La ingeniería política es la disciplina que diseña las instituciones políticas y legales en una sociedad para alcanzar un fin determinado. Desde Alberdi con sus “Bases y puntos de partida para la organización política de la República Argentina” (1852), se diseñó un sistema constitucional representativo, republicano y federal. Pero las sucesivas reformas hicieron que sea cada vez menos representativo, menos republicano y menos federal.
Muchas cosas han cambiado desde entonces. Un sistema representativo (“el pueblo no delibera ni gobierna sino a través de sus representantes”) es un arcaísmo que ignora la realidad y los reclamos de participación directa de las poblaciones en el proceso de sanción de las leyes, que ya no quieren estar excluidos y, por supuesto, no son más analfabetos, ni mujeres –que estaban excluidos de votar- como en aquellas épocas.
El sistema republicano de Alberdi (igualdad ante la ley, división de poderes y soberanía popular, monopolizada por los partidos políticos) también se ha modificado.
La igualdad ante la ley, con derechos sólo enunciados, ha evolucionado en la igualdad de oportunidades y luego por el efectivo acceso a derechos.
La división de poderes ya no es tal, en la medida que el Presidente puede legislar vía decretos de necesidad y urgencia (DNU), e inclusive la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) se ha arrogado ese derecho, por ejemplo al reestablecer la ley derogada del Consejo de la Magistratura.
Obviamente la soberanía popular mediante el monopolio de representación de los partidos políticos está en crisis desde hace décadas, los que se constituyen en “frentes”, y aun así no alcanzan a legitimarse, sobretodo porque muchos partidos se financian generosamente desde los poderes económicos y mediáticos concentrados o desde sus gestiones estatales.
La característica federal, entró en crisis a poco de comenzar, cuando, tras la reforma de 1860, se estableció la incorporación de Buenos Aires como provincia a la República Argentina –que sin ella se denominaba Confederación Argentina-, preservando todas sus propiedades excepto la Aduana, y con derecho a proponer modificaciones a la constitución vigente.
En los hechos, el desarrollo de los ferrocarriles de modo radial al puerto y la Aduana comenzó a centralizar el poder hacia allí, lo que no ha cesado de hacerlo hasta el día de hoy con todos los medios de comunicación, terrestres, aéreos y digitales.
Un hito importante en ese proceso de concentración fue el reemplazo del Colegio Electoral –que elegía en forma no proporcional a la población de cada provincia- por la elección directa del Presidente, acordada por Alfonsín y Menem en el Pacto de Olivos, que, con sus poderes aumentados, dejó de tener como referencia a las provincias y debe concentrarse, si pretende ser electo, en las zonas más pobladas del arco ribereño, entre Rosario y La Plata, donde reside el 70% de los votantes del país.
Por lo que acusar a los gobiernos nacionales de “centralismo porteño” omite la propia responsabilidad en el diseño institucional actual.
Algo parecido ocurrió en Córdoba, que, en 1987, Angeloz y De la Sota acordaron la elección directa del gobernador. En 2001, con el Acuerdo de Las Tejas, De la Sota y Ramón Bautista Mestre establecieron una legislatura unicameral, reemplazando el diseño bicameral –diputados y senadores- que daba más poder a los departamentos menos poblados.
Por lo que, con las diferencias propias de los modos de gestión, la concentración nacional en el AMBA, la falta de división de poderes y representatividad se repite en nuestra provincia.
No resulta extraño, entonces, que nuestro gobierno provincial haya invertido tanto en Córdoba capital, lo que le permitió sostener sus candidaturas municipales. Aunque justo es decirlo, en los últimos años ha invertido bastante en el desarrollo de infraestructuras en el interior, como los gasoductos troncales, la red de fibra óptica y algunas rutas, entre las que se destacan las autovías de acceso a Córdoba y su avenida de Circunvalación.
La novedad es que Martín Llaryora, proveniente de una ciudad del interior, es consciente del olvido provincial por su interior –por primera vez en 40 años el gobernador proviene de allí-, y ha planteado un desarrollo basado en cooperativas y mutuales que han sostenido el desarrollo de infraestructura y económico financiero local, convocándolas a participar de su gestión a través de un ministerio que dispondría de los fondos específicos distribuidos por la Nación (ley 23.427) que, en los últimos 25 años, fueron asignados a rentas generales, sustrayéndolos de su fin específico de promoción y educación del sector.
Eso recupera la filosofía de Amadeo Sabattini en los 40, cuando florecieron las cooperativas de usuarios, que hoy prestan múltiples servicios, generalmente coordinadas con sus municipios en beneficio de las poblaciones que son sus mandantes.
Es difícil pensar que puedan volverse aquellos pasos atrás en el federalismo con la elección directa de presidentes y gobernadores, en el republicanismo con el excesivo presidencialismo de la reforma de 1994 a nivel nacional, la unicameralidad en Córdoba y la cláusula de gobernabilidad, que da al vencedor en los municipios la mayoría absoluta de los concejales. Aunque las leyes podrían modificar parcialmente en la práctica ese diseño institucional.
Por eso, ¿por qué no soñar que la mayor eficiencia y eficacia de gestiones más abiertas a la participación de la sociedad, sus organizaciones sociales, profesionales, universidades y Entidades de la Economía Social y Solidaria (EESS) compense la influencia excluyente del “círculo rojo” en las decisiones gubernamentales, aumente la representatividad del sistema político y amplíe su perspectiva geográfica y federal?
Todo un desafío en los años por venir para la ingeniería política, las instituciones y empresas con pertenencia territorial, en busca de objetivos comunes.
