El gobierno ha comenzado su etapa conflictiva a partir de objetar la compra de Telefónica de Argentina por parte de Telecom –del grupo Clarín- y mediante un Decreto modificó artículos de las leyes vigentes, “con el objetivo de simplificar el proceso para que cooperativas, asociaciones civiles y otras entidades sin fines de lucro accedan al registro de servicios de radiodifusión por suscripción y tecnologías de la información y la comunicación (TIC)” lo que les permitiría competir.
Visto desde estas entidades, la novela tiene muchos más avatares que los que se conocen hoy por los medios comerciales.
Durante la dictadura la sanción de la Ley de Radiodifusión estableció un modelo de medios estatales y “comerciales”. En este último caso, una interpretación jurídica antojadiza no consideraba “comerciales” a las cooperativas, por lo que impidió que establezcan sistemas de cable, lo que se prolongó por décadas.
Aunque éstas lograban desarrollar el servicio a través de empresas privadas constituidas por algunos dirigentes, especialmente en pequeñas poblaciones que no podían siguiera ver canales de aire.
El gobierno de Alfonsín comenzó favorecido por “el gran diario argentino”, que se había apropiado de Papel Prensa durante la dictadura monopolizando su provisión, con lo que controlaba a medios que no eran de su propiedad proveyéndoles más o menos cantidad a más o menos precio. Así se apropió de los más importantes.
La resistencia de Alfonsín a privatizar los canales de aire produjo una ruptura, que derivó en una confrontación que finalizó con Clarín impulsando su salida anticipada.
Menem como todos, comenzó privatizando los canales de aire y le entregó a Clarín Canal 13, algo que al final de su segundo mandato consideró “su peor error”.
Durante los 90, Clarín basado en los contenidos que producía, fue comprando otras empresas de contenido emitidos por cables, a la vez que compraba pequeños y grandes sistemas de cable –se suponía que por allí llegaría internet y telefonía- asumiendo una gran deuda dolarizada, lo que continuó con el gobierno de la “Alianza”-UCR, Frepaso-.
En 2000, De la Rua dictó el decreto de desregulación de las telecomunicaciones, terminando con la exclusividad de Telecom y Telefónica en telefonía básica, pública, rural, etc., lo que permitió a Clarín comenzar a pensar en esos servicios.
Al colapsar la convertibilidad, con Duhalde logró la sanción de “la ley Clarín” denominada legalmente ‘de Protección de bienes culturales’, que impedía que en procesos de quiebra de esas empresas y especialmente las de radiodifusión, TV y servicios complementarios pudieran ser compradas por acreedores extranjeros, por lo que les pagó sus acreencias dolarizadas, cuanto quiso y cuando quiso, aunque eso dificultó sus posibilidades de capitalización.
En cuanto a las cooperativas de usuarios y mutuales los gobiernos de Menem, De la Rúa, Duhalde y el inicio de los Kirchner, el Estado apelaba todos los fallos favorables que lograban las cooperativas por la inconstitucionalidad del Artículo 45 de la ley de radiodifusión que les impedía acceder a licencias de TV Cable.
Un hecho muy llamativo, fue cuando Germán Kammerath –subsecretario de Comunicaciones de Menem- dictó un decreto por el que se habilitaba a las Cooperativas de Usuarios a prestar el servicio de TV Cable, revertido pocos días después ante la reacción de Clarín y sus socios privados (a la mayoría de los cuales había comprado sus sistemas y por lo cual controlaba la ATVC –Asociación Argentina de TV por Cable).
Otro hecho llamativo que no trascendió ocurrió cuando tras los sucesivos traspiés en la Corte Suprema, de las apelaciones de los sucesivos Poderes Ejecutivos Nacionales por la inconstitucionalidad del artículo 45 de la ley 22285 presentados por las Cooperativas de usuarios que querían prestar servicios de TV Cable, en 2005 el Senado controlado por Cristina Kirchner, sancionó un proyecto de ley que permitía a las cooperativas “que prestaran el servicio sin competencia privada” pudieran obtener la licencia.
En el proceso de sanción en Diputados, las cooperativas lograron que se modificara y ampliara a “todas las cooperativas prestadoras de servicios públicos”. Ante eso, el Senado como cámara de origen modificó la ley, lo que es inconstitucional por el artículo 91 de la Constitución Nacional, y así la convirtió en atacable e inefectiva, favoreciendo nuevamente a Clarín y sus socios.
En 2007, previo al triunfo y asunción de CFK, Néstor Kirchner prorrogó años antes de su vencimiento, las licencias de TV de aire y un día antes de su salida aprobó a Clarín, la fusión de Cablevisión y Multicanal que consolidó el mayor monopolio del sector en importantes ciudades del país, incluida Córdoba-Capital.
Eso no fue óbice para que meses después (2008) Clarín encabezara la oposición a la resolución 125 que se convirtió en la bandera del “campo” contra el kirchnerismo que continúa hoy.
En 2009, durante la sanción de la ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, la intervención de senador Guillermo Jenefes (FPV-Jujuy), propietario de canales de TV cable, contra quien las cooperativas locales habían litigado para obtener el derecho de prestar el servicio, desvirtuó gran parte de ese derecho ya que debían “hacer un trámite previo en Defensa de la Competencia para comprobar que “no eran monopólicas”, como si fuera posible que una entidad abierta solo formada por usuarios pudiera ser monopólica de ellos mismos.
Eso es lo que acaba de modificar el gobierno de Milei en su disputa con Clarín por la compra de Telefónica, luego de haber absorbido Telecom en 2017 durante la gestión de Macri y Aguad que derogaron gran parte de la ley SCA 26522, en especial lo referido a las que regulaban la concentración de medios, lo que no fue suficiente para sostener su reelección ni la sobrevivencia del PRO.
Durante el gobierno de CFK a pesar que la ley fue declarada “constitucional” por la Corte Suprema, diversos fallos judiciales de primera instancia frenaron su aplicación y el propio gobierno de CFK a través de la AFSCA con Martín Sabattella como presidente –que reemplazó al COMFER, hoy ENACOM- no hizo nada para que cooperativas de usuarios pudieran prestar servicios de TV Cable, ni asignó frecuencias a las Organizaciones Sociales –salvo las religiosas-como disponía la ley que habían impulsado.
Durante el gobierno de Alberto Fernández que cambió el “Clarín miente” de Kirchner por “Magnetto no me deja mentir”, el final fue caracterizado por la confrontación por declarar internet como servicio público regulado, lo que fue frenado nuevamente por el poder judicial afín al Grupo Clarín.
O sea, todos los gobiernos incluida la dictadura, fueron bienvenidos por Clarín que así obtuvo beneficios, para luego enfrentársele o apostar por el siguiente gobierno, al que luego se enfrenta nuevamente, independientemente de quienes sean y así sucesivamente.
En cuanto a las Cooperativas que prestan hoy el servicio de telefonía, internet y TV cable su costo hoy es el 50% de los que se pagan por el mismo servicio en Córdoba-Capital con la única empresa que puede prestarlos a todos.
Por lo que no resulta extraño que periódicamente algunas cooperativas de usuarios o mutuales son atacadas por los medios concentrados, en la medida que son sus competidoras más temibles si se les permite hacerlo, especialmente en su distribución domiciliaria. Lo que paradójicamente hoy sería coherente con el paradigma libertario de libertad de mercado, aunque habrá que ver como el Enacom resuelve las particularidades de cada caso.
