Por Leonardo Castillo
La CGT «Brasil», encabezada por el dirigente del gremio de los trabajadores cerveceros, Saúl Edolver Ubaldini, desafiaba hace 40 años con una masiva movilización a la dictadura cívico militar, tres días antes -el 30 de marzo de 1982- de que efectivos de las Fuerzas Armadas desembarcaran en Malvinas con el doble propósito de recuperar la soberanía argentina sobre las islas y mantener el consenso social perdido tras la aplicación de políticas que habían generado un derrumbe económico.
Como en otros momentos de la historia argentina, la CGT se encontraba hace cuatro décadas dividida en dos centrales: una era la denominada como «Azopardo», que tenía su sede en el histórico edificio de la central obrera ubicado sobre esa calle, y que representaba al sector «más dialoguista», encabezado por Jorge Triaca.
La otra facción, llamada «Brasil», era la más combativa y estaba liderada por Ubaldini, que contaba con el apoyo del histórico e influyente líder metalúrgico, Lorenzo Miguel, dispuso la organización de esa protesta obrera, convocada bajo el lema de por «Paz, Pan y Trabajo», en medio de un contexto de caída generalizada del poder adquisitivo de los trabajadores.
En marzo de 1981, el general Roberto Viola asumió la presidencia en reemplazo de Jorge Rafael Videla, que se retiró tras cinco años en los que se concretó el mayor genocidio de la historia argentina. El nuevo dictador llegó al poder justo cuando las políticas de dólar barato, alto endeudamiento, ajuste fiscal y abrupta apertura económica diseñadas por José Alfredo Martínez de Hoz -ministro de Economía de Videla- se encontraban agotadas. Los tiempos del «deme dos» y la plata dulce habían terminado.
La crisis económica provocó que en diciembre, la Junta Militar removiera a Viola, «por motivos de salud», y nombrara como presidente a Leopoldo Fortunato Galtieri, jefe del Ejército, que contaba con el explícito respaldo del entonces presidente estadounidense, Ronald Reagan. Washington veía con buenos ojos al ex comandante del segundo cuerpo, fundamentalmente por el rol activo que había jugado en el envío de asesores argentinos a Honduras y El Salvador. Lorenzo Sigaut asumió la cartera de Hacienda y pronunció una frase paradigmática en el comienzo de su gestión: «El que apuesta al dólar pierde». Pero tres meses después de haber jurado como ministro, propició una devaluación del peso del 30% y otra en junio por el mismo porcentaje. Se creó un mercado cambiario oficial y otro paralelo, la divisa estadounidense, que en abril se cotizaba en 3.000 pesos, trepó hasta los 10.000 pesos en octubre.
Comenzaron entonces a producirse algunas manifestaciones de descontento: en junio, un paro del gremio mecánico de la SMATA dejaba un saldo de más de 1.000 detenidos, mientras las principales automotrices anunciaban despidos y suspensiones.
En febrero de 1982, la CGT lanzó un plan de lucha contra el gobierno que presidía el general Galtieri, que bajo la conducción económica de Roberto Alemann había congelado los salarios y aplicado un fuerte aumento en las tarifas de los servicios públicos. El malestar reinante determinó la convocatoria a una movilización para el 24 de marzo, aniversario del golpe que había derrocado a Isabel Perón, pero para evitar que el llamamiento fuese visto como una provocación, la cúpula sindical decidió marchar el 30.
Bajo la consigna «Paz, Pan y Trabajo», unas 15.000 personas se congregaron en la Plaza de Mayo aquel martes de principios de otoño, en abierto desafío a la Junta Militar, que prohibió la concentración y desplegó un dispositivo represivo con 4.000 efectivos policiales en el centro de Buenos Aires, y que dejó un saldo de 2.000 detenidos.
Movilizaciones similares y de carácter masivo también tuvieron lugar en Rosario, Mar del Plata, Neuquén, Tucumán y Mendoza, donde un jubilado murió como consecuencia de una bala disparada por las fuerzas represivas.
En Córdoba, sede del Tercer Cuerpo de Ejército, se desarrolló un despliegue de tropas por el centro de la ciudad de tal envergadura que disuadió cualquier atisbo de protesta. «Se va a acabar/ Se va a acabar/ la dictadura militar» era la consigna que resonó ese día por las calles del centro, mientras la infantería de la Federal arremetía contra las columnas de trabajadores y los oficinistas que espontáneamente se sumaron a la multitud. Gases lacrimógenos, balazos de goma y automóviles que circulaban sin identificación por las calles del centro porteño eran parte de un escenario de abierta confrontación entre los manifestantes y las fuerzas del orden represivo.
Dirigentes políticos como Luis León (UCR), Deolindo Bittel (PJ) y Oscar Alende (Intransigente), nucleados en la llamada Multipartidaria, calificaron la situación como «un verdadero estallido social», en un comunicado difundido tras la movilización.
La Junta Militar necesitaba producir un hecho que el otorgara legitimidad, y si bien la recuperación de las Malvinas era algo planificado con meses de antelación, el malestar evidenciado ese 30 de marzo convenció a los integrantes del régimen que el despliegue en las islas -que ya estaba en marcha- era el único camino que tenían para mantenerse en el Gobierno.
El 15 de junio, un día después de la rendición de las tropas argentinas en Malvinas ante los efectivos de las fuerzas armadas británicas, cientos de ciudadanos concurrieron a Plaza de Mayo con distintas motivaciones. En medio de los disturbios, la represión y los gases, se escuchó una vez más ese cántico, emblema de la resistencia y la lucha popular contra el autoritarismo: «se va a acabar/ se va a acabar/ la dictadura militar».
