Las definiciones de “corrupción” son muchas y diversas, normalmente se refieren a las organizaciones públicas donde los funcionarios o gestores sacan provecho de su función en beneficio propio (donde, algunas, requieren participación privada). Pero también hay corrupciones en el sector privado –donde se llaman estafas, administración fraudulenta, infiel, etc.- y en la sociedad.
Si consideramos que “corrupción” es priorizar el interés individual, o de pequeños grupos, por sobre el del conjunto de la sociedad, también las corporaciones –de pequeños o grandes empresarios, sindicales, profesionales- pueden caer en ella.
El primer escalón se produce cuando violamos una ley –que se supone protege el interés público, porque “total nadie lo va a saber, no me podrán identificar o le puedo echar la culpa a otro”; o porque “las leyes son malas e injustas”, lo cual es algunas veces es cierto, pero de todas maneras es una ley.
En nuestra sociedad eso es muy común, y hasta se justifica por los motivos más diversos, como las leyes del mercado, normas culturales como “todos lo hacen” o “si no hago eso mi empresa, o familia, no sobrevivirá”.
El segundo escalón se da cuando nos quedamos con un vuelto ajeno, gastamos en lo personal fondos que son de otros, o de todos. Eso sólo es posible gracias a la falta de transparencia de los procedimientos administrativos, o su falta de control y verificación.
Hasta aquí, la corrupción de simples ciudadanos o funcionarios de bajo nivel, que aprovechan la impunidad que le da su anonimato.
El tercer escalón, sucede cuando fraguamos u ocultamos una factura para pagar menos impuestos, obtener un reembolso o un importe que debió ir o regresar a una institución. El caso es frecuente en los funcionarios de nivel de supervisión que manejan dineros de caja chica, la registración de horas extras, con o sin el consentimiento de sus superiores. Además de pequeños contribuyentes y a veces verdaderas bandas organizadas para esos fines.
El cuarto escalón es cuando recibimos un favor o un bien o servicio por beneficiar a alguien, en detrimento de otros, que normalmente constituyen la mayoría. El caso es frecuente entre los funcionarios de nivel intermedio, con protección o no de sus superiores, que amañan procesos de compra, limitan las búsquedas de oferentes, toman en cuenta aspectos subjetivos para decidir la compra, o modifican con posterioridad a la compra el precio acordado, reconociendo valores mayores con subterfugios en la normativa. Aunque es frecuente que niveles superiores impongan a sus subordinados la aplicación discrecional de las mismas.
El quinto escalón tiene un halo de legalidad en la medida que se cumplen los requisitos formales -leyes, decretos, resoluciones o disposiciones- pero implican un beneficio injustificado a alguien, que realiza un pago a terceros por servicios no prestados ocultando una coima, que, por la triangulación hace que se pierda el origen de esos fondos.
Obviamente, esta operatoria requiere de la participación de varios funcionarios y dirigentes de alto nivel, porque de otro modo no podría mostrarse su supuesta “legalidad”, allí los montos son sustancialmente mayores y hay varios implicados que reciben “retornos” por su acción o complacencia, o son amenazados si no lo hacen.
El sexto escalón lo constituyen las informaciones privilegiadas, que, como tales, permiten a quienes tengan fondos suficientes obtener pingües ganancias, al poder adquirir a bajo precio algo que luego aumentará sustancialmente, seguramente compartiendo esa ganancia con quienes le dieron esa información (que, obviamente, son pocos y del más alto nivel).
El conocer previamente que se hará una gran obra pública, o que el dólar será revaluado, o que se restringirá su venta, producen enormes transferencias de fondos de los sectores sociales a los más concentrados. Esto es especialmente grave cuando representantes de sectores económicos poderosos ingresan a los gobiernos y promueven legislaciones que los favorecen en repago del financiamiento otorgados a los candidatos ganadores, o participándolos de sus resultados.
El séptimo trata de blanquear ese dinero mal habido, para que puedan invertirse sin sospechas en el circuito económico legal a través de empresas fantasmas, paraísos fiscales y empresas vinculadas al juego, las que venden mucho en pequeños montos sin identificar a los compradores –transporte masivo, grandes espectáculos, ferias y eventos, hotelería, servicios turísticos- que permiten sobrefacturar ingresos, los que, pagando impuestos mínimos, son reingresados legalmente al sistema. Es el nivel más complejo, conspirativo y organizado; y es fácil suponer que gobiernos y grandes empresas que los promueven están, al menos, facilitando que esa actividad pueda llevarse a cabo: los blanqueos sin costo ni explicación del origen de los fondos son su máxima aspiración, en la medida que ello les permite adquirir activos de empresas en crisis, consolidando así su riqueza que de otra manera sería cuestionada. Esto es más grave cuando intervienen en la operatoria recursos de origen delictivo.
Está claro que no es lo mismo el primer escalón que el último, o sus modalidades personales o institucionales; que su impacto es muy distinto, y que todos son posibles en un Estado y economía sin transparencia. Es hora que pongamos negro sobre blanco, y la población sepa de qué se trata la “corrupción”, dónde y cómo se puede producir, y el volumen de los montos involucrados que afectan su vida en comunidad.
