Las elecciones generales en Perú dejaron un escenario de alta incertidumbre política, con Keiko Fujimori consolidada en el primer lugar con alrededor del 17% de los votos, pero con una definición extremadamente ajustada por el segundo puesto. Con más del 90% del escrutinio, el izquierdista Roberto Sánchez supera por un margen mínimo al ultraderechista Rafael López Aliaga, con una diferencia de apenas unos miles de votos que mantiene en vilo al país.
El conteo definitivo podría demorarse varios días, ya que aún deben revisarse miles de actas impugnadas antes de proclamar resultados oficiales. En este contexto, cada voto resulta determinante y la definición de quién enfrentará a Fujimori en el balotaje del 7 de junio podría extenderse hasta la próxima semana.
La jornada electoral estuvo marcada por problemas logísticos, retrasos y un clima de tensión, en una elección histórica con 35 candidatos y el regreso del sistema bicameral, lo que implicó elegir simultáneamente presidente, senadores y diputados por primera vez en más de tres décadas. Este escenario contribuyó a profundizar la desconfianza en un sistema electoral que ya venía cuestionado desde comicios anteriores.
La tensión escaló con las acusaciones de fraude sin pruebas por parte de López Aliaga, quien incluso ofreció recompensas económicas a funcionarios para obtener evidencias y llegó a pedir la detención de autoridades electorales. Sin embargo, observadores internacionales de la OEA y la Unión Europea respaldaron la transparencia del proceso y descartaron irregularidades sistemáticas.
Por su parte, Sánchez respondió con un llamado a defender el resultado en las calles y reivindicó el peso del voto rural, clave para su leve ventaja. El “Perú profundo”, especialmente en regiones andinas y amazónicas, volvió a inclinar la balanza, como ya había ocurrido en elecciones anteriores.
El ajustado escenario electoral refleja una crisis política estructural que atraviesa el país desde hace al menos una década, con ocho presidentes en 10 años, enfrentamientos entre poderes del Estado y una creciente polarización. El punto de quiebre se produjo en 2022, cuando el entonces presidente Pedro Castillo intentó disolver el Congreso, profundizando la inestabilidad institucional.
