¿Habrá sido el último esfuerzo? Se afirma que sí. La Legislatura otorgó plenos poderes al Ejecutivo para reperfilar” (otra vez) la pesada deuda provincial, y hace pocos días, aprobó una reforma a la ley de jubilaciones, destinada a acotar su creciente déficit. Operadores confiables aseguran que estas dos herramientas legislativas, que el oficialismo logró por vía rápida imponiendo su mayoría (la renegociación de la deuda contó con el solitario apoyo de Juntos por el Cambio), permitirán resolver los imponderables financieros planteados por la recesión 2018-2020 y la crisis desencadenada por el coronavirus. En otro plano, la apuesta del oficialismo es mostrar el regreso de su líder al centro de la escena: desde la controvertida marcha atrás a la flexibilización de actividades en el aislamiento, que -se dice- provocó airados reproches al ministro de Salud, Diego Cardozo por parte de muchos peronistas con peso propio en el Gabinete, Legislatura e intendencias (incluyendo a Llaryora), Schiaretti abandonó el método de delegar la comunicación de las decisiones de gobierno. Así, respaldó en el Centro Cívico la conservadora estrategia sanitaria tras los contagios en el Mercado Norte (superada actualmente por el paso a una nueva fase menos rígida), y a lo largo de la última semana se mostró mucho, con diversos anuncios. Se dice que esta nueva presencia procura simbolizar, en la estrategia trazada, la afluencia de mayor normalidad.
La apuesta presenta riesgos, pero es necesaria. Desbordaron problemas, algunos por errores no forzados, como los cuestionamientos del importante sector de la salud tras la apertura de causas a dos médicos por los contagios de Covid-19 en el geriátrico Santa Lucía. También las presiones de gravitantes sectores industriales, comerciales y de servicios que padecieron las contradicciones del comité coordinador de la emergencia, el COE, hace algunas semanas.
Sinceramiento
Las dos leyes votadas por la Legislatura no movieron por ahora el potenciómetro en la opinión pública, pero sí caldearon ánimos en la desvaída oposición cordobesa, indignada por este presunto avasallamiento a la institucionalidad (alguna legisladora radical calificó como leyes de facto” a las sancionadas). Pero no era secreto que se venía trabajando, por técnicos del gobierno, en una reforma del sistema previsional que, impactando sobre los beneficios más altos, permitiese reducir el déficit en la Caja de Jubilaciones. Hubo un intento -se dice- de abrir un diálogo con aquella reunión en la Casa Espejada entre Schiaretti, Mestre y Negri, que se filtró” por causas improbables (¿celos de oficialistas no invitados? ¿Un opositor que quiso lavarse las manos?), como fuese, el gobierno volvió a optar por leyes relámpago. Tema resuelto.
¿Otra vez la Caja?, sí, se insiste desde hace años en que la solución para el desequilibrado organismo previsional cordobés pasa por la equiparación de los pasivos a los estándares nacionales, incluso su transferencia a la ANSES, como lo ya hicieron más de la mitad de las provincias argentinas. ¿Eso hoy sería viable? Se asegura, en despachos importantes, que no hay conversaciones en tal sentido con la Nación, ni serían razonables en este complejo momento. Pero sí existe un conjunto de variables macroeconómicas que el gobierno de Alberto Fernández observará antes de apoyar a las provincias, y -se dice- no se convalidará la manutención de un sistema injusto, en el cual millones de cordobeses (el almacenero que paga ingresos brutos, el profesional independiente que paga contribuciones directas, el inquilino que tributa sellos por su locación) financian casi el 40% de sus ingresos a 107.000 jubilados, que perciben un haber promedio de casi 60.000 pesos, por la insólita decisión de un gobernador (Angeloz) que en su momento de esplendor, decidió promocionarse pagando los beneficios más altos de la Argentina, resignando 15 puntos de coparticipación federal (los que hace poco volvieron, por fallo de la Corte) sin transferir la Caja, que era la contrapartida de aquella resignación.
Lo que la Caja recauda hoy, por los aportes y contribuciones de sus activos, paga el 64% de las jubilaciones. Aún con la coparticipación recuperada, la brecha es irremontable. Pero -se dice, off the record- que hay sindicalistas, algunos de sus abogados, y opositores con vocación de gobernar alguna vez, que asumen que es imposible que cualquier provincia argentina pague jubilaciones por encima de los valores de ANSES. La viabilidad de los sistemas previsionales provinciales será una materia central en los años por venir. Oficialistas y opositores deberán construir una genuina política nacional de Estado para superar las inequidades generadas. Los defensores de esta tesitura dan un ejemplo: una directora jubilada en una escuela privada sin aportes estatales cobra (paga la ANSES) en mano, menos de la mitad que una jubilada que haya prestado idéntico servicio en una escuela de la provincia (paga la Caja).
El manejo de la deuda, en cambio, tiene que ver con gruesos cuellos de botella que se avecinan. El ministro Giordano fue tres veces a la Legislatura en estas últimas semanas, procurando explicar. Probablemente la oposición no quiere escuchar, pero, claro, cómo pretender acuerdos sobre estos temas en un debate provinciano, si el propio Estado nacional cambia, según la ocasión, en un símbolo de su soberanía monetaria (un billete, en este caso de cien devaluados pesos), al presidente Roca por Evita y a ésta por la ignota taruca. Trasegando las dificultades, va transcurriendo 2020 y para su final falta mucho. Con qué sorpresas se condimentará este imprevisible escenario es la incógnita a la que nos seguiremos entregando, día tras día.
