Mensualmente se viene deteriorando el poder adquisitivo de asalariados, jubilados y pensionados. Paulatinamente se incrementa la desproporción entre el precio de alimentos imprescindibles para cubrir necesidades físicas básicas y el salario de la inmensa mayoría de trabajadores activos y pasivos para adquirir y abastecerse, nutritiva y decorosamente, de los mismos.
Según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec), con la aceleración de diciembre, la canasta básica alimentaria aumentó 45,5% en 2020. Por citar solo algunos de sus componentes, un 58% el precio de las verduras, un 56,9% el de la carne y un 64,4% el de las frutas.
A propósito, según el relevamiento del último semestre de 2020, realizado por la Fundación Agropecuaria para el Desarrollo de Argentina (FADA), desde que el trigo sale del campo hasta el pan que se vende, el precio se multiplicó siete veces; la carne cuatro veces; en tanto la leche triplicó su precio.
Tal desproporción se explica en parte por la brecha entre el precio que percibe cada esforzado y arriesgado productor agrícola por un litro de leche o un kilo de carne o cereales, (vg. harina, lentejas, avena, maíz, etc.) y lo que debe abonar por ellos el consumidor; pero fundamental y mayoritariamente por el flagrante abuso de la intermediación parasitaria en la cadena productiva, y en la relación de consumo por parte del Estado, con su insaciable voracidad tributaria y tarifaria (nacional, provincial o municipal), como el incontenible e injustificable aumento de combustibles de uso imprescindible en el sector agrícola.
Lo paradojal de todo eso es que, a la fecha, los sujetos esenciales en tal cadena o relación (digo: productor y consumidor) son los más perjudicados por los efectos perversos de semejantes desproporcionalidades.
Desde esa perspectiva y en adelante, la estimación presupuestaria de la participación contributiva que el productor rural debiera tener en el reparto de los impuestos no puede continuar ignorando que los rendimientos del sector agrario se conforman más lentamente y con más imprevistos e infortunios que en los otros sectores de la economía.
La opción cooperativa en tanto se propone hacer que un bien o un servicio resulte, en última instancia, más barato, evitando intermediaros innecesarios y lucros exorbitantes, sin dudas merece todo auspicio público mediante positivas discriminaciones impositivas, tarifarias, arancelarias (Cooperativas de exportación, ley 23.101/1984).
Por eso mismo la cooperación agrícola resurge como una alternativa solidaria que permite abaratar los costos de producción y consumo, favoreciendo sensiblemente economías regionales y domésticas con mayores dificultades, en este último caso por drástica disminución o merma de ingresos suficientes para desarrollar una vida digna.
Finalmente, resulta razonable, útil y oportuno, promover y facilitar la disponibilidad y el acceso a una básica canasta alimentaria cooperativa”, como dejamos propuesta (con todos sus componentes: lácteos, huevos, carnes (pollo, cerdo, ternera, pescado, etc.), cereales (maíz, arroz, pan, pastas, fideos, lentejas, etc.), azúcar, aceite, frutas y verduras), al menos durante el tiempo incierto que insuma el discurrir pandémico, y fundamentalmente, cuando en los últimos meses se viene agudizando la crisis en la cadena agrícola (cerealera, cárnica o láctea), con tamberos produciendo por debajo de los costos y un castigado consumo interno que se agravó con la pandemia y el menor poder adquisitivo de los salarios, puntualmente el de la población más frágil y vulnerable.
Experto en cooperativismo