Los que lo conocen a Martín Llaryora le reconocen la audacia política como una virtud que lo llevó de San Francisco a la gobernación mientras desafiaba los liderazgos hegemónicos de José Manuel De la Sota y Juan Schiaretti. Supo hacerlo alimentado por el combustible de la ambición de poder y la determinación de saber cómo encaminar la gestión aunque el contexto no lo favorezca. Lo recuerdan quienes lo acompañaron en la intendencia de su ciudad en la que asumió con el municipio en bancarrota luego de las gestiones de Hugo Madonna. No le tembló el pulso para despedir empleados y hacer el ajuste.
Con el mismo ADN parece enfrentar el crónico problema de la Caja de Jubilaciones apostando a todo o nada en un conflicto abierto con los gremios y con variantes de resolución que implican cambios radicales en un sistema que jaquea las cuentas provinciales desde hace varias décadas pero que se vuelve insostenible a la luz de las políticas libertarias.
El gobernador reflexionó, en menos de un mes, que Milei no le mandaría plata para sanear el déficit de la Caja y que la Corte Suprema -siempre atenta a los vientos de la política- no desafiará a un presidente empoderado por el voto en la elección de medio término. La inclusión del artículo 63 que habilita al gobernador a ampliar los aportes de los estatales hasta el 26 por ciento de sus haberes no incluía la posibilidad de jugar cartas más arriesgadas.
Ante la oposición de los gremios estatales se decidió elevar la apuesta y la oferta de devolver la administración a los trabajadores sonó a trampa para los sindicatos. También la amenaza de transferir la entidad a la Anses ya que nunca la aceptaría el gobierno nacional empeñado en recortar gastos y no incrementarlos. La presión con una consulta popular que la gente indique si está dispuesta a financiar el déficit con sus impuestos suena desafiante porque plantearía una pregunta que de antemano la mayoría de los ciudadanos respondería en un sentido pero, al mismo tiempo, abriría una puerta que puede hacer entrar otras cuestiones delicadas de gobernabilidad. Los mecanismos de democracia directa son tentadores pero de deriva impredecible en un sistema político frágil.
Los gremios no desconocen los múltiples problemas que enfrenta la política para explicar la situación actual de la Caja. El subsistema bancario, al que le imputan el déficit más pronunciado, está desbalanceado desde que De la Sota jubiló anticipadamente a cientos de empleados bancarios de la Provincia y tambíen desde que se incrementó el número de contratados precariamente en Bancor que no aportan para sostener a los pasivos.
También hubo armonizaciones con la Nación que transfirió jubilados pero no los recursos para atender los compromisos de forma genuina. O la inclusión de los policías y penitenciarios con un régimen especial que les permite jubilarse a los 50 años. La clase política no puede desentenderse de sus responsabilidades, sugieren los gremios como una respuesta más en una batalla que imaginarán larga.
No todo puede entrar en diciembre
La firme decisión de Llaryora de encontrar una solución a la Caja y su déficit choca con un escenario de conflicto extenso y de márgenes estrechos. A menos de dos años de la elección que pondrá en juego la gobernación sabe que no puede quedar embretado entre un descubierto permanente que jaquea su gestión y una disputa con los estatales que puede durar en el tiempo. Le urge encontrar una salida y los plazos se acortan porque en diciembre no es posible resolver todos los temas urticantes. Alguna vez la fórmula de hacer pasar los asuntos incómodos en el último mes del año podía fallar.
Lo comprobó el presidente del bloque oficialista Facundo Torres Lima que comenzó a ver cómo detonó otro tema polémico como la Procuración Penitenciaria que crea una nueva estructura, cargos vitalicios y un presupuesto específico para gastos y empleados. La ley se maquilló con algunos cambios pero se cobró un costo que volverá a pagarse cuando se envíen los pliegos con los nombres que propondrá el Ejecutivo para cubrir los cargos. “Si son ciertas algunas versiones que circulan como candidatos no sé cómo haremos para justificarlos” dijo en off un legislador de la bancada oficialista.
Se aprobó la creación de la Procuración Penitenciaria tras un tenso cruce con la oposición
Otra de las votaciones claves de diciembre incluyen el pliego de Carlos Lezcano como Fiscal General de la Provincia y a pocos les pasó desapercibido el apoyo que anticipó el bloque del Frente Cívico. Es conocido el encono de Luis Juez contra quién fue su socio en el estudio jurídico que compartieron dos décadas atrás. “¿Para qué distraer al rival cuando se está equivocando? Vamos a dejar que sigan pagando costos por la Caja y la Procuración mientras dejamos pasar el pliego de Lezcano para el que ya tienen los votos” describe un legislador juecista en un ejemplo gráfico de real politik.
