El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, anunció este miércoles el envío al Parlamento de un proyecto de ley destinado a reglamentar los estados de excepción, en medio de una profunda crisis política y social que mantiene bloqueadas las principales rutas del país desde hace casi un mes y que ya dejó al menos nueve muertos.
Durante el acto de juramento del nuevo ministro de Defensa, Ernesto Justiniano, el mandatario sostuvo que la iniciativa busca fortalecer el marco institucional y brindar mayor seguridad jurídica a las Fuerzas Armadas para actuar en situaciones de emergencia, especialmente ante el desabastecimiento que afecta a ciudades como La Paz y El Alto.
“Esta ley de reglamento para los estados de excepción ya ha sido enviada al Parlamento y espero que pronto sea resuelta”, afirmó Paz. Según explicó, el objetivo es reforzar la capacidad de respuesta del Estado para asistir a la población y garantizar el acceso a bienes esenciales.
Al mismo tiempo, el presidente aseguró que parte de las movilizaciones que exigen su renuncia están siendo financiadas con recursos provenientes del narcotráfico.
“No es de extrañar que desde las regiones de producción de narcóticos se haya capturado a portadores de recursos económicos que, en algunos casos, han ido a alimentar movilizaciones y acciones en contra de nuestra democracia, nuestra Constitución y el bienestar de los bolivianos”, denunció.
Paz afirmó que existen elementos que respaldan esas acusaciones y vinculó a personas cercanas al ex presidente Evo Morales con la organización de algunas protestas, aunque evitó brindar detalles sobre las investigaciones en curso.
Una crisis que se profundiza
Las protestas mantienen bloqueadas rutas estratégicas en distintas regiones de Bolivia y agravan una crisis que ya impacta en el abastecimiento de alimentos, combustibles y medicamentos. Los manifestantes, encabezados por la Federación de Campesinos Tupac Katari y otros sectores sociales, acusan al presidente de incumplir compromisos asumidos con las comunidades indígenas y exigen su renuncia.
El conflicto, que se extiende desde hace casi un mes, afecta además el funcionamiento de hospitales, el transporte y otros servicios esenciales. Según datos oficiales, seis de las nueve víctimas fatales registradas hasta el momento murieron por no haber podido recibir atención médica a tiempo debido a las restricciones para circular por las carreteras.
Ante este escenario, el Gobierno busca garantizar el ingreso de suministros básicos a las zonas más afectadas. Paz reclamó la apertura de corredores humanitarios y advirtió que no descarta nuevas medidas para asegurar el abastecimiento.
“La gente necesita alimentos, medicina y combustible. No vamos a dudar en aplicar programas de acción humanitaria junto a la Policía y las Fuerzas Armadas”, afirmó.
La crisis también dejó al descubierto una creciente fractura política dentro del oficialismo. El vicepresidente Edmand Lara tomó distancia de la administración de Paz y se declaró opositor al Gobierno, una ruptura que diversos analistas consideran uno de los factores que contribuyeron a profundizar el conflicto y endurecer las posiciones de los sectores movilizados.
“La batalla de las batallas”
En un discurso de fuerte contenido político, Paz definió la coyuntura actual como “la batalla de las batallas” y sostuvo que Bolivia atraviesa una disputa entre quienes buscan consolidar un proceso de transformación institucional y aquellos que pretenden frenar los cambios impulsados por su administración.
“O transformamos la patria hacia un destino institucionalizado, sin corrupción y con el narcotráfico acorralado, o vuelve un pasado donde todo vale”, afirmó.
No obstante, el mandatario diferenció a los sectores que mantienen reclamos sociales de aquellos que, según su visión, buscan desestabilizar el sistema democrático, y reiteró su disposición a encontrar una salida negociada al conflicto.
En ese marco, anunció la convocatoria a una mesa de diálogo con organizaciones movilizadas, entre ellas las federaciones Tupac Katari y Bartolina Sisa.
“Los hemos convocado para tener un diálogo franco y abierto. Ya depende de ellos la prontitud para estar junto al presidente y los ministros en esa mesa de diálogo”, señaló.
Como parte de esa estrategia de acercamiento, Paz también adelantó que evalúa ampliar su gabinete para incorporar a nuevos actores sociales a la gestión pública, una demanda planteada por distintos sectores durante las negociaciones.
“Hemos atendido el llamado a que haya inclusión. Los cambios ministeriales están pendientes únicamente de ese proceso de mayor inclusión”, sostuvo.