El presidente de Paraguay, Santiago Peña, fue destituido el viernes en un juicio político por el Senado tras el escándalo financiero del Ueno Bank cuyo cierre dejó a casi tres millones de ahorristas sin poder acceder a sus depósitos y en su lugar juró esta misma noche el vicepresidente Pedro Alliaga.
Conocida la resolución parlamentaria, el Ministerio Público de Paraguay ordenó la detención de Peña y del expresidente del Banco Central del Paraguay (BCP), Carlos Dagoberto Carvallo, en el marco de la investigación penal relacionada con el Ueno Bank.
En el caso de Peña, la Fiscalía dispuso que cumpla la detención en su domicilio, hasta tanto sea puesto a disposición del Ministerio Público, en la Unidad Especializada de Delitos Económicos y Anticorrupción, reportó el diario Hoy y supo Noticias Argentinas.
Por su parte, Carlos Carvallo deberá guardar detención en las dependencias que determine la Comandancia de la Policía Nacional.
Los agentes fiscales Christian Benítez Cáceres, Elena Fiore Franco y Silvia González Vester, de la Unidad Especializada de Delitos Económicos y Anticorrupción, junto con Ruth Benítez, de la Unidad Especializada de Delitos Informáticos, solicitaron al comandante de la Policía Nacional impartir las instrucciones necesarias para ejecutar las órdenes.
Peña había presentado su renuncia el jueves tras el colapso de la entidad, con la cual mantuvo vínculos comerciales en el pasado. Su dimisión no fue aceptada por el Congreso, que definió avanzar con el juicio político.
Por unanimidad, con un total de 44 votos, los senadores declararon culpable a Peña y fue destituido del cargo.
Durante la sesión, el senador Rafael Filizzola señaló que el banco Ueno fue creado en un mes, luego de operar como financiera, y que, a partir de entonces, “se direccionaron fondos públicos del Instituto de Previsión Social (IPS), de Itaipú y de otras instituciones del Estado hacia la entidad”. Agregó que todos los directivos dependían del presidente de la República.
Manifestó que el país está ante uno de los escándalos de corrupción “más grandes desde el retorno de la democracia” y que el caso representa un “perjuicio enorme para el Estado, las personas afectadas y la credibilidad del país”.
Previamente, en la sesión extraordinaria la Cámara Alta escuchó a los abogados Adolfo Ferreiro y Ricardo Preda, quienes acudieron en representación de Santiago Peña.
La defensa del mandatario alegó que el juicio político es “nulo desde que el presidente presentó renuncia”. También sostuvo que el libelo acusatorio contenía “recortes de periódicos y publicaciones de audios”, por lo que” no se puede destituir” a un mandatario “por chismes”.
Los defensores trazaron una cronología de Ueno Bank desde el gobierno de Mario Abdo Benítez y sostuvieron que el proceso de conversión de la financiera a banco comenzó dos años antes de que Peña asumiera la Presidencia.
“Dos años antes de asumir Peña, estábamos hablando de que Ueno estaba comenzando el proceso de conversión a banco. ¿Qué tenía que ver Santiago Peña en ese momento? Nada, porque, por ejemplo, en el 2022 estábamos denunciando que algunas personas revelaron información privada sobre cuánto era su salario en un banco. No estaba en el sector público”, argumentó la defensa.
Previamente, Peña había solicitado una prórroga de 72 horas para preparar y ejercer su defensa en el marco del juicio político en su contra pero el Senado la rechazó, por lo que estuvo representado por sus abogados Ricardo Preda y Adolfo Ferreiro,
Paralelamente, el fiscal general del Estado de Paraguay, Emiliano Rolón Fernández, dispuso la apertura de tres causas penales en contra de Peña Palacios.
De igual forma, ordenó la conformación de un equipo de agentes fiscales de la Unidad Especializada de Delitos Económicos y Anticorrupción, para investigar los hechos denunciados en relación con la supervisión y resolución de Ueno Bank S. A., la colocación de fondos públicos en dicha entidad y las actuaciones de autoridades de distintas instituciones del Estado.
