Se han aplicado en esta pandemia, alrededor de 2.400 millones de dosis (sin discriminar entre una o dos) en todo el mundo. Con muy diferente impacto según los países. Casi la mitad, se dieron en EEUU (306 millones) y China (845 millones). Muchos y diversos Estados ya han avanzado significativamente en la dosis doble: EEUU, Reino Unido, Israel, Chile, Hungría, Mongolia, Alemania, Qatar, Emiratos Árabes Unidos, Bahrein, Uruguay, Serbia, Francia, España, Austria y otros, con diferentes resultados epidemiológicos.
Frente a la denominada liberalización de las vacunas”, hay que distinguir: la habilitación del fármaco -a cargo de una autoridad sanitaria-, la protección de la invención en tanto derecho al monopolio en beneficio del innovador y la inscripción de la marca, que deben tramitarse en registros distintos. Y paralelamente podríamos señalar otro aspecto hasta aquí sensible: la autorización a exportar por los países productores.
¿Qué es lo que se debate hoy? Que los dueños de las patentes admitan la suspensión o morigeración sobre su derecho al monopolio de la explotación de su desarrollo, para que pueda ser aprovechado por laboratorios no propietarios de esa innovación. O se procuren opciones en torno a un controvertido y nunca aplicado acuerdo de 2003, rubricado en el marco de la OMC, cuya letra habilitaría a explotar licencias sin consentimiento del propietario para producir medicamentos en países con graves problemas sanitarios.
Advertimos que quienes exploten esos desarrollos sin ser propietarios de la invención deben realizar los trámites establecidos para la aprobación del fármaco ante cada Estado, sin perjuicio de casos especiales como la Unión Europea o las autorizaciones de emergencia” otorgadas con más sustento político que jurídico por la OMS. Tampoco podrían usarse las marcas -hoy son 14 autorizadas mundialmente, con muchas más en camino- que cuentan con crédito de la comunidad, salvo acuerdos expresos en este sentido.
Subyace una cuestión impostergable: todos los Estados deben acceder a las vacunas. La equidad funda el reclamo de los países postergados, pero la preocupación también alcanza a operadores institucionales y económicos del primer mundo, cuyos ciudadanos ya recibieron en forma masiva la medicación. Nadie quiere variantes o rebrotes en efecto boomerang.
De las más de 8.870 millones de dosis que se han comprometido a nivel global, 7.750 millones se han realizado a través de acuerdos bilaterales, y 1.120 millones a través del mecanismo multilateral Covax, al que han apostado los países del primer mundo pero que por ahora es insuficiente, como entienden EE.UU y el G-7 en el sentido de poner a disposición más vacunas para los países pobres (unos 1.500 millones de vacunas, sumando anuncios por separado de Biden y Johnson). El 53% (unos 4.700 millones) han sido reservadas por los países más desarrollados, pese a que representan el 13% de la población.
No queda tan claro que la liberalización de las licencias de vacunas sea una solución inmediatamente factible en los planos jurídico y farmacológico, por la complejidad de su elaboración, especialmente las vacunas ARN: para fabricar la variante de Pfizer se utilizan alrededor de 280 productos diferentes, que son suministrados a la farmacéutica por 86 proveedores distintos, pertenecientes a 19 países. Actualmente, la producción de las principales vacunas contra el coronavirus se concentra en 35 países. A su vez, cuentan los precios de las vacunas, que hasta aquí se han establecido según las reglas del mercado: Túnez está pagando en torno a 7 dólares por la vacuna de Pfizer, frente a los 47 que pagó Israel, una diferencia que puede explicar el acceso preferencial del último país mencionado a las dosis (cuya población es la más vacunada del mundo). Mientras que AstraZeneca cuesta alrededor de 2,9 euros a la UE -similar precio pagaría Argentina-, aunque Sudáfrica y Uganda han pagado entre 5 y 7 dólares. En Moderna las diferencias van entre los 15 y los 37 dólares. Esta variable ha dificultado la igualdad de acceso.
La directora general de la OMC, la nigeriana Ngozi Okonjo-Iweala, propone negociar con las farmacéuticas para que faciliten la licencia de vacunas a todas las empresas capaces de producirlas, pero siguiendo procesos ya garantizados como seguros, y respetando la propiedad intelectual (y, por tanto, el incentivo a la innovación).
Se debaten también otras distintas alternativas con participación público-privada: adquisición de las patentes y permiso para su utilización (dominio público”); compensación económica a los innovadores; compras anticipadas, producción compartida y licenciada mediante acuerdos voluntarios. En ningún caso se prescinde de la autorización sanitaria, ni del acuerdo para explotar las marcas.
La producción de vacunas supone un desarrollo que, en el caso del covid, está en continua evolución (nuevas cepas, variantes orales, segmentos como niños o pacientes con algunas comorbilidades, alcanzar una sola dosis, superación de la cadena de frío, etc.) Se requiere capacidad instalada, estándares técnicos, recursos humanos especializados, proveedores específicos, logística homologada. En esa instrumentación, numerosos procesos inherentes a esa fabricación también se patentan y deberían adquirirse o liberarse para que el genérico pueda producirse con la calidad suficiente.
Superado el primer umbral, un consenso generalizado sobre cómo multiplicar el acceso a la vacunación (en la UE ni siquiera su núcleo duro, Francia y Alemania, tienen acuerdo sobre el tema), hay muchos caminos para los Estados y los organismos internacionales como la OMS o la OMC. Alentar los acuerdos voluntarios, intermediar en la autorización de exportaciones e importaciones como en la subvención para dar mayor capacidad de pago a países pobres, financiar adelantos para futuras compras, mayor inversión en desarrollo y en cooperación, parecen alternativas más razonables para los urgidos gobiernos, mientras la liberalización se analiza en todas sus múltiples y complejas facetas.
