A poco menos un mes de que Luiz Inácio Lula da Silva arranque su tercer mandato como presidente de Brasil, todavía no confirmó ni un solo nombre de quienes lo acompañarán en el Gobierno, ni siquiera el de la persona que llevará las riendas de la economía, su principal desafío.
En ese contexto, la principal misión para Lula da Silva es negociar con el Congreso, para que este le permita sortear el techo de gasto y poder cumplir así su principal promesa electoral: que los 21.000.000 más pobres sigan recibiendo una paga mensual de 600 reales.
Así, el Partido de los Trabajadores (PT) presentó esta semana una propuesta legislativa que pretende dejar fuera del límite que impone el techo de gasto una partida gigantesca durante los próximos cuatro años —lo que dura el mandato presidencial—. La cifra propuesta son 198.000 millones de reales (unos US$ 37.000 millones), que serían destinados a mantener esa paga mensual para los más necesitados.
En el medio, el asesor de seguridad nacional de Estados Unidos, Jake Sullivan, y funcionarios del Consejo de Seguridad Nacional y del Departamento de Estado, viajaron a Brasilia para reunirse con el Secretario de Asuntos Estratégicos de Brasil, el almirante Flávio Rocha, el presidente electo Lula da Silva y el senador Jaques Wagner, en lo que significó el primer encuentro con ambos equipos para reforzar las relaciones entre ambos país en el marco de la transición al nuevo gobierno.
