirmó: “Presidente Petro, sus declaraciones son falsas; estamos actuando en nuestro territorio, no en el suyo”. En la misma línea, el Ministerio de Defensa ecuatoriano aseguró que todas las operaciones militares se realizan “única y exclusivamente dentro del territorio ecuatoriano, de manera responsable y soberana”.
En la misma línea, Noboa explicó que las operaciones forman parte de la lucha contra el crimen organizado y señaló que los ataques se dirigen contra escondites de estos grupos. Asimismo, sostuvo que muchas de estas estructuras serían de origen colombiano y atribuyó su presencia a un descuido en el control fronterizo por parte del Gobierno de Colombia, introduciendo así un fuerte componente político en la disputa.
Por su parte, el Ministerio de Defensa ecuatoriano reforzó esta postura mediante un comunicado oficial en el que aseguró que las operaciones militares se desarrollan “única y exclusivamente dentro del territorio ecuatoriano, de manera responsable y soberana”. Además, precisó: “Nuestro combate está dirigido exclusivamente contra los grupos armados organizados, las economías ilícitas y el narcotráfico”, insistiendo en que la prioridad es la seguridad interna.
Asimismo, Noboa afirmó que mientras Ecuador intensifica las operaciones contra el narcotráfico, en territorio colombiano se habría permitido el ingreso de familiares de Adolfo Macías Villamar alias Fito, líder de la organización criminal Los Choneros, que permanece preso en Estados Unidos.
Según el mandatario colombiano, el cruce de la familia de alias Fito habría ocurrido durante el mismo período en que la ex candidata presidencial del correísmo, Luisa González, también habría ingresado a Colombia en medio del toque de queda decretado en Ecuador por motivos de seguridad.
“Mientras en Colombia les dan espacio a la familia de Fito, que cruzaron al país en pleno toque de queda nacional, coincidentemente al mismo tiempo que la ex candidata Luisa González”, escribió el mandatario.
Por otro lado, este cruce de acusaciones se produce en un contexto más amplio de deterioro bilateral. En efecto, ambos países mantienen una disputa comercial con aranceles recíprocos de hasta el 50%, lo que ha agravado las tensiones. Ecuador justificó estas medidas alegando una “falta de reciprocidad y acciones firmes” de Colombia en la lucha contra el narcotráfico, mientras que Bogotá respondió con sanciones, incluyendo la suspensión del suministro eléctrico.
Además, la confrontación tiene como telón de fondo la seguridad en una frontera de más de 500 kilómetros, donde —según Quito— operan grupos armados ilegales y redes de narcotráfico. Desde la perspectiva ecuatoriana, la presencia de estas organizaciones, muchas de origen colombiano, constituye una amenaza directa a su estabilidad interna.
En contraste, la posición de Colombia se centra en la denuncia de posibles violaciones a su soberanía y en la necesidad de esclarecer los hechos. Sin embargo, hasta el momento no se han presentado pruebas concluyentes que confirmen un bombardeo transfronterizo, lo que mantiene la situación en un terreno de acusaciones cruzadas.
