Cuando Javier Milei visitó la Bolsa de Comercio de Córdoba por última vez el escándalo de Adorni ya había estallado y se cobraba los primeros puntos de imagen positiva. Al llegar al edificio que está frente al aeropuerto el presidente esperó quedar a la vista de los fotógrafos y se detuvo para abrazar efusivamente al Jefe de Gabinete.
El efecto Adorni arrastra la imagen del Gobierno y el rechazo al vocero ya supera el 65%
Dejó en claro que podía eyectar de su gobierno a cualquier funcionario pero que su núcleo más cercano es intocable. Adorni integra esa mesa más chica, casi personal, donde se sientan muy pocos. Al acompañarlo al Congreso subió la apuesta del apoyo incondicional. Demuestra que esos rasgos no provienen de la política tradicional y los focus group confirman que es uno de los aspectos que le permite sostener el apoyo de una masa muy considerable de adherentes aunque hayan comenzado a menguar.
Un político cordobés con experiencia en anteriores gobiernos nacionales interpreta que si Milei no puede sostener a Adorni será el preludio de que tampoco podrá sostener a su gobierno. “Es de los que prefiere fracasar pero no claudicar”, decía en una lectura que remarca el estilo de juego presidencial: a todo o nada.
En medio de una creciente debilidad por la crudeza de los resultados de la economía real y los presuntos casos de corrupción como Libra, Adorni, Andis y otros, el presidente decidió ir por la eliminación de las PASO para lo cual aún no tiene los votos suficientes. Los gobernadores que saben aprovechar sus oportunidades ya le están devolviendo al Ministro del Interior sus respuestas: hay manos para votar en el Congreso si hay fondos para auxiliar las cajas cada vez más exhaustas de las provincias. En ese contexto, Martín Llaryora saca a relucir su plasticidad política para un acompañamiento condicionado de la iniciativa. Si lo escuchan en la Casa Rosada, tendrá una larga lista de pedidos para hacer. Es que en dos años no le atendieron ni uno de los reclamos.
Fiel a su estilo, el cordobesista no tiene reparos en negociar todo, incluso los términos de la jugada electoral del año próximo donde el Panal vería con buenos ojos una candidatura libertaria que no lo raspe o, al menos, que no reúna a toda la oposición en su contra. Claro que es una mirada demasiado optimista sobre lo que pueden lograr acuerdos políticos de esa naturaleza ya que se sabe que esa clase de pactos se cobran de contado.
Un jury con mensajes
Esta semana será decisiva en la Legislatura para definir la suerte de los fiscales de Río Cuarto que intervinieron en la causa por el crimen de Nora Dalmasso. Desde mañana, la Fiscal Adjunta Bettina Croppi expondrá los pedidos de la parte acusadora, luego se escuchará a los defensores y defensoras de Di Santo, Miralles y Pizarro. A más tardar la semana próxima se conocerá el veredicto que, más allá de lo estrictamente jurídico, contendrá un fuerte mensaje de tono político.
Muchas especulaciones indican que sería diferente la valoración del tribunal para con los miembros del ministerio público. Di Santo afronta un panorama comprometedor por los testimonios que se escucharon en las audiencias. Nueve años con el expediente en sus manos, evidencias que se ignoraron y dos años y siete meses sin actividad procesal lo dejan al borde de la destitución. Miralles debe responder por una imputación a Marcelo Macarrón con aristas casi disparatadas aunque lo beneficia el escaso tiempo que tuvo al frente de la causa. Por su lado, Pizarro puede argumentar en su defensa que fue el único que hizo una elevación a juicio a pesar de que en las audiencias se desistió de pedir pena al viudo por falta de pruebas. El fiscal sostiene que su trabajo fue revisado en múltiples instancias de control y que eso es una garantía de su labor.
Más allá de los aspectos técnicos del veredicto surgirán varios mensajes. A la sociedad, que reclama que uno de los casos más resonantes muestre a los responsables, ya que los otros presuntos culpables no serán alcanzados por la prescripción de los hechos. Hacia el interior del sistema judicial que debe comprender que la función jurisdiccional exige profesionalismo y dedicación; y que las garantías que tienen los fiscales para investigar deben traducirse en pesquisas acertadas y razonables.
Desde la política también se hacen lecturas muy variadas pero una resalta por sobre las demás: este es un final de ciclo para un modo de afrontar las causas que tocan al poder y sacuden sus cimientos. Hubo varias en los 27 años de peronismo en el poder donde reinaron las suspicacias como la del Neonatal, el caso Blas Correas o el de Oscar González. Muchos otros incluyen en el mismo contexto las denuncias contra los fiscales de Villa María René Bosio y Juliana Companys a quienes les cuestionan su accionar en el marco de causas resonantes.
De alguna manera, el poder político intenta trazar una línea que el otro poder podrá leer con claridad: esta gestión no arrastra compromisos de la anterior. También es una confirmación de que el llaryorismo no tiene los modales de los anteriores gobernadores en su relación con los magistrados. Cuando se conozca el fallo se sabrá qué tan profunda es la señal.
