La sentencia emitida esta semana por la Corte Suprema de Perú que califica como delito la protesta social fue duramente cuestionada por expertos en el tema, que advirtieron que establece precedentes contra ese derecho ciudadano. “Hay que expresar una seria preocupación por esta decisión que está en el ámbito de una resolución casatoria, es decir, va a sentar línea jurisprudencial en otros casos”, afirmó el ex procurador general Antonio Maldonado, uno de varios expertos que cuestionaron la sentencia de la Sala Penal de la Corte. “Es preocupante, porque se estaría haciendo una interpretación muy literal y sesgada del ordenamiento jurídico constitucional”, agregó Maldonado.
La sentencia, referida a un caso en que cuatro personas son procesadas por daños causados en una movilización en 2019, indica en la práctica que la protesta no es un derecho de por sí, lo que generó revuelo en momentos en que el país sigue conmovido por la ola de violencia ocurrida entre diciembre y marzo pasados, tras la destitución de Pedro Castillo.
Para Maldonado y otros prestigiosos abogados, la sentencia es un paso más hacia la denunciada criminalización de la protesta en Perú, que en los últimos lustros fue escenario de masivas movilizaciones, incluidas las que derribaron a los gobiernos de Fujimori en 2000 y Manuel Merino en 2020. “Que de pronto el derecho que nos permite abrir el espacio de la discusión pública libre, plural, democrática sea postergado o termine en algún artículo del código penal tiene que llamarnos profundamente a la preocupación”, afirmó el constitucionalista Pedro Grández.
En ese marco, el relator especial de la ONU sobre libertad de reunión pacífica y de asociación, Clément Nyaletsossi Voule, de visita en Perú, ratificó ayer la postura de Naciones Unidas de que las autoridades peruanas incurrieron en una utilización excesiva de la fuerza durante la represión de protestas. En conferencia de prensa en Lima, el jurista, que hace su trabajo por mandato de la ONU pero que no habla en nombre de la organización, pidió a las autoridades transparencia en las investigaciones que se cursan sobre las muertes en el marco de las protestas antigubernamentales que siguieron a la destitución del ex presidente Castillo.
El relator recorrió el país andino durante 10 días en los que visitó distintas ciudades y comunidades, además de entrevistarse con diversas autoridades, entre ellas la presidenta Dina Boluarte, que sucedió a Castillo y cuya renuncia era uno de los reclamos centrales de las reprimidas protestas.
