El pasado domingo se celebraron elecciones legislativas en la República Bolivariana de Venezuela. Como todo lo que rodea al país caribeño desde hace varios años, sucedieron en medio de un clima de inestabilidad, incertidumbre y acusaciones cruzadas entre el Gobierno y distintos sectores de la oposición. A pesar de la ardua campaña de comunicación que llevaron adelante las principales figuras del Gobierno, la participación de los venezolanos fue más que magra: apenas el 31% acudió a las urnas, según datos oficiales. Esta cifra contrasta con lo sucedido en 2015, cuando el 71% de los venezolanos había acudido a emitir su voto.
Más allá de que el Gran Polo Patriótico, como se presentó el oficialismo, resultó ganador, los comicios dieron cuenta nuevamente de la grave crisis institucional que atraviesa el país desde, por lo menos, hace cinco años. A partir de ahora se abre un nuevo mapa en la oposición, mientras que el Gobierno continúa sin grandes cambios.
14.400 candidatos disputaron 277 escaños de la Asamblea Nacional. Los comicios mostraron la ya evidente fractura entre los dos grandes bloques más importantes de la oposición a Nicolás Maduro. Por un lado, quienes se presentan a las elecciones oficiales convocadas por el Gobierno. Por otro, aquellos que llaman al boicot internacional contra lo que consideran el “régimen”, o arman sus propias consultas por afuera. En las votaciones del domingo no compitieron los principales protagonistas de la oposición durante los últimos años: Juan Guaidó y Henrique Capriles decidieron no formar parte; inclusive Guaidó convocó a una consulta virtual para el próximo domingo.
Quienes sí enfrentaron electoralmente al Gobierno fueron el ex gobernador del estado de Lara, Henri Falcón, y los seguidores del líder evangelista Javier Bertucci. A pesar de que viajaron observadores internacionales de países como Cuba, Rusia, Irán, Nicaragua, Bolivia, Turquía o España, ni la OEA ni la Unión Europea reconocieron los resultados, asegurando no tener pruebas de su “legitimidad democrática”. Por ahora, Argentina y México no tuvieron pronunciamientos en un sentido u otro.
Además, se huele un fin de ciclo para la oposición al chavismo. Leopoldo López, quien se encontraba con arresto domiciliario, logró viajar a través de un salvoconducto a España. Y los resultados electorales dejaron aún más debilitado a Guaidó, quien el próximo 5 de enero dejará de ser el presidente de la Asamblea Nacional, ya que vence su mandato autoproclamado, iniciado en 2015. Su figura, que ya venía contando cada día con menos apoyos internacionales, se fue desdibujando con el pasar de los meses. La Administración saliente de los Estados Unidos apoyó su consulta popular, que se realizará entre el próximo viernes y sábado; según el secretario de Estado de Donald Trump, será el mecanismo para que los venezolanos muestren su descontento. La consulta consistirá de tres preguntas, entre las cuales destaca: “¿Exige usted el cese de la usurpación de la Presidencia de parte de Nicolás Maduro y la celebración de elecciones presidenciales y parlamentarias libres, justas y verificables?”
La legitimidad de una consulta no vincular impulsada por un presidente autoproclamado es, cuanto menos, dudosa. Por ello, entre otros motivos, la institucionalidad en el país caribeño no tiene muchos vistos de mejorar ni en el mediano ni mucho menos en el corto plazo.
Lo cierto es que lo sucedido en Venezuela no se trató ni de un proceso ilegitimo o fraudulento, ni, tampoco, de unas elecciones normales, limpias y en igualdad de condiciones. Nicolás Maduro hoy encabeza un sistema agobiado -y para muchos de sus compatriotas, agobiante-, que muestra pocas señales de apertura. Su principal fortaleza radica paradójicamente en una oposición sin ideas ni representatividad real entre los venezolanos. El Gobierno ha demostrado su imposibilidad para resolver la crisis económica que al día de hoy muestra la inflación más alta del planeta, desabastecimiento, cortes de energía constantes, e índices de pobreza cada día más elevados. A su vez, ni los bloqueos y embargos impuestos por los EEUU o la Unión Europea, y apoyados por los países latinoamericanos reunidos en el Grupo de Lima, han demostrado tener los resultados esperados para quienes pretendían ver caer al Gobierno; por el contrario, solo han contribuido a empeorar la calidad de vida de su población. Los venezolanos continúan encerrados en un laberinto que parece no tener fin.
