Armados y encapuchados
La presentación del Proyecto de Ley Antibúnker se hizo en la sala de situación del Panal y la puesta en escena llamó la atención de algunos asistentes: todos los jefes policiales y de fuerzas de seguridad se sentaron alrededor de la mesa presidida por el gobernador, el ministro Quinteros y el de Justicia, Julián López. Pero el detalle de seis efectivos con armas largas y encapuchados completaban la escena recreando situaciones que se repiten en México cuando los fiscales anuncian una captura resonante.
«¿Quién controla a quién? ¿el poder político a la policía o la policía al Ejecutivo? La foto ofrece muchas lecturas y nadie cree que Llaryora necesita ser escoltado por un oficial con el rostro cubierto y armado con un fusil de asalto: es un mensaje a favor de la mano dura y señala el grado de influencia que la policía ejerce sobre las autoridades constitucionales», decía un experto en comunicación política.
Hasta la oposición se hizo eco de la imagen proyectada desde el Centro Cívico y habló de sobreactuación, tal como señaló en los comentarios Walter Nostrala, del Frente Cívico: «Parecía que le estaba declarando la guerra al narco y resulta que anunciaba una ley que ya tiene acuerdo nuestro para la aprobación», nos decía un legislador radical.
¿Quién pagó el viaje?
Después del escándalo por el viaje de Manuel Adorni con su esposa a Nueva York, el gobernador quiso prevenirse y ordenó que ningún funcionario viajara al Mundial. Incluso algunos ministros tenían planes o hasta reservas para ir a algunos partidos de la selección y tuvieron que cancelarlos. La orden se entendía por la sensibilidad de la gente ante los costosos gustos de la «casta» y el contraste con las penurias económicas de los ciudadanos de a pie.
Todo marchaba de acuerdo al plan (TMAP), hasta que una garganta profunda del ministerio de Finanzas hizo llegar el dato a los periodistas: El titular de esa cartera viajó a China, en misión oficial, acompañado por su esposa.
Hay quienes aseguran que solo lo protege a Acosta de la bronca del gobernador la confianza y los largos años de trabajo conjunto. La explicación fue que debe tener supervisión permanente ya que sufrió el «síndrome de burnout» -también conocido como «el del trabajador quemado»- por agotamiento físico, mental y emocional.
«No sé qué es peor – dice un legislador oficialista en estricto off – si el viaje o la explicación. No es bueno reconocer que un ministro clave sufrió un desborde por la presión del cargo».
Luis Juez vio una oportunidad y mandó a sus legisladores a pedir informes. «Si se pagó el viaje ella (por la esposa de Acosta) que muestre el comprobante de la transferencia a la agencia de viajes y cerramos el caso» dijo un miembro de esa bancada.
Los autos en la mira
La ley Antibúnker lleva algunos artículos que dan tela para cortar. Uno de los capítulos determina que los secuestros de autos y otros bienes deben destinarse en un 60 por ciento a la FPA, ya sea por la venta de los mismos o para el uso en sus brigadas de inteligencia criminal.
Hace pocos días se desarticuló una banda que operaba entre Córdoba y Jesús María y se incautaron varios autos y camionetas de alta gama y último modelo. También en los allanamientos que ordenó el fiscal antinarco Carlos Cornejo en barrios del sudeste de la ciudad. «Cada vez que hay operativos así – dice un alto comisionado policial – comienzan las consultas de jueces y funcionarios para que les asignen esos autos» y refleja la discrecionalidad que aún persiste por quedarse con el uso de vehículos costosos y lujosos.
Luego del caso de Oscar González, quien chocó a una docente que murió y a dos adolescentes que sufrieron graves secuelas, se reordenó el sistema, pero aún hay enormes grises en torno a quienes se destinan esos bienes y para que funciones.
«Nuestros investigadores se repiten usando autos que los narcos ya conocen, mientras que algunos funcionarios judiciales o políticos se mueven en autos de primeras marcas», sostuvo un miembro del ministerio de Justicia.
