Un 12 de abril de 1823, por iniciativa de Bernardino Rivadavia, ministro de gobierno de Buenos Aires en la gobernación de Martin Rodríguez, se creaba institucionalmente la Sociedad de Damas de Beneficencia, emparentada con lo que hoy conocemos como asociaciones mutuales o de socorros mutuos.
Fomentar la “educación femenina”, y garantizar la organización de establecimientos apropiados, fueron sus objetivos determinantes, asignándole a la mujer un rol relevante en la misión educativa, rol omitido y descuidado por entonces.
La Sociedad de Beneficencia funcionó como tal hasta septiembre de 1946, cuando el presidente Juan Domingo Perón ordenó su intervención poniendo a su partidario Armando Pérez de San Martín, al frente de la misma.
Para ello, un dato no menor o meollo de la cuestión, fue que el presidente Perón montó en cólera cuando se vetó el nombramiento de la entonces primera dama argentina, Eva Duarte, como “presidenta de honor”. Fundamento de veto tal fue, precisamente la juventud de Evita, entre otras inhabilitaciones.
Consecuentemente, las funciones de la Sociedad de las Damas de Beneficencia intervenida fueron loteadas en secretarías que se publicitaban como logros de su esposa Eva Duarte de Perón. Obviamente, la Sociedad de Beneficencia dejó de existir un año más tarde, cuando en su reemplazo se constituyó la Fundación Eva Perón.
Ahora bien, desde sus prolegómenos la gestión de dicha sociedad de beneficencia estuvo en manos de mujeres, las que debían encargarse -además de otros objetivos y propósitos- de la “educación de las niñas”, en una ciudad como la de Buenos Aires que, hasta ese momento, no contaba con escuelas para ellas.
A partir del surgimiento europeo del “Socorro Público”, en el siglo XV, se combinaron el ideal solidario de humanismo cristiano con las necesidades de control social y las de atemperar pobrezas, propias de una incipiente sociedad burguesa y capitalista, sin responsabilidad social.
Si de humanismo cristiano femenino se trata, el cura José Gabriel del Rosario Brochero (1840/1914), recientemente canonizado como santo de las Traslasierras cordobesas, desde el inicio de su curato o ministerio se ocupó de la educación femenina y la promoción de la mujer. Lo hizo en cada recomendación educativa a jovencitas de las serranías o en las ruralidades, logrando para ello la construcción de una escuela para niñas, espacioso edificio (hoy renombrado como histórico Museo Brocheriano, funciona en la primitiva Casa de Ejercicios Espirituales construida por el cura en 1877, edificio declarado Monumento Histórico Nacional el 9 de Mayo de 1974), destinado a colegio interno, en dónde se proporcionaba una vasta y sólida instrucción, tan útil y necesaria para la dignidad, el desarrollo, la autonomía y el progreso de la mujer en el alto interior del interior.
Finalmente, estos esfuerzos aumentan su consideración ante la realidad contemporánea de una política educativa extraviada, sin novedad, que no valora apropiadamente a sus maestros urbanos ni rurales, postergando una y otra vez dignos salarios, equipamientos, y hasta calefacción o refrigeración apropiadas de aulas, edificios y demás infraestructura escolar. De esta manera, posterga prolongada, injusta e indefinidamente derechos de ciudadanía como el de la educación, no solamente femenina.
Esto mismo desnuda y denuncia una ausencia de ecuanimidad y equidad presupuestarias, conforme escandalosos dispendios en otras áreas o poderes (que no funcionan) privilegiados, como los legislativos, tanto los nacional y como los provinciales.
Luego, si el interés es la medida de la acción, los hechos de la dirigencia política en funciones revelan claramente que en Argentina la educación para nada es prioridad (apenas un disurso). Ello, no obstante expresas previsiones de la Ley de Educación Nacional 26.206/06, que en su artículo 3º expresa “La educación es una prioridad nacional y se constituye en política de Estado para construir una sociedad justa, reafirmar la soberanía e identidad nacional, profundizar el ejercicio de la ciudadanía democrática, respetar los derechos humanos y libertades fundamentales y fortalecer el desarrollo económico-social de la Nación”.
