La Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA) convocó a un paro nacional docente para el próximo 2 de marzo, medida que coincidirá con el inicio del ciclo lectivo en varias provincias, entre ellas Córdoba. La decisión fue adoptada en el Congreso Ordinario y el Congreso Extraordinario de la organización, con participación de representantes de todo el país, donde además se aprobó la continuidad de un plan de lucha que incluirá caravanas, carpas y movilizaciones durante marzo.
El encuentro sesionó bajo el nombre de Beto Pianelli, en homenaje a su trayectoria sindical. Allí, la secretaria general Sonia Alesso presentó un informe político y gremial en el que analizó el impacto de las políticas de ajuste sobre la educación pública y las condiciones de vida del sector. En ese marco, la conducción ratificó el estado de alerta y movilización.
Entre los reclamos centrales figuran la convocatoria inmediata a la Paritaria Nacional Docente, un aumento salarial por encima de la inflación para recuperar poder adquisitivo, la restitución del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID) y de otras partidas nacionales destinadas a educación. También exigen mayor presupuesto, el debate de una nueva Ley de Financiamiento Educativo, mejores condiciones de infraestructura y conectividad, y el rechazo al proyecto denominado Ley de Libertad Educativa.
En Córdoba, la Unión de Educadores de la Provincia (UEPC) anticipó que adherirá a la medida. Su secretario general, Roberto Cristalli, señaló que la resolución formal se tomará en asamblea, aunque confirmó la voluntad de acompañar la jornada nacional de protesta. El dirigente atribuyó el conflicto al desfinanciamiento nacional y a la eliminación de programas vinculados a ciencia y técnica, escuelas técnicas, becas, comedores e infraestructura.
Cristalli también cuestionó el debate para declarar a la educación como servicio esencial al considerar que apunta a limitar el derecho a huelga. En paralelo, el gremio mantiene abierta la negociación salarial con la Provincia y reclama una propuesta que contemple la recuperación del poder adquisitivo, el blanqueo de sumas y la continuidad de ítems específicos.
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