La ciudad de Caracas se convirtió este jueves en el epicentro de una doble crisis política, social y económica que golpea al gobierno interino encabezado por Delcy Rodríguez.
Por un lado, una masiva protesta de trabajadores y jubilados fue reprimida por fuerzas de seguridad. En paralelo, organizaciones de derechos humanos denunciaron una situación crítica en la cárcel El Rodeo I, con reportes de represión, heridos y versiones sobre una posible muerte.
Alrededor de 2.000 manifestantes intentaron marchar hacia el Palacio de Miraflores para exigir mejoras salariales frente al colapso del poder adquisitivo. La Policía Nacional Bolivariana desplegó un fuerte operativo y dispersó la movilización con gases pimienta, impidiendo el avance hacia el centro político del país.
Los incidentes más graves ocurrieron cerca del Parlamento, donde hubo forcejeos, agresiones y denuncias de violencia contra manifestantes, incluidos adultos mayores.
El dirigente sindical José Patines apuntó contra el ministro del Interior, Diosdado Cabello: “Golpearon a jubilados y pensionados que solo reclamaban sus derechos”, denunció.
Salarios de centavos y promesas de aumento
El eje del conflicto es la profunda crisis salarial en Venezuela. Actualmente, el salario mínimo se mantiene en 130 bolívares mensuales, equivalente a apenas 27 centavos de dólar, en un contexto de inflación anual que supera el 600%.
Aunque el ingreso puede elevarse a unos US$150 mediante bonos estatales, estos no impactan en prestaciones ni jubilaciones, lo que agrava la precariedad.
En este contexto, Delcy Rodríguez anunció el miércoles un “incremento responsable” del salario a partir del 1 de mayo, aunque sin precisar el monto ni su alcance.
La mandataria aseguró que el aumento dependerá de la disponibilidad de recursos y sostuvo que “conforme Venezuela goce de más recursos, seguiremos avanzando en la mejora salarial”.
Además, planteó que la recuperación del ingreso estará ligada al crecimiento de sectores clave como el petróleo y la minería, dentro de una estrategia de reactivación económica.
Sin embargo, el anuncio no logró calmar el malestar social y fue considerado insuficiente por sindicatos, que denuncian “salarios de hambre” congelados desde hace cuatro años.
Crisis en la cárcel El Rodeo I
Mientras crecía la tensión en las calles, la situación en el sistema penitenciario sumó un nuevo foco de conflicto. El Comité por la Libertad de los Presos Políticos denunció que presos políticos extranjeros en El Rodeo I iniciaron una protesta pacífica que fue reprimida con gases lacrimógenos.
La activista Andreína Baduel afirmó que durante toda la jornada se escucharon gritos de auxilio desde el penal, y advirtió sobre personas heridas, desmayadas y en estado crítico.
Desde Primero Justicia señalaron incluso la posible muerte de un detenido extranjero, aunque no hay confirmación oficial. El penal ha sido denunciado previamente como un lugar de “tortura psicológica”.
Un gobierno bajo presión
La gestión de Delcy Rodríguez se desarrolla bajo fuertes presiones internas e internacionales, luego de haber asumido el poder tras la captura de Nicolás Maduro en enero.
En el plano económico, el Gobierno impulsa reformas para atraer inversión extranjera, especialmente en sectores como el petróleo y la minería, en un intento por reconstruir una economía devastada tras años de crisis.
Aun así, la combinación de inflación extrema, salarios deteriorados y creciente conflictividad social mantiene al país en un escenario de alta tensión.
La simultaneidad de la represión en las calles y las denuncias en el sistema penitenciario refleja un deterioro profundo en las condiciones de vida y en la situación institucional del país.
