Todos sufrimos y padecemos los efectos de un proceso inflacionario que lejos está de ser controlado en la actualidad. Los aumentos de precios en bienes y servicios son cada día más abusivos y generalizados, lo que provoca el deterioro de nuestra calidad de vida y nos sumerge en una crisis de inusitada profundidad.
Enmarcado como un capitulo más de este proceso, tan prolongado como nefasto, la Asamblea de Colegios de Abogados de la Provincia de Córdoba ha dispuesto que a partir del día 12 de Agosto el valor del aporte colegial se eleve a $ 1.590, lo que implica un incremento del orden del 23% ($ 300 por aporte), dado que hasta el 11 de Agosto el valor del aporte ascendía a $ 1.290.
A su vez, deberá recordarse que el aumento anterior se había registrado en el mes de Enero, cuando el aporte pasó sin más de $ 990 a $ 1.290, redondeando un alza del orden del 30% en aquella oportunidad. De este modo, en los últimos ocho meses el incremente acumulado fue del orden del 60% (teniendo en cuenta que en Diciembre del 2020 el valor del aporte era de $ 990 y a partir del 12 de Agosto del corriente año su cuantía es de $ 1.590). Hay aumentos fuera de contexto, que están reñidos con el sentido común y la razón; hay aumentos que por su desproporción se tornan exagerados y hasta groseros; hay aumentos injustos, porque difícilmente encuentren alguna justificación. Y éste es un ejemplo de ello.
Es que este nuevo aumento, que golpea directamente el bolsillo de todos los abogados y abogadas obligados al pago, supera holgadamente las expectativas inflacionarias previstas para este año, que oscilan entre el 45% y el 50%, según estimaciones efectuadas por los más reconocidos economistas y las principales consultoras privadas.
Se trata a todas luces de una decisión inoportuna, que llega en un momento sumamente difícil para los colegiados que estamos soportando –como tantos otros sectores profesionales y sociales- las consecuencias de la profunda crisis económica y social que atraviesa nuestro país, agravada desde Marzo del año pasado por la pandemia provocada por el Covid-19 y las distintas medidas restrictivas adoptadas por los gobiernos (tanto a nivel nacional como local) para tratar de contener la propagación de este nuevo virus.
Por lo demás, no dudamos en calificar al presente aumento como excesivo y abusivo, puesto que no va en línea tampoco con el incremente que experimentó el Jus durante el mismo período. En efecto, la unidad arancelaria por la que se rigen los honorarios profesionales de Abogados y Procuradores en nuestra Provincia aumentó un 37,4% en lo que va del presente año, esto es, 22,6 puntos porcentuales por debajo del incremente acumulado en el valor del aporte colegial.
Ciertamente, la suba del Jus no siempre repercute directa e inmediatamente en los ingresos y menos aún en estos tiempos de vacas flacas. Eso lo sabemos todos los que ejercemos activamente y desde hace años esta profesión. ¿Cuántos abogados y abogadas de Córdoba han logrado en estos últimos ocho meses incrementar sus ingresos en el orden del 37,4% (acorde al aumento del Jus); y cuántos los elevaron al límite del 60% (equivalente al aumento ya registrado en el aporte colegial)?
Por otra parte, se sabe que muchos letrados mantienen deudas por aportes colegiales (y también por aportes previsionales), debido a que en estos años críticos no han podido completar el pago de los aportes mínimos exigidos por las normativas vigentes en la materia. Y con los sucesivos aumentos decididos y ordenados por la Asamblea de Colegios de Abogados de esta Provincia, la situación de aquellos colegiados tenderá a agravarse aún más, ya que sus deudas se actualizan automáticamente conforme al nuevo valor del aporte colegial (o del aporte previsional, en su caso) y no de acuerdo a los ingresos que efectivamente perciban, es decir, a sus reales posibilidades de pago.
A todo lo anterior deberá agregarse el incremento en el valor del Monotributo decidido y anunciado en fecha reciente por la AFIP, que ascendió al 35,3%, con relación al valor que finalmente rigió hasta el mes de Junio. La mayoría de los abogados y abogadas revisten la condición de monotributistas ante el ente recaudador, por cuanto se trata de pequeños contribuyentes que, sin embargo, hoy deben afrontar mayores costos fijos (alquiler, expensas, servicios) y una presión tributaria creciente para poder continuar ejerciendo su profesión.
Esta dura y triste realidad ha determinado que no sean pocos los que estén pensando (y en algunos casos, ya decidiendo) dejar el ejercicio profesional, en forma liberal o independiente y encarar la búsqueda de distintas alternativas laborales. Así las cosas, el Colegio de Abogados de esta ciudad, en particular, una institución que desde hace años permanece alejada de sus objetivos fundacionales y parece haber olvidado la defensa de los intereses e incumbencias profesionales de sus colegiados, para centrarse en la generación de cursos virtuales, hizo precisamente lo contrario a lo que se esperaba en estas circunstancias.
Frente al cúmulo de nuevos problemas y dificultades que desde el año pasado deben sortear a diario los abogados y abogadas, entendemos que el Colegio debió estar más activo y abierto que nunca, apoyando y defendiéndolos, con la mayor empatía y solidaridad posible, obrando a su vez con suma prudencia y moderación a la hora de establecer el valor de sus servicios, entre ellos, el valor del aporte colegial y sus respectivos incrementos. Lamentablemente, comprobamos que esto no sucedió, desaprovechándose de este modo una excelente oportunidad (una más…) para intentar acercarse y reconciliarse con sus representados.