“El tribunal admite el recurso”, se limitó a informar el juez Timothy Holroyde ante una sala abarrotada de periodistas. Una magistrada de primera instancia consideró en enero que Assange corría riesgo de suicidio si era extraditado, pero ahora el caso deberá ser analizado de nuevo porque la corte londinense consideró que el gobierno estadounidense ofreció suficientes garantías de que el periodista será tratado correctamente en suelo norteamericano.
Organizaciones civiles y gubernamentales, así como personalidades del mundo, salieron a rechazar luego el fallo de la cámara de apelaciones británica en favor de la extradición. La ONG Reporteros Sin Fronteras condenó la decisión al afirmar que “defendemos este caso debido a sus implicaciones peligrosas para el futuro de la libertad de prensa en todo el mundo. Ha llegado la hora de poner fin a más de una década de persecución, de una vez y para siempre. Es la hora de poner en libertad a Assange”, en palabras de su secretario general, Christophe Deloire.
La organización de derechos humanos Amnistía Internacional (AI) tildó de “parodia a la justicia” a la decisión; mientras que la Federación Internacional de Periodistas consideró que una eventual extradición de Assange pone en peligro los principios de la libertad de los medios de comunicación de todo el mundo.
