Dicen que suele aprenderse más de los errores que de los éxitos, en una visión positivista de quienes aspiramos a mejorar a pesar de ellos. En estos días vemos que el éxito está generando una nueva grieta por apropiarse de éxitos. Por eso esta nota pretende que los ciudadanos capitalicemos como aprendizaje el zigzagueante derrotero del proceso que comenzó en 1989.
En ese año José Estensoro –muerto en un accidente de aviación sospechado- inició el proceso de conversión de la empresa en una SA.
En 1993, el Estado nacional mantenía el 20% de las acciones con derecho a voto y una acción de oro que le permitía vetar decisiones y el 12% en manos de las provincias productoras en donde operaba.
En 1998, el sector privado ya poseía casi el 75% de las acciones, aunque el Estado mantenía la acción de oro y las provincias productoras -muchas de las cuales habían vendido sus acciones-, habían capitalizado la reforma constitucional (1994) en la que los recursos del subsuelo eran de su propiedad, por lo que obtenían y obtienen regalías.
Finalmente, la privatización culminó en 1999, cuando el Estado argentino vendió a Repsol un 14.99% de las acciones de YPF, la transacción le costó a la petrolera española 13.437 millones de euros e incluyó la renuncia a la “Acción de oro” del Estado y permitió a Repsol YPF convertirse en la octava productora de petróleo y la decimoquinta compañía energética del mundo.
En 2008 el Grupo Petersen de la familia Ezkenazi, muy ligado a Néstor Kirchner –habían adquirido el Banco de Santa Cruz y manejado los fondos de la provincia obtenidos por la venta de las acciones de YPF-, adquirió el 25,46% de YPF sin realizar un desembolso inicial de dinero, utilizando futuros dividendos de la empresa para pagar la compra.
La operación ha sido y es criticada no solo por opositores sino también por un buen número de peronistas-kirchneristas como un error serio.
Eso permitió a Repsol desinvertir –en 1999 tenía 114 pozos en producción y en 2012 cuando el Estado los expropió, tenía 43- en exploración y producción reinvirtiendo sus dividendos en otros países y generando un déficit cada vez más importante de la balanza energética.
En 2012 luego de la muerte de Néstor Kirchner (2010) en un giro de 180° CFK y su ministro Axel Kicillof recibieron la aprobación -208 votos en Diputados y 63 en Senadores, con la oposición del PRO- de la expropiación del 51% de las acciones de YPF en manos de Repsol, por las que pagamos 5000 millones de USD.
Como no podía ser de otra manera, los Ezkenazi a quienes no se les ofreció comprar sus acciones, no pudieron seguir pagando su deuda y su empresa controlante entró en bancarrota. En la subasta de sus activos vendió al Fondo Burford Capital por 15 millones, los derechos y acciones de litigar contra YPF y Argentina.
En 2015 el caso fue iniciado por ante la jueza (Civil y Comercial) de primera instancia del Distrito Sur de Nueva York Loreta Preska, que determinó que la Argentina les debía 16.000 millones de USD, mientras Argentina mantuvo desde el inicio y bajo todos los gobiernos, su posición respecto que un estatuto no podía imponerse al Estado Argentino que se regía por sus propias leyes de derecho público de grado superior.
Eso fue lo que concedió la Cámara de Apelaciones de EEUU al revertir el fallo de Preska, sosteniendo que “las reclamaciones de daños por incumplimiento de contrato de los accionistas contra Argentina y la empresa no son reconocibles según la ley argentina, y que las reclamaciones restantes de los accionistas contra la empresa carecen de mérito”, dando la razón al Estado argentino y validando el procedimiento seguido por CFK y Kicillof.
Eso fue sostenido por dos de los tres jueces –designados en períodos demócratas- y la disidencia del juez designado por Donald Trump quien sostuvo el perjuicio generado a las inversiones extranjeras en el país.
En el proceso se presentaron como “Amicus Curiae” (amigos del tribunal) en favor de Argentina, 12 países e instituciones –entre otros Estados Unidos, Israel, Francia, Italia, Ecuador, Uruguay, Chile, Ucrania y Rumania. Etc.-. En el caso de EEUU no opinó sobre el fondo de la cuestión sino que lo hizo sobre los montos determinados por Preska.
Es que de haberse mantenido lo dispuesto por Preska, todos los Estados habrían quedado inhabilitados para establecer expropiaciones por causa de utilidad pública como establecen sus constituciones. Por lo que las presentaciones podría decirse fueron “en defensa propia”.
A pesar del debate por la apropiación del éxito, algunas expresiones previas y posteriores del Presidente Milei, según algunos expertos dejan abiertas las puertas a una apelación –con pocas posibilidades- ante la Corte Suprema de EEUU y sobretodo en el CIADI (Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones) donde los privados suelen tener fallos favorables.
Hoy YPF –con mayoría estatal- tiene un valor bursátil total de 27.340 millones de USD en Wall Street y es clave para sostener un equilibrio a mediano y largo plazo, ante los vaivenes de los precios de la energía por factores externos a su control como la guerra de EEUU, Israel e Irán.
Por todo ello, los aprendizajes son varios: 1) En temas estratégicos para el país, ninguna decisión que priorice intereses de menor rango –provinciales, sectoriales o personales- puede ser beneficioso para él; 2) Solo políticas de Estado, sostenidas en el tiempo por todos los gobiernos, pueden lograr resultados positivos; 3) Cualquier decisión o afirmación disidente de esa línea de conducta del Estado, pone en riesgo el resultado final; 4) Nadie está exento de culpa si ha incurrido en decisiones y opiniones que no prioricen el interés general del país.
Esto es proyectable a otros temas como Malvinas, la disposición de recursos naturales, la neutralidad estratégica en un mundo multipolar, la pretensión de sostener un sector industrial y tecnológico viable, etc.
