Comenzó uno de los juicios más importantes de la historia española. Son doce los políticos catalanes independentistas que se sientan, desde ayer en el banquillo, señalados como los responsables de promover y desafiar al Estado español. El desenlace y desarrollo marcará a fuego este 2019 en la política europea e internacional, que por cómo viene va a ser bastante jugoso.
¿Qué va a pasar con este juicio? Nadie tiene idea una idea clara. Lo mismo que pasó con el proceso independentista, pasará con el juicio. Habrá sorpresas y giros. Se presentará y trasmitirá al público en vivo y directo, como si fuera una obra de teatro en partes. Seguramente habrá un interés público sobremedido al inicio, que caerá con el correr de las jornadas.
Al unísono, con el juicio comienza la discusión sobre los Presupuestos Generales en el Congreso. Si el gobierno de Pedro Sánchez quiere luz verde para sus cuentas, el voto de los representantes del independentismo catalán es fundamental. Según las declaraciones y vaivenes, los catalanes no le levantarían el pulgar a los Presupuestos. La relación entre el gobierno español y los líderes de la comunidad catalana parece estar en ruinas.
Los independentistas serán juzgados por rebelión, delito que se aplica a quienes se levantan “violenta y públicamente” en contra de la Constitución nacional o quienes intentan “declarar la independencia de una parte del territorio nacional”.
El escenario es la capital, Madrid, y la dirigirá el más alto órgano jurisdiccional del Estado. Hasta el inicio de estos juicios, hay nueve procesados por este delito de rebelión y han estado en prisión preventiva. Además, quienes ocupaban algún cargo político han sido suspendidos de sus funciones.
¿Tribunal independiente?
Una de las discusiones más ásperas se ha centrado en la sospechada independencia de los jueces. ¿Es independiente este Tribunal Supremo? ¿Habrá imparcialidad? En ese sentido, su presidente, Manuel Marchena, está siendo apuntada como tendencioso. Lo que está claro es que, para las defensas independentistas, la respuesta al primer interrogante es negativa. En el ya lejano septiembre de 2017, cuando todo estaba caliente, Puigdemont, el ex “president” catalán fugado en Waterloo, disparó contra el Supremo calificándolo de “deslegitimado, desprestigiado y politizado” y “conchabado con el gobierno”.
Más allá de eso, el Tribunal estará atento a una pregunta que sobrevuela todo el juicio: ¿hubo rebelión o no hubo rebelión el 1 de octubre de 2017 en Cataluña? Un interrogante nada fácil para los jueces que ya han dado señales de que no hay unanimidad ante eso. En suma, ambas partes llegan al juicio de dos formas muy distintas: la Justicia, haciendo un esfuerzo sobrehumano para garantizar un proceso libre de sospechas; y los líderes catalanes, desconfiados y cuestionando toda la causa desde la hora cero.
Pasados 16 meses del 1 de octubre de 2017, fecha del fallido y reprimido referéndum, se han visto bastantes cosas, además de la querella por rebelión por parte de la Fiscalía General del Estado contra el ex “president” Carles Puigdemont, los 13 consejeros de su último “Govern”, la presidenta del “Parlament” y cinco miembros de la Mesa de la Cámara. Entre las cosas que han pasado están el fracaso de las órdenes europeas e internacionales de detención dictadas contra siete líderes independentistas, entre ellos Puigdemont, que han escapado de España, dejando en ridículo a la Justicia española. También se dio paso a una respuesta política al referéndum catalán activando el artículo 155 de la Constitución, según el cual el gobierno central toma el timón de la “Generalitat” (el gobierno autónomo catalán). Luego, vino la moción de censura que decapitó al gobierno de Mariano Rajoy y puso en La Moncloa a Pedro Sánchez. Ahora, en estas últimas semanas, lo que se discute es la fecha de unas elecciones anticipadas, con marchas masivas y una oposición aglomerada.
Asimismo, la acusación de la Fiscalía no es la única. Al juicio también se anotan la Abogacía del Estado y Vox, el nuevo partido de ultraderecha. A grandes rasgos, sus denuncias coinciden con la de la Fiscalía, pero tienen matices en cuanto al tipo de calificación jurídica, algo que dará al juicio extensión y discusión.
La Fiscalía habla de rebelión, la Abogacía del Estado de sedición, delito que persigue a los que se alcen “pública y tumultuariamente” para impedir la aplicación de las leyes o el ejercicio de funciones de cualquier autoridad. La Abogacía del Estado depende del gobierno, y cuando se presentó la calificación de sedición en lugar de rebelión fue tomado como un guiño de Pedro Sánchez a los partidos independentistas que apoyaron su moción de censura para quitar a Rajoy de la presidencia. Es un cambio fundamental, porque se traslada a una rebaja en la petición de penas.
La Unión Europea estará atenta a la sentencia, ya que será clave para la estabilidad territorial de países que tienen en su fuero interno desafíos independentistas, muchos aún dentro de Europa, y esta causa servirá de antecedente. Se ha levantado el primer acto de la función, sin fecha prevista de cuándo caerá el telón.