España aprobó este martes los anteproyectos de reforma de las leyes de asilo y extranjería, con el objetivo de establecer un sistema de protección “más ágil, eficaz, ordenado y garantista”. La iniciativa busca adaptar la normativa tras la entrada masiva de entre 70.000 y 80.000 migrantes en Ceuta, registrada entre el 30 y el 31 de julio, cuando miles de personas ingresaron a la ciudad española desde Marruecos.
En este marco, el ministro del Interior español, Fernando Grande-Marlaska, anunció los cambios en una rueda de prensa. Una de las principales novedades es la introducción del triaje, un proceso destinado a recopilar información de los migrantes que ingresen a España sin haber sido sometidos a los controles fronterizos. Tendrá una duración de 72 horas, aunque podrá ser prorrogado por decisión judicial.
Según explicó Grande-Marlaska, el procedimiento contempla un reconocimiento médico, un examen de vulnerabilidad, la identificación, la toma de datos biométricos, una inspección de seguridad y la derivación al procedimiento correspondiente en cada caso.
En cuanto a las solicitudes de protección internacional, derecho que permite a una persona extranjera pedir protección a un Estado cuando huye de su país, la nueva normativa distinguirá entre el procedimiento ordinario y el procedimiento acelerado.
La modalidad de examen acelerado deberá contar con una resolución definitiva en un plazo máximo de tres meses. De esta manera, se busca reducir los tiempos de respuesta de los procesos administrativos de protección, que actualmente pueden extenderse durante largos períodos.
Además, la reforma establece un derecho de permanencia en el país que no implica la obtención de una autorización de residencia cuando la persona incurra en alguna de las situaciones jurídicas que darían lugar a una denegación de entrada o a una orden de devolución.
En caso de que una solicitud de protección internacional sea rechazada, la persona solicitante recibirá la notificación junto con la denegación de entrada, que implica la obligación de abandonar el país, según establece la iniciativa del Gobierno español.
Por otro lado, el anteproyecto de ley de extranjería incorpora el procedimiento fronterizo de retorno establecido por el Pacto Europeo de Migración y Asilo (PEMA). La medida busca agilizar la devolución de las personas extranjeras que ingresen de manera irregular y no tengan derecho a protección internacional. El procedimiento establece que el retorno deberá concretarse en un plazo de hasta 12 semanas, procurando equilibrar la eficacia del proceso con las garantías de las personas afectadas.
A su vez, se actualizan y precisan las definiciones de protección internacional, estatuto de refugiado y protección subsidiaria, y se incorporan de manera expresa situaciones como la persecución por motivos de género, identidad o expresión de género y discapacidad.
Como principio general, el anteproyecto de la nueva ley de asilo fue elaborado con un enfoque garantista y de respeto a los derechos humanos de las personas migrantes, una perspectiva que, según el Ministerio del Interior español, se conjuga con la necesidad de gestionar las fronteras y garantizar la seguridad del país.
El principal objetivo es articular un sistema más ágil y eficaz para responder al aumento de las solicitudes de protección internacional. Según los datos oficiales, estas pasaron de 3.000 en 2009 a 167.000 en 2024 y 144.000 en 2025, sin reducir las garantías de las personas solicitantes y beneficiarias.
Los anteproyectos fueron aprobados, por el momento, en primera vuelta. Para que las medidas puedan aplicarse, deberán ser sometidos a una segunda votación dentro del Consejo de Ministros.
Finalmente, ambos proyectos de ley serán remitidos formalmente al Congreso de los Diputados, donde deberán ser debatidos y posteriormente sancionados para su aprobación definitiva.
