Las recetas para el control de la inflación parecen haberse agotado a todos los gobiernos. Luego de tantas explicaciones a los ciudadanos ya no les importan las causas, sólo los efectos, y es razonable que así sea. Sin embargo, su solución exige conocer sus causas, no para dar explicaciones, sino para aplicar terapias que sean efectivas. Pero todos los gobiernos han fracasado con políticas ortodoxas y heterodoxas, amigables o no con los formadores de precios.
En 2015, con Precios Cuidados, la inflación era del 24% anual. Tras la devaluación (60%) del tipo de cambio oficial de Prat Gay, que decía que no aumentarían los precios porque “todo estaban calculando sus costos al dólar “blue” (las comillas son una ironía), la inflación aumentó mucho. Por eso siguieron con Precios Cuidados, “en un acuerdo de caballeros con los formadores de precios” (sic), que aumentaron hasta el 54% de 2019.
En 2020 la pandemia redujo el aumento, pero apenas las vacunas comenzaron a tener efecto comenzaron nuevamente a aumentar hasta el 108% de abril de 2023. Seguramente la emisión durante el Covid-19 comenzó a movilizarse, y había muchos medios de pago, aunque el BCRA los retenía mediante Leliq –bonos que remuneran los depósitos de los bancos para que no los presten- pero sin poder frenar los precios, como dice la ortodoxia debiera ocurrir.
En 2022 la base monetaria creció 49%, por lo que no es compatible con el 108%, así como en 2019 el “déficit cero”, luego del acuerdo con el FMI, tampoco frenó el aumento de precios. Entonces la explicación fue la falta de dólares y las sucesivas corridas cambiarias, agudizadas por la guerra y el aumento de la energía; pero hoy el petróleo y el gas han bajado los precios en el mundo y Vaca Muerta y el Gasoducto Néstor Kirchner auguran superávit energético, por lo que ya no podría explicar el aumento.
Entonces, apareció la sequía, la menor producción y exportación de granos agudizó la falta de dólares, las corridas cambiarias y los precios.
Mientras tanto, vemos como los precios de combustibles, alimentos y servicios son una “bicoca” para todos los extranjeros, que se amontonan en nuestras fronteras para hacer compras, como nosotros hicimos en Miami o Brasil en los 70 o 90.
Es claro entonces que tampoco son los precios internos, ni los salarios, ni la emisión monetaria lo que produce el envilecimiento de la moneda.
Si no es nada de eso, sólo quedan dos causas posibles. Las expectativas de aumento que hacen aumentar los precios “por las dudas” a no poder reponer la mercadería vendida en los comercios.
También la puja distributiva, en donde las empresas formadoras de precios –productoras de alimentos, insumos, servicios, y las cadenas de distribución que concentran el 70% de la producción y el 60% de la distribución minorista.
Las expectativas no parecen tener las mínimas certidumbres como para frenar los precios, mucho menos cuando se reiteran operaciones sobre la salida del gobierno, la “bomba de la deuda en pesos”, la carencia de dólares y corridas cambiarias promovidas desde la oposición, los especuladores y medios dominantes.
Hoy los controles de precios se han vuelto ineficaces, los dólares acumulados por la balanza comercial -2020 a 2022- se fugaron en gran medida en el pago de deudas privadas acumuladas en el gobierno anterior, entonces unos ganan mucho y las mayorías pierden participación en la distribución del ingreso y la riqueza nacional.
Descartada la solución “estatista” por su probada ineficacia e ineficiencia, las soluciones posibles a la puja distributiva son dos, y ambas buscan desconcentrar los mercados concentrados, una desde arriba y la otra desde abajo: la tradicional intervención del Estado en los mercados, utilizando las herramientas de la Ley de Defensa de la Competencia, evitando más concentración y castigando el abuso de posición dominante. La segunda es reconstruir la “soberanía del consumidor”, vía el desarrollo de cadenas de abastecimiento en redes de Entidades de la Economía Social y Solidaria (EESS) –cooperativas y mutuales- de usuarios y consumidores, unidas a pequeñas y medianas empresas, productores locales, regionales y comunitarios, que pueden competir a precios menores, capitalizando socialmente sus resultados. Eso ya está ocurriendo en el interior del interior donde estas EESS han logrado y mantenido la confianza de sus poblaciones ante la ausencia del Estado y el abuso de las grandes empresas concentradas, pero que es mucho más difícil en las grandes ciudades.
En las ciudades, los pequeños comercios también están desarrollando estructuras flexibles de abastecimiento –compra conjunta, distribución descentralizada y logística de menor costo- que les permitirán sostenerse y capitalizarse.
Las próximas elecciones son una ocasión propicia para que los candidatos se deban expedir sobre el control de la inflación y el impulso a estas dos soluciones posibles a la puja distributiva, sabiendo que nadie está exento de culpas y todos han fracasado en contener los precios, la concentración del ingreso y la riqueza. Como consecuencia de ello, tampoco han retenido el poder que tanto buscan.
