Después de tres semanas de impugnaciones, denuncias y una incertidumbre que parecía no terminar, Perú finalmente conoce a su próxima presidenta. Keiko Fujimori ganó la segunda vuelta presidencial por apenas 49.641 votos, obteniendo el 50,135% de los sufragios frente al 49,865% de Roberto Sánchez. Una diferencia mínima que, lejos de cerrar la polarización, inaugura un nuevo capítulo en la larga crisis política peruana.
La elección representa mucho más que el triunfo de una candidata conservadora. Marca el regreso del fujimorismo al Palacio de Gobierno veinticinco años después de la caída del régimen de Alberto Fujimori y culmina una búsqueda personal que había estado marcada por la frustración. Keiko había perdido las elecciones de 2011, 2016 y 2021. En esta cuarta oportunidad, finalmente logró romper la maldición electoral que parecía perseguirla.
Pero sería un error interpretar el resultado únicamente como una victoria del apellido Fujimori. Lo que expresan las urnas es, sobre todo, el agotamiento de un país que lleva una década atrapado en una inestabilidad casi permanente. Desde 2016, Perú ha tenido una sucesión vertiginosa de presidentes, destituciones, renuncias, encarcelamientos y enfrentamientos entre el Ejecutivo y el Congreso. La excepcional estabilidad macroeconómica peruana convivió con un sistema político incapaz de producir gobiernos duraderos.
En ese contexto, el discurso de Keiko logró instalar una idea sencilla pero poderosa: el orden. Frente a una sociedad preocupada por el avance del crimen organizado, el deterioro de la seguridad y la parálisis institucional, la candidata de Fuerza Popular convirtió la promesa de recuperar la autoridad del Estado en el eje de su campaña. No fue casual que sus mejores resultados aparecieran en Lima y entre los peruanos residentes en el exterior, sectores particularmente sensibles al discurso de estabilidad. De hecho, fue precisamente el voto del extranjero el que terminó inclinando la balanza a su favor, compensando la ventaja obtenida por Roberto Sánchez dentro del territorio peruano.
El estrechísimo margen explica también la reacción del candidato derrotado. Sánchez rechazó reconocer el resultado, denunció irregularidades en el voto exterior y anunció que recurrirá a instancias judiciales e internacionales. Hasta el momento, sin embargo, no han aparecido pruebas concluyentes que alteren el escrutinio oficial, mientras los organismos electorales mantienen el calendario previsto para la proclamación definitiva.
La paradoja peruana es evidente. Fujimori ganó, pero lo hizo sin un mandato contundente. Más de la mitad del país votó por una alternativa distinta o mantiene profundas reservas hacia el apellido que gobernó Perú durante la década de 1990. El fujimorismo conserva una capacidad extraordinaria para movilizar adhesiones, pero también para generar rechazos. Esa dualidad ha definido la política peruana durante los últimos veinte años y seguirá condicionando la gobernabilidad del próximo gobierno.
Los desafíos que enfrentará la futura presidenta son enormes. La inseguridad se ha convertido en una de las principales preocupaciones de la ciudadanía, el crimen organizado ha expandido su presencia en varias regiones del país. A su vez, la economía necesita recuperar dinamismo tras años de incertidumbre política, y el nuevo Congreso obligará nuevamente a construir acuerdos en un escenario fragmentado. La experiencia reciente demuestra que ningún presidente peruano puede gobernar ignorando al Parlamento, pero tampoco puede hacerlo dependiendo exclusivamente de él.
En ese punto, hay varios factores que juegan a favor de Keiko y otros que pueden complicarla. En primer lugar, Fujimori llega con una ventaja que no tuvieron presidentes recientes como Pedro Castillo o Dina Boluarte. Su partido, Fuerza Popular, cuenta con una bancada importante y tiene experiencia negociando dentro del Congreso. Durante años, el fujimorismo fue precisamente la fuerza parlamentaria dominante. Eso le da una base de sustentación institucional que otros gobiernos carecieron.
Sin embargo, existen varios riesgos importantes. El primero es que el Congreso peruano sigue estando extraordinariamente fragmentado. Ninguna fuerza política tiene capacidad para imponer su agenda por sí sola, por lo que cada ley relevante requerirá negociaciones permanentes. Otro es la propia figura de Keiko. Aunque ganó la elección, también concentra un rechazo muy elevado. Gobernará con un mandato extremadamente estrecho y cualquier caída en su popularidad podría alentar a sectores opositores a bloquear iniciativas o incluso impulsar mecanismos de control político.
El principal problema es estructural. La crisis peruana no ha sido únicamente producto de presidentes débiles, también responde a un diseño institucional que desde la Constitución de 1993 favorece la confrontación entre Ejecutivo y Congreso. En la última década, presidentes de ideologías muy distintas chocaron con el Parlamento, lo que demuestra que el problema trasciende a las personas.
Al mismo tiempo, la victoria de Fujimori confirma una tendencia regional que comienza a consolidarse. Tras varios años de predominio de gobiernos progresistas, distintos países latinoamericanos muestran un desplazamiento hacia opciones de centroderecha o derecha, impulsado por el desgaste de los oficialismos, la preocupación por la seguridad y la demanda de mayor estabilidad institucional. Perú se suma ahora a esa corriente, aunque con características propias y con una fragmentación política mucho más profunda que la de sus vecinos.
En este marco, sus posibilidades de sobrevivir son mayores que las de sus antecesores, pero eso no significa que tenga garantizada la gobernabilidad. Si logra mantener cohesionada una mayoría parlamentaria y evitar una confrontación abierta con el Congreso durante los primeros meses, sus probabilidades aumentarán considerablemente. Si, por el contrario, el clima de polarización se profundiza, Perú podría volver a entrar en el ciclo de crisis institucional que ha caracterizado a su política desde 2016.
El verdadero interrogante comienza ahora. Ganar una elección por menos de cincuenta mil votos no equivale a resolver la crisis política. La incertidumbre electoral terminó pero la incertidumbre sobre la gobernabilidad apenas empieza. Keiko Fujimori llega finalmente a la presidencia después de cuatro intentos, pero lo hace al frente de un país exhausto, dividido prácticamente en mitades y con instituciones cuya fragilidad ha quedado expuesta una vez más.
En Perú concluyó el escrutinio. Lo que todavía está lejos de concluir es la búsqueda de un equilibrio político capaz de ofrecer estabilidad a una de las democracias más convulsionadas de América Latina.
