Francia amaneció hoy con varias carreteras bloqueadas, escuelas cerradas, refinerías paralizadas y toneladas de basura en las calles de París y otras ciudades, un día después de la adopción por decreto de la impopular reforma jubilatoria impulsada por el gobierno de Emmanuel Macron, cuya fragilidad crece.
Ayer, luego de que la primera ministra, Élisabeth Borne, informara la decisión de recurrir al artículo 49.3 de la Constitución para actuar por decreto, miles de manifestantes salieron a las calles de París en forma espontánea para insistir en su rechazo a la reforma, con protestas que dejaron un saldo de 310 personas detenidas.
«Estamos indignados», dijo Soumaya Gentet, sindicalista del supermercado Monoprix y una de las 200 personas que bloquearon durante media hora el Bulevar Periférico de París, la avenida-circunvalación de 34 kilómetros que rodea la capital francesa.
«Aguantaremos hasta la retirada» de la reforma, subrayó, citado por la agencia francesa de noticias AFP.
La decisión de Macron de adoptar la reforma -que retrasa la edad de jubilación de 62 a 64 años- sin someterla al voto de los diputados, fue tomada por temor a una derrota parlamentaria.
El mecanismo adoptado, el artículo 49.3 de la Constitución, es legal pero controvertido y fue formalizado a pesar de que la ley es resistida por dos de cada tres franceses.
Frente a la furia ciudadana desatada en las calles tras anunciarse la decisión, en París la policía debió intervenir anoche y desplegó una represión que incluyó gases lacrimógenos y cañones de agua para dispersar a los manifestantes congregados en la plaza de la Concordia, cerca de la Asamblea.
En las calles parisinas, donde una huelga de recolectores de basura dejó toneladas de escombros, algunos manifestantes aprovecharon para encender fogatas.
Imágenes profusamente publicadas en redes sociales muestran hogueras y barricadas ardiendo, que traen a la memoria las protestas de los chalecos amarillos de 2018, además de contrastar con el espíritu mayoritariamente pacífico de las manifestaciones sindicales realizadas en estos meses.
También se registraron incidentes en Rennes, Nantes y Lyon.
«La oposición es legítima, las manifestaciones son legítimas, el desorden no», aseguró en la radio RTL el ministro del Interior, Gerald Darmanin, advirtiendo que el Gobierno no permitirá la aparición de «manifestaciones espontáneas».
El líder de izquierda radical Jean-Luc Mélenchon «alentó», por su parte, las «movilizaciones espontáneas» en todo al país, a la espera de la nueva jornada de protestas masivas convocadas por los sindicatos para el próximo jueves.
«Los empleados elevarán el tono», dijo Eric Sellini, sindicalista de la Confederación General del Trabajo (CGT) en el grupo TotalEnergies, al anunciar la suspensión de la actividad en la refinería de Normandia el fin de semana.
Este sector es uno de los más movilizados desde hace más de una semana.
El gran desafío inmediato para Macron, la primera ministra Borne y su Gobierno son las mociones de censura que la oposición ya anunció que presentará.
El gobierno está bajo presión. Para los observadores, el uso del artículo 49.3, en lugar de someter su plan a votación, constituye un «fracaso» y simboliza la «debilidad» de Macron, que se juega con esta reforma su capacidad de actuar durante su segundo mandato.
La oposición tiene 24 horas para presentar la moción.
Para poder someterse al voto del hemiciclo, requiere la firma de 58 diputados. Después, debe votarse en un plazo de 48 horas, por lo que el lunes podría ser el día decisivo.
«El presidente podría salvar los muebles anunciando que la ley será derogada tras esta adopción antidemocrática. Pero su característica no es escuchar a los franceses», reza el editorial del diario de izquierda Libération.
«No es un fracaso», dijo el ministro de Trabajo, Olivier Dussopt, a los medios RMC y BFMTV. «Nuestra vocación es continuar gobernando», abundó en la radio France Inter el vocero del gobierno, Olivier Véran.
Sin embargo, la primera ministra aparece muy debilitada, tras defender durante meses el diálogo con la oposición para intentar aprobar esta reforma.
La líder ultraderechista Marine Le Pen, cuyo partido sale reforzado en los sondeos del conflicto social, ya anunció la presentación de una moción de censura contra el Gobierno, la única manera de tumbar también la reforma.
El presidente de su partido Agrupación Nacional (RN), Jordan Bardella, llamó a todos los diputados a apoyarla y aseguró que al mandatario liberal de 45 años «le produce un placer malsano organizar el caos en el país».
Sin embargo, la moción de censura que podría recabar el máximo apoyo es la anunciada por un grupo de diputados independientes, LIOT, que podría atraer a la izquierda y la ultraderecha, así como a los diputados desencantados de Los Republicanos, de derecha.
El presidente de este partido, Éric Ciotti, indicó que no apoyarán la moción de censura contra un gobierno con el que negociaron la reforma. Sin embargo, algunos diputados, como Aurélien Pradié, indicaron que se lo pensarán, volviendo incierto el voto la próxima semana.
