Los gremios aportantes a la Caja de Jubilaciones no tuvieron tiempo para reaccionar. El Ejecutivo los sorprendió con el artículo 63 de la Ley Tributaria que le subía un 4 por ciento los aportes. Se quejaron. Mientras que el presidente de la bancada oficialista Facundo Torres los sentaba alrededor de una mesa de diálogo, Llaryora redobló la apuesta: elevó hasta el 8 por ciento los aportes para determinados subsistemas y al resto en porcentajes menores. Cuando se aseguró los votos en la Unicameral sancionó y promulgó la ley en tiempo récord y, además, la reglamentó en cuestión de horas.
Para los sindicatos sólo quedan por delante protestas y movilizaciones que no tendrán otro carácter que testimoniales. Carecen de márgen de maniobra para oponerse ante hechos consumados. Las entidades gremiales adquirieron una costosa lección que Rubén Daniele ya les había anticipado: “No se confíen, Llaryora no negocia”.
Pero la reforma previsional no fue el único punto donde el gobernador parece haber avanzado rápido y a fondo. El Poder Judicial sigue reconfigurándose con la creación de la Procuración Penitenciaria que estará a cargo de Bettina Croppi que deja su lugar en la Fiscalía General y asumirá en la cuestionada dependencia. Al dejar libre un lugar entre los Fiscales Adjuntos se mete Néstor Gómez, un abogado sanfrancisqueño de máxima confianza de Llaryora y con la movida pasa a controlar el Ministerio Público Fiscal cuando asuma Carlos Lezcano como Fiscal General. Sumados a Alejandro Pérez Moreno dejarán en minoría al delasotista Héctor “Chirola” David y al schiarettista José Gómez Demmel.
La vacante que se libera en el Ministerio Público de la Defensa que conduce Pablo Bustos Fierro será para el ultra llaryorista Jorge Folloni que deja su puesto en el Tribunal de Delitos Ambientales.
El gobernador pagó caro el costo político de crear una nueva estructura burocrática en la justicia pero avanza en su plan de incidir fuerte en un poder que es refractario a los cambios bruscos. Ante la imposibilidad de que se liberen sillas en el TSJ (Luis Rubio, el miembro de mayor edad anticipó que no se jubilará hasta que cambie el gobierno) parece haber optado por avanzar con otras estructuras dentro de ese poder. ¿Irá por los lugares que le corresponden a cada una de ellas en el Consejo de la Magistratura? El organismo es estratégico ya que es el encargado de designar a los jueces, fiscales y defensores oficiales.
Acelerando los cambios
Luego de la contundente derrota en las legislativas de medio término, Martín Llaryora extrajo de la caída la cuota de poder que necesitaba: ya no requiere consensuar con el schiarettismo y puede imprimirle a la gestión su sello inconfundible: la velocidad y la audacia. Los hechos de las últimas semanas dan cuenta de que el cambio operó con fuerza. Comenzó a ordenar el poder a su estilo y extrajo de la derrota del 26 de octubre mucho más de lo que perdió.
La reorganización del gabinete es otra muestra de ese poder renacido. Eliminó dos carteras aunque las reubicó como secretarías generales en dos ministerios. Victoria Flores deja de ser ministra de Ambiente y se reconvierte en Educación y Ambiente en el Ministerio de Educación. Por su parte Liliana Montero pasa bajo la órbita de Salud su cartera de Desarrollo Humano conservando el área de Niñez. Mientras el llaryorista puro Marcelo Rodio deja la secretaría de Transporte y desde ahora presidirá la Agencia Córdoba Cultura con la órden de imprimirle un perfil más alto a la promoción de actividades culturales, artísticas y de espectáculos con Raúl Sansica -actual presidente- como su segundo.
La nota de la mano dura
La propuesta de modificación del Código de Convivencia se lee como una escena de mileísmo explícito por parte de un ministro que fue el primero en alinearse con las políticas nacionales en materia de seguridad. Resistiendo críticas internas, Quinteros siempre se mostró en línea con Patricia Bullrich. La suspensión del debate para prohibir la actividad de naranjitas y limpiavidrios tiene razones de orden técnico más que políticas.
Algunos constitucionalistas acercaron sus objeciones a la redacción del proyecto ya que entienden que no se determinan las conductas punibles sino la actividad en sí. “No resiste el menor análisis desde el derecho”, aseguró un especialista al que consultaron varios legisladores. También la objetaron algunos intendentes que aún no tienen plenamente regulado el uso del espacio público o las instancias de control.
La necesidad de suspender la sesión fue interpretada también como una concesión a la iglesia que hizo una fuerte crítica al proyecto desde la Pastoral Social que encabeza Munir Braco pero el oficialismo sostiene que la orden desde el Panal es seguir adelante con la iniciativa apenas se retomen las sesiones ordinarias.
No parece un cambio de época sino una apropiación de parte de la agenda libertaria de mano dura que el gobernador advierte en las encuestas desde hace tiempo pero que todavía no encontraba cómo aplicar. La certeza de compartir votantes con La Libertad Avanza lo lleva a considerar como admisibles políticas que antes no hubieran pasado por el tamiz de la doctrina cordobesista.
La reforma previsional dejó a Llaryora sin la foto de baja de impuestos
