El gobierno dice buscar que se usen los dólares que los argentinos tenemos guardados allí. De ese modo dice pretender aumentar la circulación de dinero –pesos y dólares- y la actividad económica, sin fin recaudatorio directo. Mientras tanto economistas, tributaristas, periodistas económicos, etc. señalan su inviabilidad y otros las consecuencias en la recaudación por el premio que se da tácitamente a quienes operen en negro en el futuro o la posibilidad de introducción de grandes cárteles de narcos, etc. que podrán blanquear sus fondos. Veamos…
Hasta ahora lo que ya se dispuesto solo son algunas pocas normas referidas a la eliminación de sistemas de información de ARCA y Bancos que dejarán de proporcionarle información de las operaciones bancarias por menos de 50 millones, compra de inmuebles o automotores usados, por lo que los tributaristas recomiendan no hacer nada hasta que se esclarezca ya que sin cambiar las leyes podrían exponerse a futuros problemas legales.
Mientras tanto siguen vigentes las normas penales tributarias internacionales que exigen reportar operaciones en dólares superiores a 5.000 y 10.000, algo que especialmente los bancos internacionales no pueden dejar de hacer para no ser señalados por ese sistema como facilitadores de operatorias de lavado.
O sea que operaciones superiores a esos montos en dólares, solo podrán hacerse en pesos, no en dólares para que no sean detectados por entidades sujetas a esa normativa. Lo que obviamente implica que quien quiera hacerlas deberá vender sus dólares y luego operar en pesos.
Si esto es así –el gobierno dice que faltan normas y por supuesto modificar las leyes tributarias-, es poco probable que alguien lo haga, mucho menos si es asesorado correctamente por su asesor tributario.
Simultáneamente ARCA dice que en adelante no pedirá información sobre consumos ni activos de las personas humanas, que es lo que ha hecho desde siempre para detectar evasión fiscal que consiste en comparar los bienes al inicio, más los ingresos declarados y menos los gastos y consumos con los bienes al final del período.
Si esto se hiciera así le sería imposible en el futuro detectar incrementos patrimoniales injustificados, se complicaría mucho la recaudación, mucho más si los escribanos ya no deben comprobar el origen de los fondos por propiedades y los concesionarios de autos no informen de las transferencias de autos usados.
Por ello, los mismos tributaristas recomendarían a los contribuyentes locales que comiencen a operar en negro y en pesos, sin tributar ya que no podrán ser perseguidos por la autoridad fiscal.
De esta descripción surgen varias preguntas iniciales. ¿Cuáles son los objetivos reales del gobierno? ¿Quiénes de los poseedores de dólares –bajo el colchón o cajas de seguridad- que estarían dispuestos a venderlos para comprar en el país bienes a precios muy caros en dólares?
Respecto de la primera pregunta hay dos respuestas posibles. La primera que el gobierno busca aumentar la oferta de pesos y dólares que escasean por su continua salida –Milei había anunciado que las reservas llegarían a fin de mayo a 50.000 millones de dólares pero están en 38.000 y la economía subiría “como pedo de buzo”-, pero no parece que ninguno de esos resultados sea posible.
La segunda respuesta es debilitar la recaudación y continuar con el ajuste permanente bajo el argumento “no hay plata” que es compatible con un gobierno que se autodenomina “topos del Estado” ya que haría imposible la prestación de servicios básicos –educación, salud, seguridad, justicia, etc.- desfinanciando a las provincias.
Allí la respuesta a la segunda pregunta ¿Quiénes venderían dólares? tiene una respuesta fácil para las personas comunes –o sea solo los venderán por necesidad-, pero no lo es tanto cuando se trata de narcotraficantes, evasores y corruptos.
Se ha acreditado en casos judiciales que bandas narco –como Los monos en Rosario- que atomizaron las operaciones vía Sociedades Anónimas Simplificadas (SAS) habilitadas por Macri, entre diversas personas, bancos y cuentas, que ahora podrían blanquear su dinero –hasta 50 millones mensuales cada uno- y luego transferirlos ya blanqueados para adquirir bienes por montos muchos mayores, en una ingeniería financiera compleja y laboriosa, pero conocida.
De allí, la compra de inmuebles -como casi siempre por valores menores a los reales- las bandas podrían generar un nuevo blanqueo de fondos utilizándolos en algunos emprendimientos que se suelen señalar como forma de lavado y se refieren a mercados gastronómicos, de entretenimiento, turísticos, etc. como ocurre en muchos de los paraísos fiscales –Caimán, Vírgenes, Seychelles, etc.- en donde gobiernan a su antojo.
La apertura de cuentas en dólares –que evita los riesgosos y costosos traslados de efectivo- podrían facilitar mucho más esas operaciones de blanqueo de delincuentes por debajo del límite en pesos que no será informado, pero también de comerciantes comunes que sabrían que no pueden ser controlados por ARCA en sus consumos y enriquecimiento y por lo tanto carecerían de los mínimos incentivos para tributar.
O sea, por ahora no existen grandes expectativas de éxito para aumentar la actividad económica como afirma el gobierno o los depósitos en dólares como afirma la oposición, y solo se pueden augurar problemas de recaudación y un llamado a que fondos delictivos de todo el mundo aprovechen esta oportunidad de la Argentina para establecerse, lavar sus fondos ilícitos y luego exportarlos a todo el mundo, con una procedencia lícita.
En medio de una situación en la que las bandas narco locales dominan vastos territorios –como lo señaló el Arzobispo García Cuerva en el Tedeum- con un Estado poco o nada presente que induce a personas y familias a comprometerse en actividades ilícitas bajo el silencio cómplice de algunos policías, la justicia y algunos políticos que se financian con ese dinero ilícito, la situación social y de seguridad puede empeorar mucho más que ahora.
Al menos eso es lo que ha ocurrido en otros países de Latinoamérica –Ecuador, Nicaragua, El Salvador, Panamá, México, Colombia, etc.- que se dolarizaron de hecho o derecho y relajaron o no contaban con controles a la ruta del dinero delictivo.
