El ex presidente de la República de Corea, Yoon Suk-yeol, fue condenado a cadena perpetua por rebelión e insurrección tras su fallida imposición de la ley marcial en diciembre de 2024, en lo que constituye la mayor crisis política del país en décadas.
La sentencia fue dictada por el Tribunal del Distrito Central de Seúl y transmitida en directo. El juez Jee Kui-youn consideró probado que Yoon movilizó tropas y fuerzas policiales para rodear la Asamblea Nacional e impedir que los legisladores votaran la anulación del decreto, lo que excedió su autoridad constitucional incluso bajo un régimen de excepción.
Según el fallo, la decisión de enviar militares al Parlamento fue determinante para encuadrar los hechos como rebelión. El tribunal sostuvo que el objetivo era bloquear el edificio legislativo, detener a figuras clave y paralizar las funciones parlamentarias durante un período “considerable”.
La imposición de la ley marcial, la primera en más de cuatro décadas en Corea del Sur, reavivó recuerdos de los gobiernos militares que gobernaron el país durante el siglo XX. El decreto otorgaba amplios poderes: suspensión de actividades políticas, control de medios y arrestos sin orden judicial.
Sin embargo, la medida duró apenas seis horas. Un quórum de legisladores logró superar el bloqueo militar y votó por unanimidad su revocación. Días después, el 14 de diciembre de 2024, Yoon fue suspendido mediante juicio político y destituido formalmente por la Corte Constitucional en abril de 2025. Desde julio permanece bajo arresto mientras enfrenta otros procesos penales.
El fiscal especial había solicitado la pena de muerte, al considerar que las acciones del ex mandatario representaron una grave amenaza para el orden democrático. No obstante, el tribunal optó por cadena perpetua, en línea con la expectativa de la mayoría de los analistas.
Corea del Sur mantiene una moratoria de facto sobre la pena capital desde 1997, aunque esta continúa contemplada en la legislación.
Por su parte, la defensa rechazó el fallo y lo calificó de “veredicto predeterminado”. Yoon sostuvo ante el tribunal que su intención era alertar a la ciudadanía sobre el bloqueo legislativo impulsado por la oposición y que habría acatado una votación en contra del decreto.
El tribunal también condenó a varios ex funcionarios militares y policiales implicados en la aplicación de la ley marcial. Entre ellos, el ex ministro de Defensa Kim Yong Hyun recibió 30 años de prisión por su rol en la planificación y ejecución de la medida. Asimismo, el ex primer ministro Han Duck-soo fue sentenciado a 23 años de prisión por intentar legitimar el decreto y falsificar registros oficiales.
Yoon se convierte así en el primer ex presidente surcoreano condenado a cadena perpetua desde Chun Doo-hwan, marcando un hito en la historia democrática del país y reforzando el principio de que incluso los más altos cargos del Estado pueden ser juzgados por vulnerar el orden constitucional.
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