El Congreso de Brasil aprobó hoy la intervención federal de las fuerzas de seguridad de Brasilia decretada por el presidente Luiz Inácio Lula da Silva tras el asalto a la sede de los tres poderes el domingo, mientras la justicia ordenó la detención del entonces responsable de la policía militar del Distrito Federal (DF) y del secretario de Seguridad, Anderson Torres, y la Fiscalía pidió el bloqueo de bienes del exmandatario Jair Bolsonaro y otros exfuncionarios.
El Senado dio luz verde hoy al decreto de intervención de Lula, que estará vigente hasta fines de enero, con el voto en contra de ocho legisladores que responden a Bolsonaro, un día después del aval dado por la Cámara de Diputados.
«Esa minoría antidemocrática no representa al pueblo brasileño. Esa minoría golpista no impondrá su voluntad por medio de la barbarie, de la fuerza y de los actos criminales», declaró el presidente del Senado, Rodrigo Pacheco, reportó Europa Press.
Las únicas dos bancadas de Diputados que se abstuvieron de votar fueron las del Partido Liberal (PL), la formación de Bolsonaro, y los liberales de Partido Novo.
Si bien el decreto de intervención federal tiene valor de ley desde que se estampa la rúbrica del presidente, necesita la aprobación de las dos cámaras del Congreso.
A su vez, el Ministerio Público de Brasil pidió hoy al Tribunal de Cuentas (TCU) que bloquee los activos de Bolsonaro, así como del suspendido gobernador de Brasilia, Ibaneis Rocha, y del exsecretario de Seguridad del DF Anderson Torres, recogió el portal de noticias G1.
El objetivo de la solicitud es garantizar los recursos para el caso de que los funcionarios sean condenados a pagar una indemnización.
Por la tarde, la policía de Brasil liberó «por cuestiones humanitarias» a casi 600 personas detenidas el domingo. Las autoridades detuvieron el domingo a más de 1.500 personas, en su mayoría militantes bolsonaristas, que asaltaron el domingo las sedes de los tres poderes en Brasilia, después de dos meses de acampe frente a la sede del Ejército reclamando un golpe de Estado contra el Gobierno de Lula.
Tras el ataque de «golpistas» y «terroristas», como fueron definidos por las autoridades, el juez del Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes ordenó el cese momentáneo del gobernador Rocha y de Torres, por «omisión» de sus funciones y «connivencia» con los asaltantes.
El juez de Moraes prometió hoy castigar a todos los implicados en esos actos, «a los que realizaron los actos, a quienes los financiaron y a los que los alentaron (…) porque la democracia prevalecerá», dijo durante la toma de posesión del nuevo director general de la Policía Federal, Andrei Rodrigues. Rodrigues asume el cargo dejado por Márcio Nunes de Oliveira, nombrado por Bolsonaro en febrero de 2022.
A su vez, de Moraes ordenó hoy la detención del excomandante de la Policía Militar de Brasilia Fabio Augusto Vieira, quien se encontraba en funciones el domingo, y de Anderson Torres, quien de todos modos no podrá ser privado de su libertad porque se encuentra en Estados Unidos.
Ayer, los encargados de la intervención federal en la capital apartaron a Vieira para designar en su lugar al coronel Klepter Rosa Gonçalves.
Hoy, el interventor federal de Brasilia, Ricardo Cappelli, denunció que el ataque golpista en la capital fue resultado de «un acto de sabotaje» de Torres.
En una entrevista con CNN Brasil, Cappelli afirmó que Torres, quien era el ministro de Justicia de Bolsonaro, asumió la secretaría el pasado 2 de enero y cambió todo el mando para luego irse de vacaciones a Estados Unidos, donde se encuentra el exmandatario.
“El 2 (de enero) Anderson Torres asumió la Secretaría de Seguridad, destituyó a todo el comando y viajó. Si esto no es sabotaje, no sé qué es», sentenció.
El funcionario, designado por el presidente para asumir la seguridad pública en el DF, argumentó que «lo que faltó el domingo fue la dirección de la Secretaría de Seguridad”.
En ese contexto, las bancadas parlamentarias del Partido de los Trabajadores (PT) y del Partido Socialismo y Libertad (PSOL) en la Cámara de Diputados solicitaron al STF que investigue a congresistas por los actos antidemocráticos del domingo pasado.
En paralelo, se alcanzaron otras denuncias a los tribunales regionales electorales y en los consejos de ética del Congreso.
Previamente, el líder del Gobierno en el Congreso, el senador Randolfe Rodrigues, había adelantado que todos los congresistas que participaron en los actos antidemocráticos serían investigados.
En tanto, el ministro de Justicia de Brasil, Flávio Dino, informó hoy que ya fueron identificados los responsables de trasladar hasta Brasilia a participantes del intento de golpe de Estado perpetrado el domingo por bolsonaristas.
Indicó que aunque todavía no están plenamente reconocidos quienes financiaron la movilización, «se puede afirmar plenamente que sí hubo financiamiento».
El ministro, que nombró al episodio como «el Capitolio brasileño», aseguró que el Gobierno maneja una lista de contratistas de colectivos que facilitaron el traslado y que todas esas personas serán llamadas a declarar en breve, citó la Agencia Brasil.
Dino responsabilizó al gobierno del DF, indicando que la planificación de las fuerzas de seguridad pública de Brasilia fue «determinante» para posibilitar el asalto.
No obstante, aclaró que habrá una «revisión» en el cuerpo policial por su responsabilidad. Lula dijo ayer que encontrarían a «quien financió y costeó» su accionar.
El presidente habló anoche en una reunión con 23 de los 27 gobernadores en Brasilia, tras la cual bajó por la rampa del Palacio de Planalto con los jefes estatales hacia la Corte Suprema.
Mientras la capital permanecía tranquila, la Agencia Nacional de Energía Eléctrica (Aneel), responsable de coordinar la Oficina de Monitoreo de la Situación del Sistema Eléctrico Brasileño, informó que tres torres de transmisión fueron derribadas desde este domingo, aparentemente en una acción vandálica de sabotaje.
Según la Aneel, se registraron dos incidentes en Rondônia y una en Paraná, pero ninguno provocó la interrupción del suministro eléctrico, y anunciaron medidas de seguridad.
En uno de los primeros balances del estado de los edificios públicos en Brasilia, el Instituto del Patrimonio Histórico Artístico Nacional (Iphan) «lamentó profundamente los daños causados» y aseguró que realizará una pericia para «evaluar las necesidades de restauración», citó la agencia AFP.
Entre los hechos de violencia del domingo, al menos 14 trabajadores de prensa fueron agredidos, informó hoy el Sindicato de Periodistas Profesionales del Distrito Federal (Sjpdf), citó Sputnik.
En paralelo, Bolsonaro alcanzó en Internet su nivel más bajo de popularidad de los últimos cuatro años, según el prestigioso Índice de Popularidad Digital (IPD), y expertos lo atribuyen a una posible fractura en su base.
En el plano internacional, el Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos (OEA) convocó para mañana a una reunión extraordinaria en la que estudiará «los actos antidemocráticos» ocurridos el domingo.
