Los ministros del Gobierno progresista español del presidente Pedro Sánchez aprobaron este martes enviar al Parlamento un proyecto de ley que amplía el derecho al aborto de las adolescentes y podría convertir al país en el primero de Europa en tutelar una licencia menstrual remunerada para las trabajadoras.
«Estamos haciendo una ley para garantizar que las mujeres puedan vivir mejor y que puedan desarrollar sus proyectos de vida con total libertad», dijo a periodistas la ministra de Igualdad, Irene Montero, tras de la reunión del gabinete en Madrid.
La iniciativa, que pretende corregir los retrocesos introducidos por el Gobierno del conservador Mariano Rajoy en 2015, volverá a permitir a las menores de 16 y 17 años interrumpir el embarazo sin el permiso paterno, garantizará que el procedimiento se realice en centros de salud públicos, regulará la objeción de conciencia e introducirá una revolucionaria baja médica sin límite temporal para menstruaciones dolorosas, que será asumida por el sistema público de seguridad social.
«Se acabaron los días de (las mujeres) ir a trabajar con dolor», agregó Montero, quien señaló que si el Congreso aprueba la medida España será el primer país europeo en otorgar licencia por enfermedad pagada por dolores menstruales.
El texto, que fue negociado durante meses entre varios ministerios y contempla un presupuesto oficial de casi 110 millones de dólares, incluirá también la supresión de los tres días de reflexión obligatorios para poder abortar, la distribución gratuita de la píldora del día después y de anticonceptivos masculinos en centros de salud, además de reforzar la educación sexual y menstrual en las escuelas y la administración pública.
Otras propuestas fueron en cambio descartadas, como la reducción del IVA para los productos de higiene femenina, mientras que la licencia de preparto será a partir de la semana 39 de gestación y no de la 36, como se había previsto inicialmente, reportó la cadena RTVE.
No obstante, este proyecto a favor de la ampliación de los derechos reproductivos y sexuales destaca a nivel internacional, en momentos en los que la Corte Suprema de Estados Unidos parece encaminada a revocar el histórico fallo con el que legalizó la interrupción voluntaria del embarazo (IVE) hace casi medio siglo.
La fuerza impulsora detrás de la iniciativa es el socio menor de los socialistas en la actual coalición oficialista, el partido de izquierda Unidas Podemos.
El Gobierno progresista de Sánchez, que llegó al poder hace casi cuatro años y tiene 14 mujeres y ocho hombres en cargos ministeriales, se reivindica feminista e hizo de los derechos de las mujeres una de sus banderas políticas.
«Avanzamos en feminismo», tuiteó el mandatario socialista junto a una imagen del pañuelo verde -símbolo a favor del aborto-, quien subrayó que «las mujeres deben poder decidir libremente sobre sus vidas».
La medida deberá ahora ser validada por el Parlamento, donde se espera sea refrendada pese a la oposición de las fuerzas conservadoras como el Partido Popular o Vox.
Uno de los puntos más polémicos es la licencia menstrual renumerada, que generó un debate tanto dentro del propio Ejecutivo -en el ala socialista de la coalición- como entre los principales sindicatos.
«No podemos poner otra vez el foco de atención sobre las mujeres», alertó el pasado viernes en la cadena Antena 3 Cristina Antoñanzas, vicesecretaria general de la Unión General de Trabajadores, quien manifestó su temor a medidas que «van a discriminar o a dificultar nuestra entrada en el mercado laboral».
Una visión rechazada por Comisiones Obreras, el otro gran gremio español, que consideró a la propuesta como una «mejora notoria» para las «mujeres con menstruaciones especialmente dolorosas e incapacitantes que no siempre pedían u obtenían la baja».
Los funcionarios del Gobierno adelantaron que una leve molestia no calificaría a las mujeres para la licencia menstrual, dado que la iniciativa se enfoca en síntomas más graves, como diarrea, fiebre y fuertes dolores de cabeza.
Algunas empresas privadas europeas adoptaron voluntariamente políticas de este tipo, mientras que algunos países -como Japón, Indonesia o Zambia- tienen legislaciones al respecto, aunque se debate hasta qué punto se utilizan.
A nivel regional, Italia consideró la idea en 2016, al proponer un proyecto legislativo de tres días libres pagados en su totalidad a las trabajadoras con certificados médicos que nunca salió adelante.
España es un país considerado como uno de los pioneros en Europa en materia de feminismo desde la adopción en 2004 de una ley sobre la violencia de género.
Si bien el aborto se despenalizó en 1985 y se legalizó en 2010, continúa siendo un derecho difícil de ejercer en un país de fuerte tradición católica, donde los movimientos antiderechos son muy activos.
Desde la legalización de la IVE, que está autorizada hasta la semana 14 de gestación, un promedio de 100.000 mujeres por año han abortado en el país, aunque en los últimos años la cifra se ha mantenido por debajo de ese umbral, según datos oficiales.
