El Congreso se ha convertido en un punto de roce con el Poder Ejecutivo, y le ha propinado tres golpes consecutivos, marcando así los límites del poder presidencial.
La Cámara de Senadores aprobó y convirtió en ley, por una amplísima mayoría, la nueva fórmula para actualizar mensualmente el monto de las jubilaciones y pensiones. El resultado de la votación fue apabullante: 61 senadores votaron a favor y apenas 8 en contra (7 “libertarios” y un aliado). En la mayoría (que superó claramente los dos tercios) confluyeron el peronismo kirchnerista, el peronismo disidente o federal, y bloques de la denominada oposición “dialoguista” (o, más bien, “amigable”), que hasta aquí venían apoyando distintas iniciativas del oficialismo (como la Ley Bases y el paquete fiscal), entre ellos, la UCR, el PRO y fuerzas provinciales.
La ley sancionada, en rigor, confirma la actualización mensual de las jubilaciones de acuerdo al Índice de Precios al Consumidor (IPC), tal como ya lo había dispuesto Milei por decreto a fines de marzo; pero, además, establece un aumento extraordinario del 8,1% para todos los pasivos, a fin de compensar -en parte- la pérdida sufrida durante los primeros meses de la administración mileísta, cuando la inflación se disparó al 25,5% en diciembre del 2023, tras la brusca devaluación del peso. También se prevé un piso mínimo para los haberes, que no podrá ser inferior a 1,09 canasta básica por adulto, y un incremento anual, a concretarse en el mes de marzo, en caso que los salarios de los trabajadores registrados superen a la inflación. “Lo que estamos haciendo es nada más y nada menos que un acto de justicia mínima”, señaló el senador radical Martín Lousteau, quien a su vez precisó que “desde el año 2017 las jubilaciones y pensiones perdieron un 45% del poder adquisitivo”. Las modificaciones introducidas por el Congreso implicarían una erogación presupuestaria adicional equivalente al 0,45% del PBI, aunque voceros del gobierno advirtieron que podría superar el punto porcentual y el propio Milei lanzó la temeraria cifra de 370.000 millones de dólares, como costo total de las medidas.
Se sabe que el drástico recorte del gasto público que se viene ejecutando para lograr el tan mentado superávit fiscal se basa en un 30% en el ajuste de los haberes previsionales, que afecta a un universo de casi siete millones de personas (cinco millones de ellas cobran la jubilación mínima, que hoy asciende a $ 225.454,42). Así las cosas, queda claro que la “casta” estaba constituida mayoritariamente por adultos mayores, a pesar de que el 70% de este grupo etario votó por Milei en las presidenciales del año pasado. Por eso no sorprendió que, horas después de su aprobación, Milei ratificara que vetará la ley, tildando a los legisladores -una vez más- de “degenerados fiscales”.
Al día siguiente Mauricio Macri expresó su apoyo al veto presidencial. Confirmando el sentido del pacto y contrariando el voto amarillo en el Senado, el PRO publicó un comunicado en el que literalmente declara su “apoyo al veto del presidente Milei a esta ley inapropiada”. Unas horas antes, el senador cordobés Luis Juez había realizado un gran esfuerzo lingüístico para tratar de justificar el voto positivo de su bancada, en base a un acuerdo supuestamente sellado con el gobierno. ¿En qué consistirá dicho acuerdo? Por ahora, todo parece reducirse a una puja por los cargos y el manejo de ciertas cajas del Estado.
Sin embargo, al vetar la ley se corre el riesgo que el Parlamento insista con su sanción y deje más expuesto aún al presidente. Para ello, ambas cámaras necesitan reunir los dos tercios de los votos, y están muy cerca de lograrlo (aún sin contar con el apoyo del PRO), según Miguel Angel Pichetto.
La sesión cerró una semana negra para Milei en el Congreso. Todo lo que podía salirle mal, salió mal. El día martes, una alianza eventual entre peronistas y radicales le había privado al oficialismo la posibilidad de presidir la estratégica Comisión Bicameral de Inteligencia. Al frente de la misma fue nombrado Martín Lousteau, el presidente de la UCR, que tiene una visión muy crítica de la actual gestión libertaria. El miércoles, la Cámara de Diputados, por una amplia mayoría (156 votos a favor -incluidos los del PRO- y sólo 52 en contra) se decidió rechazar el DNU que aumentaba los fondos reservados de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) en 100.000 millones de pesos (unos 100 millones de dólares, al cambio oficial). “Este no es el cambio”, había afirmado entonces Mauricio Macri, sorprendiendo a propios y extraños.
Golpe a golpe, el oficialismo se debilita y fragmenta cada día más en el Parlamento. Sin diálogo político ni acuerdos programáticos, atravesado por numerosos escándalos y conflictos internos (el caso de la diputada Lourdes Arrieta es un claro ejemplo), el bloque “libertario” parece no encontrar la brújula y eso que lo mejor está por venir en el Congreso, ya que en breve se completará el debate del proyecto de ley para el financiamiento de las universidades nacionales, y en septiembre el Ejecutivo deberá enviar su primer proyecto de Presupuesto.
