En medio del clima de tensión que atraviesa Irán, el jefe del Poder Judicial, Gholamhosein Mohseni Ejei, afirmó que los manifestantes detenidos durante la ola de movilizaciones iniciada el 28 de diciembre serán sometidos a juicios rápidos, según informó la televisión estatal.
El anuncio se produce en un contexto de fuerte represión que, de acuerdo con organizaciones de derechos humanos, ha dejado miles de muertos en el país. Además, coincide con la creciente preocupación internacional por la posible ejecución de Erfan Soltani, un manifestante condenado a muerte bajo el cargo de “guerra contra Dios”, tipificación prevista en la legislación iraní. La ejecución del joven de 26 años estaba prevista para ayer.
Durante una visita a una prisión, Mohseni Ejei sostuvo que los procesos deben resolverse con rapidez y justificó esa postura al señalar: “Si alguien ha prendido fuego a una persona, la ha decapitado antes de quemar su cuerpo, debemos hacer nuestro trabajo rápidamente”, según declaraciones difundidas por la televisión estatal iraní. También indicó que los tribunales están acelerando los procedimientos judiciales contra quienes continúan detenidos por su participación en las protestas.
Las cifras de víctimas mortales y personas arrestadas presentan fuertes discrepancias entre las estadísticas oficiales y los relevamientos de organizaciones independientes. El grupo HRANA, con sede en Estados Unidos, asegura haber verificado 2.403 muertes de manifestantes, además de 147 personas vinculadas al gobierno, 12 menores de edad y nueve civiles ajenos a las protestas, lo que eleva el total documentado a 2.571 fallecidos desde el inicio de la represión.
En contraste, la organización Iran Human Rights (IHR), con sede en Noruega, estima al menos 734 muertos, aunque advierte que la cifra real podría ascender a varios miles.
En paralelo, un funcionario iraní reconoció públicamente por primera vez una cifra global de unos dos mil muertos durante los disturbios. Sin embargo, las autoridades insisten en atribuir gran parte de las muertes a supuestos “operativos terroristas” respaldados desde el exterior. Medios internacionales y organizaciones humanitarias han subrayado el carácter inédito de la violencia empleada para sofocar las manifestaciones.
Desde Washington, el presidente Donald Trump advirtió el martes en una entrevista con CBS News que “Estados Unidos actuará de manera muy firme” si Teherán avanza con una campaña de ejecuciones de manifestantes. No obstante, afirmó este miércoles que su administración fue informada de que las matanzas han cesado y que las ejecuciones no se llevarán a cabo, aunque aclaró que Washington “observará atentamente el proceso”.
En respuesta, el ministro de Defensa iraní, Aziz Nafizardeh, afirmó este miércoles que Irán responderá con ataques a bases estadounidenses en la región si Estados Unidos lanza una ofensiva contra el país persa. “Todas las bases de Estados Unidos y las de otros países que colaboren con un ataque serán consideradas objetivos legítimos”, sostuvo, y aseguró que la respuesta iraní sería “dolorosa” para sus adversarios.
La tensión se reflejó también en el plano militar, con reportes diplomáticos sobre la evacuación preventiva de personal estadounidense de la base aérea de Al Udeid, en Qatar, luego de que Trump afirmara que “la ayuda está en camino” para los manifestantes y mantuviera abierta la posibilidad de una acción armada.
En el frente diplomático, el quiebre es casi total. Este miércoles, los países del G7 se declararon “profundamente alarmados” por el elevado número de muertos y heridos reportados durante la represión y advirtieron que podrían imponer nuevas sanciones si la violencia persiste.
“Los miembros del G7 siguen dispuestos a adoptar medidas restrictivas adicionales si Irán continúa reprimiendo las protestas y la disidencia, en violación de sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos”, señalaron en un comunicado conjunto los ministros de Asuntos Exteriores del bloque, junto con el alto representante de la Unión Europea.
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