“Si una sociedad libre no puede ayudar a sus muchos pobres, tampoco podrá salvar a sus pocos ricos”. Estas palabras del presidente estadounidense John Fitzgerald Kennedy son del todo aplicables a la realidad argentina actual, conforme al último informe de la Universidad Católica Argentina sobre pobreza e indigencia.
Por su parte, el reciente fallo -apelable- que condenó a la vicepresidente Cristina Fernández de Kirchner, y otros, podría llegar a explicar hasta qué punto los delitos de corrupción se suman y traducen en hambre, pobreza, indefensión e indigencia -inapelables- en todas sus manifestaciones o tipificación de reproducción intergeneracional.
Concretamente me refiero (sólo en esta causa abierta por corrupción y enriquecimiento ilícito de funcionarios públicos) al embargo explicativo y justificativo que también se ordenó en el mismo veredicto, consistente en una cautelar de más de 84.000 millones de pesos (actualizados) sobre los bienes y patrimonio de los condenados en la causa por la concesión de obras públicas en Santa Cruz; denominada Causa Vialidad.
En efecto, conforme dicho informe del Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina (ODSA), el 43,1% de los argentinos son pobres: pero sin subsidios o dadivas del Estado la pobreza llegaría al 50%.
Adicional y concomitantemente, los guarismos de la tasa de “condenados a los penares de la indigencia” se ubicó en 8,1%, afectando y desguarneciendo a 8,5 millones de personas.
Rumiando sobre una máxima de Platón, “La pobreza no viene por la disminución de las riquezas (de los empobrecidos), sino por la multiplicación de los deseos (de los ricos o enriquecidos); (Platón (427 AC-347 AC). Si delimitamos el alcance y sentido actual de la pobreza, deberíamos decir que no se trata solamente de la escasez o carencia de lo necesario para vivir. Se trata, además, de una prolongada indisposición operativa de derechos y garantías constitucionales como, vg., el acceso a la salud, a la educación, a la alimentación, al agua potable, a una vivienda digna, a los servicios públicos esenciales, trabajo decente y acceso a la justicia, etc.
Según el informe del ODSA, “entre 2010 y 2022, el 70% de la población estuvo afectado e indefensa en al menos uno de estos derechos fundamentales”. Conforme a esos datos, la pauperización argentina alcanzó su ribete más cruel cuando “gatilló” que un escalofriante 61,6% de los niños es pobre en el país.
Consecuentemente, cada pobre, cada indigente, fue mutilado en su dignidad, en su capacidad, en sus derechos, en su entusiasmo y esperanza para seguir peleándola después de tanta corrupción y décadas perdidas, mentiras de fracasos explicados, decepciones; aberrantes inmunidades, impunidad e irrecuperabilidad o prescripción de los bienes y recursos corrompidos al Estado.
Supera toda capacidad de asombro admitir que hemos perdido tanta dignidad que hasta pagamos a organizaciones extranjeras como el FMI, el PNUD o la FAO para que coadministren, incluso, nuestros propios recursos para que se robe y corrompa, menos.
Argentina ha lidiado con muchos gobiernos corruptos que usan y abusan del derecho procesal de apelar toda decisión administrativa y/o judicial adversa. Simultáneamente, nuestras pobreza e indigencia, crecientemente indefensas, con marcado escepticismo y mirando desde afuera, sueñan la utopía de ver algún día traducidos sus derechos en capacidades y libertad, sin corrupción.