El presidente del Parlamento venezolano, Jorge Rodríguez, confirmó este sábado que se están ejecutando «cientos de liberaciones» de personas privadas de libertad en el marco de la nueva Ley de Amnistía promulgada el pasado jueves.
Durante una sesión de consulta pública sobre otros proyectos legislativos, el funcionario aseguró que los procedimientos de excarcelación ya se encuentran en marcha y se están concentrando inicialmente en centros de detención clave de la capital, específicamente en el calabozo policial conocido como Zona 7 y en la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), el Helicoide.
Las gestiones judiciales para estas medidas han avanzado con rapidez tras la presentación de 379 solicitudes de amnistía por parte de la Fiscalía General ante los tribunales competentes.
Según detalló el diputado Jorge Arreaza, quien preside la comisión especial encargada de garantizar el cumplimiento de la norma, la gran mayoría de estos casos se ubican en Caracas con 371 solicitudes, mientras que el resto se distribuye en los estados Barinas, Portuguesa y Monagas. El parlamentario indicó que se esperaba que estas primeras personas quedaran en libertad entre la noche del viernes y la mañana de este sábado.
El alcance de esta legislación pretende ir más allá de los centros penitenciarios, ya que las autoridades parlamentarias tienen previsto atender las solicitudes de más de 11.000 personas que actualmente gozan de medidas sustitutivas de libertad. Este grupo, que incluye a ciudadanos con regímenes de presentación ante tribunales o prohibición de salida del país, podría obtener la libertad plena una vez que la comisión especial, que se ha declarado en sesión permanente, procese cada expediente.
Para agilizar este proceso, los titulares del Tribunal Supremo de Justicia y la Fiscalía General acordaron un protocolo de aplicación expedita, siguiendo la petición de celeridad realizada por la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, durante la promulgación de la ley.
A pesar de los avances, la normativa enfrenta críticas y limitaciones estructurales debido a su diseño temporal y temático. Aunque la ley cubre teóricamente el periodo comprendido entre 1999 y 2026, el texto especifica 13 coyunturas políticas que inician en 2002, lo que en la práctica excluye arrestos ocurridos en aproximadamente 15 años de dicho periodo y deja fuera cualquier caso relacionado con operaciones militares o acciones armadas.
En este contexto, la ONG Foro Penal ha advertido que unos 400 presos políticos podrían quedar excluidos de los beneficios de la amnistía. Ante esta situación, la organización ha informado que entregará a la comisión parlamentaria una lista de 232 casos específicos para su revisión, buscando ampliar el beneficio para los más de 600 presos políticos que, según sus registros, aún permanecen detenidos en el país.
