Con las sucesivas reformas y emergencias jubilatorias –nacionales y provinciales- los argumentos son variados: económicos, políticos, institucionales, legales, morales, etc. Cada uno de ellos y su priorización determinarán el futuro contrato social en construcción, en donde el poder” define sus características respecto de la verdad”, lo que es una locura” y las palabras prohibidas”.
Argumentos económicos
Son los más numerosos y tienen el aval de la realidad económica”, aunque con causas de decisiones de los gobiernos previos, con y sin apoyo opositor, propios o no.
En Nación, la sanción de la ley 27.426/17 entre otras cosas disminuyó los haberes y continuó haciéndolo mientras aumentara la inflación, trasladando problemas de sostenibilidad para cuando ésta disminuyera.
En el ámbito provincial, la situación es aún peor por el endeudamiento previo (95% en dólares, las jubilaciones anticipadas y retiros policiales), y las disposiciones: haber inicial calculado sobre los últimos 4 años (o sea a medida de legisladores), que generaban haberes muy superiores a los vigentes antes y ahora a las jubilaciones y pensiones nacionales.
En ese ámbito, la Nación no puede seguir financiando esos haberes superiores –so pena generar privilegios respecto de sus propios jubilados- y por tanto la reforma se hizo inevitable, disminuyendo los haberes reales de los sectores más beneficiados en el régimen fenecido.
Mientras que, de alguna forma oculta por ahora, lo que es visible. Con o sin recomendaciones del FMI, la crisis de la deuda, la necesidad de promover el desarrollo (cuando pase la pandemia) y de equilibrar los esfuerzos de pasivos actuales y futuros (actuales aportantes) requiere un análisis de sostenibilidad futura.
En ambos casos, la situación se agravó con las consecuencias económicas y tributarias de la pandemia, que requirió un aumento o sostenimiento de los haberes mínimos y disminución de los mayores.
Argumentos políticos
En este aspecto, el debate se limitó a acusaciones mutuas bastantes contradictorias respecto de las decisiones tomadas por unos y otros en el pasado inmediato, sin extenderse a los argumentos éticos que podrían enriquecer mucho más el debate.
En ese marco, algunos actuales oficialistas nacionales –que apoyaron la reforma de 2017, como los gobernadores del peronismo federal”- ahora procuran rectificar aquel error”. Los oficialistas” de entonces, critican ahora los DNU, cuando en aquel momento perjudicaron a los jubilados con haberes mínimos y beneficiaron a los de mayores haberes –especialmente con la reparación histórica”-, disminuyeron la recaudación previsional y tributaria, y redujeron el Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS), que llevó al sistema a una situación insostenible.
En el ámbito provincial, el oficialismo no argumentó políticamente (su historia lo condena), y los opositores argumentaron por la mayoría automática, que acordaron en 2001, la rebaja a los jubilados cordobeses, que en realidad son los jubilados estatales cordobeses, que habían decidido de igual modo en 1995 con el decreto 1.777/95 y el sometimiento de Córdoba a las exigencias de la Nación para que armonice ambos sistemas.
Argumentos institucionales
En la Nación, los argumentos de la oposición a la suspensión del ajuste de las jubilaciones se basan en el aumento de las atribuciones del Poder Ejecutivo, que determina los aumentos por DNU y la consecuente disminución de las atribuciones del Poder Legislativo. En la Provincia de Córdoba se argumenta por las formas, que intempestivamente se sancionó la reforma que se concretó en la Legislatura Unicameral, una verdadera escribanía que ratifica las decisiones del Ejecutivo provincial, con amplia mayoría oficialista: desde las últimas elecciones, una mayoría automática. Esa estructura legislativa fue acordada en 2000 en el Pacto de las Tejas II (2001, entre Ramón Bautista Mestre y Jose Manuel De la Sota), a quienes desde el Poder Ejecutivo les disgustaba el Poder Legislativo bicameral, que hubiera obligado a un mayor debate.
El debate moral y económico pendiente
Es evidente que los argumentos anteriores no responden ni plantean debates de fondo, que por la pandemia, pero también antes, logren consensos amplios sobre temas tales como:
¿Es compatible un sistema de evadir, endeudar y/o fugar” con un país que se desarrolle y sostenga su sistema jubilatorio?
¿Pueden los Estados garantizar jubilaciones elevadas sin afectar a las jubilaciones menores o a las futuras generaciones de beneficiarios, hoy aportantes?
¿Cuáles son los beneficios prioritarios para los adultos mayores? ¿Sus prestaciones alimentarias, de salud, recreativas, etc.?
¿Cuáles son las obligaciones –más allá de sus aportes financieros al sistema- de empleadores, empleados y los Estados?
¿Está el Estado organizado institucional y políticamente para responder estas cuestiones?
Si no las resolvemos, todos los demás argumentos y debates serán anecdóticos e inútiles. Ellas definirán las verdades”, lo que es una locura” y las palabras prohibidas” que conformarán un nuevo contrato social o conservarán el insostenible sistema actual.
Investigador FCEA-UCC, Presidente de la Comisión de Organizaciones Sociales del CPCE.
