El Gobierno del presidente francés Emmanuel Macron aprobó este jueves su impopular reforma jubilatoria por decreto, sin someterla al voto de la Cámara de Diputados donde necesitaba de apoyos de opositores para sacar adelante la iniciativa.
El anuncio lo hicieron fuentes del Ejecutivo de la primera ministra, Élisabeth Borne, a la salida de una reunión de gabinete de urgencia celebrada en el Palacio del Eliseo a minutos de la hora en que debía comenzar la sesión en Diputados, consignó el diario Le Monde.
Tras el encuentro, Borne acudió a la Asamblea Nacional, sede de la Cámara baja, donde fue recibida con abucheos.
Allí activó un polémico procedimiento parlamentario: el artículo 49.3 de la Constitución, que le permitió la adopción de la reforma sin el voto de los diputados, que sólo podrán frenarla si aprueban una moción de censura contra el Ejecutivo.
Algunos legisladores ya anticiparon que presentarán mociones.
La activación final de este polémico mecanismo podría recrudecer la tensión con los sindicatos, que este jueves habían llamado a impedir esta reforma y que vienen organizando protestas masivas desde hace dos meses.
La resistida reforma de las pensiones, que aumenta de 62 a 64 años la edad de jubilación y acelera la exigencia de cotizar 43 años para cobrar la pensión plena, había sido aprobada esta mañana en el Senado, controlado por los conservadores de Los Republicanos (LR).
Sin embargo, su éxito o rechazo dependía del voto de la Asamblea Nacional, donde los partidarios de Macron forman el primer bloque en número de diputados, pero no tienen una mayoría absoluta, por lo que precisaban del apoyo de la oposición conservadora para adoptarla.
Las miradas estaban puestas en un puñado de diputados oficialistas que podrían abstenerse y en «una veintena» de legisladores de LR que, según el senador derechista Bruno Retailleau, votarían en contra.
Dos de cada tres franceses se oponen la reforma, según los sondeos.
Un editorial del diario liberal L’Opinion advirtió hoy que someter la reforma al voto de los diputados y perderlo «obstaculizaría gravemente» el «resto de su mandato» (en referencia al presidente Macron), pero recurrir al artículo 49.3 «reforzaría la imagen de ‘brutalidad’ de su poder y alimentaría la crisis social».
La reforma concitó un masivo rechazo expresado el 7 de marzo pasado, cuando se manifestaron casi 2 millones de personas, según la propia Policía, en la mayor protesta contra una reforma social en tres décadas.
Sin embargo, el Gobierno se mantuvo firme en su plan que busca, de acuerdo con lo que afirma, evitar un futuro déficit en la caja de las pensiones en un país con una creciente esperanza de vida.
El rechazo a la reforma, sin embargo, parecía caer a medida que los franceses reconocían que se acabaría aplicando esa ley.
Las huelgas prorrogables lanzadas la semana pasada en sectores clave como la energía y los transportes también continuaban hoy, aunque con menos fuerza.
