El Gobierno de Colombia y la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) acordaron iniciar la negociación de un cese al fuego, según anunciaron al clausurar hoy en México la segunda ronda de un diálogo de paz.
«Anunciamos el tratamiento del inicio del cese del fuego», señala el acuerdo difundido durante un acto al que asistieron los negociadores de ambas partes, aunque se aclara que se mantienen las acciones defensivas, reportó la agencia AFP.
Esa negociación será abordada en la próxima instalación de la mesa de paz, que ya se anunció que será en Cuba, pero que aún no tiene fecha.
El marco del eventual pacto será el Derecho Internacional Humanitario, agrega el texto leído por la dirigente indígena Dayana Domicó, integrante de la delegación del gobierno del presidente Gustavo Petro.
«Esto implica acciones y dinámicas humanitarias para bajar la intensidad del conflicto, facilitar la participación de la población en este proceso de paz y generar garantías para que esto sea posible en las zonas de mayor crisis humanitaria», consigna el documento.
Este principio de acuerdo se trata de una hoja de ruta para continuar las negociaciones de paz en las que la sociedad tendrá una participación “vinculante” y que buscará un cese del fuego paulatino, nacional y sujeto a evaluación, explicaron.
El cese del fuego será bilateral, nacional, temporal pero con vocación de continuidad y sujeto a evaluación conjunta. Prevé también acciones humanitarias para bajar la intensidad del conflicto y generar garantías en zonas de mayor crisis y un mecanismo de monitoreo.
Este principio de acuerdo fue firmado por la vicepresidenta de Colombia, Francia Márquez; el jefe negociador del gobierno colombiano, José Otty Patiño; el comandante Pablo Beltrán, jefe negociador del Ejército de Liberación Nacional (ELN), en una ceremonia de la que también participó en representación del país anfitrión el canciller de México, Marcelo Ebrard.
El diálogo con el ELN, la guerrilla activa más antigua de Colombia, se reanudó en noviembre del año pasado con el renovado impulso que dio la llegada al poder de Gustavo Petro, el primer presidente colombiano de izquierda y quien en su juventud fue guerrillero del extinto M-19.
Desde entonces las partes retomaron la mesa de negociación que inició en 2017 con el gobierno de Juan Manuel Santos, pero fue suspendida por más de tres años, ya durante el gobierno del conservador Iván Duque, luego de que el ELN atacó con explosivos una escuela de policía en 2019 matando a 22 personas.
Como gesto de voluntad de diálogo, el gobierno de Petro levantó las órdenes de captura que pesaban sobre los negociadores de la guerrilla, mientras que el ELN ha liberado a más de 20 secuestrados, el último este mismo miércoles dos días antes de cerrar el ciclo de conversaciones en México.
Desde la reactivación del diálogo -primero en Venezuela y luego en México- las partes coincidieron en la importancia de que la sociedad civil participe en el proceso, aunque no han definido cómo lo harán. También en dar “alivios humanitarios” en las zonas donde la población padece la violencia.
Aureliano Carbonell, miembro de la delegación del grupo insurgente, dijo esta semana a The Associated Press que podrían crearse corredores humanitarios que garanticen el abastecimiento de la población, la atención en salud y su movilidad en condiciones seguras, en un proceso que tenga el acompañamiento de la comunidad internacional.
A diferencia del proceso de paz que se firmó en noviembre de 2016 entre el Estado colombiano y la guerrilla Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), el ELN plantea que lo que vaya acordando la mesa se ponga en práctica de inmediato, en vez de esperar a un documento que ponga fin al conflicto.
El ELN, fundado en 1964, casi en simultaneo con las FARC, bajo la inspiración de la revolución cubana, también afirmó que está dispuesto a someterse al escrutinio de una comisión internacional que determine si está o no involucrado con el narcotráfico, según Carbonell.
Las seis décadas de conflicto interno en Colombia han dejado casi medio millón de asesinatos, más de 120.000 desaparecidos y 7,7 millones de desplazados, según el informe de la Comisión de la Verdad publicado el año pasado.
Petro -quien asumió en 7 de agosto de 2022- se ha propuesto con su política de “paz total” disminuir la violencia que persiste en el país mediante diálogos con múltiples grupos armados, incluido el ELN, y narcotraficantes, a los que sometería a la justicia.
Los delegados del gobierno colombiano y el ELN mantenían diálogos en México desde el pasado 13 de febrero.
