Sospechas de manos negras
Al mediodía del miércoles, varias horas antes del partido, la zona del Patio Olmos parecía bajo control policial y toque de queda: comercios notificados, vallas por todas partes, camiones de la policía y del ministerio de Seguridad y patrulleros en todas las calles adyacentes. Un ex policía, con experiencia en el trato con políticos, se cruzó con un periodista conocido y dejó flotando varios interrogantes durante una charla.
«Si tenés que montar un operativo con 450 efectivos y el camión hidrante entonces el problema no son los robos de celulares y las bandas pirañas. Eso se resuelve con brigadas civiles mezcladas con la gente. Yo creo que tienen información de otro tipo, de operativos de desorden armados por alguien con intencionalidad política», dijo frente a la magnitud del dispositivo y abona el rumor que circula de desmanes preparados.
«Cuando un ministro de Seguridad tiene aspiraciones políticas explícitas la planificación técnica se desvanece porque es fácilmente contaminable», agregó.
Desde ámbitos políticos nadie cree en esas versiones y adjudican la escalada a la descomposición social reinante.
Relaciones frías
Hasta ahora nadie puede situar el momento exacto de la ruptura, pero la relación del gobernador y el intendente de Córdoba pasa por su peor momento. Conscientes de la dependencia política, técnica y económica con el Panal, los funcionarios passerinistas se ocupan por mantener las formas públicas, pero admiten en privado las dificultades.
En los últimos días se vio a Llaryora recorriendo la capital en barrios donde se ejecutan obras con asistencia de la Provincia y, aunque fue acompañado por Passerini, el distanciamiento no se puede disimular.
«Daniel siempre supo de la municipalidad comprometida financieramente que recibió, pero nunca fue asistida para afrontar una deuda que tomó Mestre pero que Llaryora ‘rolleó’ para la gestión siguiente», repiten funcionarios con oficinas en el Palacio 6 de Julio.
Con la campaña por la reelección en gateras los observadores externos se preguntan cuánto margen tienen ambos para seguir friccionando: uno para sostener su gestión y el otro para preservar los votos de la capital que inclinaron en forma determinante el comicio en el 2023.
Una bomba de tiempo
El desmantelamiento de la feria ilegal de barrio Los Olmos supone un punto a favor del intendente, pero revela la descomposición del tejido económico y social que hay detrás de la informalidad: casi 450 familias vendían de todo en los tablones que les alquilaban los supuestos «dueños» a 20.000 pesos por puesto: «Algunos tenían precios más bajos por permanencia o por el rubro», dicen los que lo conocen y agregan que los que se fueron desalojados irán a otros lugares.
Mientras tanto, siguen las gestiones judiciales para desarmar la feria más grande de la ciudad, que se monta en la avenida Bulnes, sobre las vías del tren. En algunos días llega a extenderse desde el Superdeportivo hasta cerca de la Circunvalación.
Como los terrenos son del Ferrocarril, la competencia es de la Justicia Federal y la denuncia es tramitada por el fiscal Carlos Gonella, que suele esforzarse por salidas negociadas para estos conflictos.
Sin embargo, un funcionario que conoce los pormenores del tema graficaba la magnitud del problema: «Los cientos de tablones se guardan en galpones sin habilitación y nadie se imagina la carga combustible que representan y el peligro que entraña. Hay que actuar rápido» dijo, algo inquieto un secretario del Gabinete.
