En 1993 se creó -tras muchos estudios, investigaciones y proyectos- la Procuración Penitenciaria de la Nación (PPN) con una misión muy especial: dar una respuesta a la grave situación que padecía la población en situación de encierro en la Argentina. Un tema que, durante años (y diversas gestiones de diferente signo político) había sido soslayado una y otra vez. Esta necesidad implicó comenzar con la difícil tarea de trabajar en la defensa de los derechos humanos de las personas detenidas.
Desde 1993 ha sido un trabajo fuerte, constante y sostenido en el tiempo. En un primer momento, este Organismo se creó bajo la dependencia del Poder Ejecutivo Nacional, pero esta situación fue modificada con la sanción, en el año 2003, de la ley 25.875, por la cual se le otorgó a la Procuración Penitenciaria plena autonomía respecto del ministerio de Justicia, y, por ello, del Poder Ejecutivo y del gobierno que lo ocupara circunstancialmente (las cárceles sí dependen centralizadamente del ministerio de Justicia de la Nación).
Las funciones de monitoreo que la Procuración Penitenciaria realiza en las cárceles dependientes del Servicio Penitenciario Federal abarcan a todo el país: hoy se encuentran detenidas casi 12.000 personas bajo la órbita del sistema federal.
En la actualidad, la Procuración Penitenciaria cumple sus funciones a través de 11 Delegaciones, distribuidas en todo el territorio argentino, cuya principal función es la de ingresar a las cárceles (tanto a las federales como a las provinciales), como así también a los centros no penitenciarios, donde muchas veces se alojan personas en graves condiciones de detención, para constatar su integridad y la salvaguarda de sus derechos. Al mismo tiempo, brega por su reincorporación social tras el cumplimiento de las condenas impuestas por la Justicia respectiva.
Los tratados internacionales incorporados en nuestra Constitución Nacional en la reforma del año 1994, en especial la sanción la Ley 24.660 de Ejecución de la pena privativa de la libertad (que enuncia, entre otras cuestiones, los derechos de los que gozan las personas privadas de su libertad) sirven de marco para el trabajo que realiza la Procuración Penitenciaria.
La tarea consiste, principalmente, en detectar las vulneraciones a los derechos humanos de las personas detenidas, ya sea porque no cuentan con la asistencia médica necesaria; sufren malos tratos o torturas; permanecen detenidos en centros penitenciarios alejados de sus familias (perdiendo de este modo el vínculo familiar); sufren malas condiciones de detención y hacinamiento; o no tienen acceso a la educación o al trabajo, dos pilares claves para las políticas de reinserción social.
En el año 2010 se crea la Delegación Regional Córdoba. Esta Delegación tiene su ámbito de incumbencia en las provincias de Córdoba, Santiago del Estero, La Rioja y Catamarca, que desde entonces se encuentra a mi cargo, tras mi paso, junto a un equipo multidisciplinario, por la organización no gubernamental “La casa del liberado”, un hito en la historia penal cordobesa.
Si bien nuestro marco jurídico establece que el único derecho que pierde una persona detenida es el derecho a la libertad ambulatoria, la realidad es completamente distinta.
Los contextos de encierro suelen ser espacios donde se ejercen prácticas que vulneran los derechos humanos de las personas allí alojadas: la tortura y los malos tratos son un tema de gran preocupación para la comunidad internacional, y por ello se han elaborado y establecido protocolos para la prevención de los mismos, como el Protocolo de Estambul.
La Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes fue adoptada por la Asamblea General de Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1984, y aprobada por nuestro país en el año 1986, creando obligaciones jurídicas de rango nacional.
La tortura, un flagelo inherente a las situaciones de privación de libertad, consiste en destruir deliberadamente no sólo el bienestar físico y emocional de la persona, sino también, en ciertos casos, la dignidad y la voluntad de comunidades enteras. La falta de atención médica, la alimentación deficiente, las malas condiciones edilicias de alojamiento, el hacinamiento y distintos tipos de violencias que allí se ejercen atentan contra del objetivo primordial establecido en nuestra Constitución, de garantizar estos derechos y promover la reinserción social.
Estas violencias conspiran contra cualquier ideal resocializador declarado en nuestras leyes. Por ello, es necesario el trabajo de monitoreo y de denuncias de las violaciones a los derechos humanos cuando las mismas se constatan en el trabajo cotidiano a través del ingreso efectivo a las cárceles y el trato -humano y directo- con las personas allí alojadas.
A lo largo de estos 30 años, los equipos de la Procuración Penitenciaria han recorrido todas las cárceles federales del país, las unidades que alojan a presos y a presas federales, y los centros de detención no penitenciarios, como comisarías y alcaidías. También se han denunciado las malas condiciones de detención, agresiones, amenazas y hechos de violencia por parte de agentes del Servicio Penitenciario Federal y de los Servicios Penitenciarios Provinciales.
Para poder abordar cada una de las problemáticas carcelarias fue necesario la creación de equipos de trabajo con temáticas específicas, como son las muertes en prisión; los malos tratos y la tortura; los colectivos vulnerables; la salud mental y las medidas de fuerza; entre otros.
Para optimizar la tarea se creó también un Centro de Denuncias, conformado por un grupo de profesionales con gran compromiso y sensibilidad que, mediante una escucha atenta, brinda el asesoramiento y la orientación necesaria para cada demanda.
Durante estos 30 años se presentaron publicaciones con información de calidad sobre la realidad carcelaria, que ofrecen información crítica para el diseño de las políticas públicas; contienen insumos muy valiosos para las investigaciones que se realizan en el ámbito universitario; posibilitan la redacción de proyectos de leyes que se presentan ante el Congreso, dando cuenta, en su totalidad, de una gran trayectoria en la materia.
La Procuración Penitenciaria es un organismo argentino de vanguardia en el mundo en sus 30 años de trayectoria. Por eso, desde hace más de una década, también se ocupa y preocupa por difundir su labor y compartir las experiencias para que otras instituciones y organismos puedan empezar a ejercer la defensa de los derechos de las personas encarceladas.
La tarea de nuestro organismo sirve de ejemplo para otros países de la región, con quienes se mantienen relaciones de intercambio de buenas prácticas, consolidando un sistema de protección de derechos para esta población.
Este año sufrimos la pérdida del Dr. Mugnolo, titular del organismo y una de las personas que lideró la línea de trabajo y el diseño de su funcionamiento.
Conmemoramos 30 años de existencia que no estuvieron exentos de obstáculos. Sin embargo, gracias al trabajo de cada uno de los y las integrantes de la Procuración Penitenciaria, se avanzó en la construcción de una defensa de los derechos humanos que es ejemplo en la región.
