El ex presidente de Bolivia, Luis Arce, fue detenido este miércoles por la tarde por fuerzas de seguridad, en el marco de una causa judicial que investiga supuestos hechos de corrupción ocurridos durante su desempeño como ministro de Economía en los gobiernos de Evo Morales (2006-2019).
La medida fue ordenada por la Fiscalía General del Estado boliviano y se vincula con el caso conocido como “Fondo Indígena”, un esquema de financiamiento de proyectos rurales que habría presentado irregularidades en el manejo de fondos públicos.
Según fuentes judiciales, el Fondo de Desarrollo Indígena Originario Campesino (Fondioc), creado para canalizar parte del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH) hacia comunidades indígenas y campesinas, recibió más de US$460 millones entre 2006 y 2014. Durante ese período, Arce integró su directorio como titular de la cartera económica.
Las auditorías oficiales iniciadas en 2015 detectaron inicialmente 153 proyectos inconclusos o inexistentes, con un perjuicio estimado en US$10 millones. Investigaciones posteriores ampliaron ese universo a más de 1.000 iniciativas y elevaron el monto del presunto daño económico a US$182 millones.
De acuerdo con los informes de la Contraloría y del Ministerio Público, se identificaron transferencias sin sustento técnico, pagos a cuentas personales, sobrecostos y aprobaciones sin documentación básica. En algunos casos, los fondos habrían sido utilizados para actividades políticas, especialmente durante el año electoral 2014.
La causa tomó impulso tras las denuncias presentadas por Marco Antonio Aramayo, ex director del Fondo, quien murió bajo custodia estatal en 2022. Su testimonio fue clave para detallar el funcionamiento interno del esquema y señalar a funcionarios de alto rango involucrados en las decisiones administrativas.
La detención de Arce ocurre en un contexto de tensión política dentro del Movimiento al Socialismo (MAS), dividido desde 2023 entre sectores afines a Evo Morales y al propio Arce. Desde su salida del poder, el ex mandatario había mantenido un bajo perfil público y no se había presentado a declarar en etapas anteriores del proceso.
Para los analistas locales, el episodio podría tener consecuencias inmediatas tanto en la interna del MAS como en el escenario electoral y en el futuro liderazgo del espacio.
Por el momento, la Fiscalía no ha difundido cifras específicas sobre el presunto daño atribuible directamente a Arce. La investigación se centra en determinar si el ex presidente incurrió en omisiones, autorizaciones o avales que facilitaron el desvío de fondos mientras integraba el directorio del Fondo Indígena.
El caso continúa abierto y no se descartan nuevas imputaciones a otros ex funcionarios. Según datos oficiales, el Estado boliviano solo ha logrado recuperar hasta el momento US$1,4 millones del total comprometido.
