El próximo año se cumplirán 50 años de la instauración de la más sangrienta dictadura cívico-militar en nuestro país. Y si bien el siglo pasado estuvo signado por recurrentes golpes militares, ninguna dictadura supero en violencia, sistematicidad y atraso a la de 1976, encabezada por Videla, Massera y Agosti.
Una breve síntesis de aquella época, nos deja en claro que en 1930 Hipólito Yrigoyen fue desalojado del Poder Ejecutivo por José Félix Uriburu en el que fue el primer golpe militar de la República Argentina. Ese descalabro institucional encontró, de modo lastimoso, el aval de la Corte Suprema de Justicia que inauguró su doctrina del “poder de facto”.
Posteriormente, ya restaurada la democracia y cuando terminaba la llamada “década infame”, el golpe de 1943 instauró otro gobierno de facto: el de la tríada Rawson-Ramírez-Farrell, aunque con otras características. Luego Juan Domingo Perón, Arturo Frondizi y Arturo Humberto Illia vieron violentados sus gobiernos democráticos por respectivos golpes cívico-militares.
Todas estas interrupciones del estado democrático tuvieron como denominador común el hecho de que el poder real (esto es, los dueños de la riqueza económica) padecía a los gobiernos democráticos. Y todas esas dictaduras tuvieron su cuota de violencia, de víctimas, de apoyos y oposiciones pero, y aquí quiero llegar sin ánimo de revisar toda la historia del Siglo XX de este país: ninguna dictadura tuvo tan claros objetivos como la del “Proceso de Reorganización Nacional”.
El régimen cívico-eclesiástico-militar de Videla se posicionó en plena Guerra Fría del lado de los Estados Unidos. El discurso oficial llamó “subversivos” a quienes estaban del “otro lado” de lo que ellos consideraban el de la “civilización occidental y cristiana”. La dictadura venía a “pacificar” un país convulsionado por la “guerrilla” que alteraba la paz de los argentinos. En lo económico, la televisión y el resto de los medios de comunicación difundieron las bases fundantes: “achicar el Estado para agrandar la Nación”, y “bajar los costos laborales” que no dejaban “competir” con las empresas extranjeras.
La dictadura terminó anticipadamente después de la desventura bélica de Leopoldo Galtieri en Malvinas, último y fallido intento de los militares golpistas de emular a los libertadores originarios recuperando las islas para el país; y el mayor fracaso estratégico y político de aquella gestión sanguinaria.
En el alegato que presentamos con la doctora María Elba Martínez como querellante en la causa UP1 en Córdoba, en la que se juzgó a Jorge Rafael Videla y Luciano Benjamín Menéndez, analizamos como se desmanteló sistemáticamente el discurso fundante de la represión:
“Con el pretexto de llevar adelante una guerra contra un enemigo al que Menéndez solía calificar como “la subversión marxista”, se desató la represión masiva en el país.
En una audiencia, Pedro Mones Ruiz, otro de los represores, manifestó que en 1974 existían 2.100 combatientes armados del ERP. Ya para fines del ´75, la guerrilla estaba en franca extinción, pero constituía, para los grupos de poder, el pretexto ideal para abalanzarse sobre un gobierno tambaleante como el de Isabel Martínez de Perón, acusándolo de ineficiente para llevar adelante este “combate”.
Entonces, ¿cuál era, en 1976, el supuesto peligro para la Nación, que contaba con un ejército de 150.000 hombres, más las fuerzas policiales provinciales, para combatir a una supuesta “subversión armada” que no superaban los 1.500 integrantes diseminados por todo el país? ¿No era que, como declararon las Fuerzas Armadas en 1975, la subversión estaba virtualmente aniquilada luego de las acciones en Monte Chingolo y “el operativo independencia” de Tucumán?
El golpe cívico-militar puso en marcha un plan económico que buscaba reinsertar a la Argentina como país exportador de materia prima debilitando a la industria, mientras se incrementaba exponencialmente el número de bancos y financieras, que harían grandes negocios especulativos con la “tablita” y las suculentas tasas de interés que se pagaban; a la par de una inflación galopante que devoraba los salarios de los trabajadores.
Obviamente, una de las primeras medidas adoptadas por la dictadura fue la rebaja de las retenciones a las exportaciones de granos.
Entre 1978 y 1979 se autorizó la apertura de 1.197 sucursales financieras, mientras que el PBI per cápita se encontraba estancado. El endeudamiento sistemático de las empresas del Estado fue una constante para ingresar dólares frescos que luego desaparecerían.La deuda externa creció de 6.500 millones de dólares en 1976 a 45.000 millones en 1983, lo que condicionaría el futuro del país en lo sucesivo y bien entrados los años de democracia, hasta terminar en la crisis política y económica de 2001.
La participación de los trabajadores en el PBI cayó del 45% al 26%. Al concluir el “Proceso” en 1983, el PBI era inferior al de 1974.
La industria manufacturera había decrecido el 12% y la construcción el 28%. La inflación nunca descendió del 100% anual; y en 1983 llegó al 350%. El desempleo era del 10%. Los sectores de altos ingresos aumentaron su participación en el ingreso total del 28 al 35%.
La Unión Soviética se convirtió en el principal cliente argentino, llevándose en 1981 un tercio de las exportaciones.
Estos indicadores económicos jamás hubiesen podido consolidarse en otro sistema político que no fuera el terrorismo de Estado. Los sectores de poder económico, liderados por la Asociación de Bancos, la Bolsa de Comercio, la Cámara de Comercio y la Sociedad Rural fueron coautores del plan económico implementado al amparo del genocidio.
También los medios de comunicación -diarios, revistas, radio y televisión- colaboraron de modo entusiasta con la política de terror instaurada. Se instaló el “algo habrán hecho”para justificar el accionar de la represión. En Córdoba los diarios se limitaban a publicar los escuetos comunicados del Comando del Tercer Cuerpo ante cada fusilamiento disfrazado de intento de fuga, sin cuestionamiento alguno.
La conducción golpista militar designó como ministro de economía a José Alfredo Martínez de Hoz, heredero de la enorme fortuna familiar. Nada menos quienes fueron beneficiados por el reparto de 1.200.000 hectáreas después de la “campaña del desierto”, y alcanzaron un total de 2.500.000 hectáreas de su propiedad. Una de sus primeras medidas fue la eliminación del impuesto a la herencia, que lo beneficiaba directamente, ya que recientemente había fallecido su padre. Este era el grado de arbitrariedad e impunidad con que se manejaban los beneficiarios del nuevo modelo.
Los artífices de la “fabricación” de la deuda externa fueron, entre otros, Guillermo Walter Klein, Adolfo Diz, Alejandro Reynal, Francisco Soldati y Domingo Cavallo, por nombrar a algunos de los civiles que integraban la sociedad estatal para el esquilmamiento y el saqueo de la nación, al que bautizaron “Proceso de Reorganización Nacional”.
Decía Videla en 1977: “Por el sólo hecho de pensar distinto dentro de nuestro estilo de vida nadie es privado de su libertad, pero consideramos que es un delito grave atentar contra el estilo de vida occidental y cristiano queriéndolo cambiar por otro que nos es ajeno, y en este tipo de lucha no solamente es considerado como agresor el que agrede a través de la bomba, del disparo o del secuestro; sino también el que en el plano de las ideas quiere cambiar nuestro sistema de vida a través de ideas que son justamente subversivas; es decir subvierten valores, cambian, trastocan valores (…) El terrorista no sólo es considerado tal por matar con un arma o colocar una bomba, sino también por activar a través de ideas contrarias a nuestra civilización occidental y cristiana a otras personas”.”
Estas conclusiones, obtenidas luego de decenas de audiencias donde los testigos sobrevivientes de la masacre señalaron a sus captores y torturadores con una hidalguía y una dignidad que calaba los huesos de todos quienes presenciamos aquellas jornadas de justicia, fueron vertidas por quien suscribe, como patrocinante de María Elba Martínez.
Su salud ya se encontraba afectada por un cáncer incipiente, y fue innecesariamente obligada a alegar durante más de ocho horas continuas por un Tribunal impasible ante el pedido de trasladar el resto de la exposición para el día siguiente. Solicitud recién atendida pasadas las 22 horas de aquel día, cuando ya no quedaba hilo de voz en la garganta de la valiente María Elba.
Vemos entonces que los argumentos de los represores y sus apoyos civiles fueron metódicamente desvirtuados, y los hechos ciertos fueron expuestos con claridad. Más aún, quedó en evidencia como desde el D2 de informaciones se llevaron a cabo atentados que luego serían atribuidos a “los grupos subversivos”, como la voladura de Cinerama, o los asesinatos de los policías Robles y Giménez, donde los imitadores de la Gestapo y S.S. alemanas inundaban de panfletos atribuidos al ERP o Montoneros para distraer a la población.
Los treinta mil desaparecidos -si, 30.000-surgen de los informes desclasificados del departamento de Estado norteamericano, que por documentos brindados por la dictadura, se reconocían oficialmente veintidós mil, entre 1975 y 1978. La dictadura se extendió hasta 1983. No es tan difícil sacar cuentas.
Entonces, si aún con todas las pruebas de la historia hay quienes quieran convencerse de otra cosa, que lo hagan. Pero la Justicia argentina ya se ha expedido en esta materia en todas las instancias.
Los archivos escritos y filmados están a disposición de quien lo solicite. Todos tienen la posibilidad de adentrarse así en los juicios y, sobre todo, en las exposiciones de los victimarios y los testimonios de los sobrevivientes del horror que vivió nuestro país.
Todo está allí. Miles de personas padecieron y hay quienes sobrevivieron para relatarlo. Quien quiera oír que oiga.
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